Estiran la investigación en la mega estafa con planes sociales
El jefe de los fiscales neuquinos, Pablo Vignaroli, solicitó a la jueza de garantías Estefanía Sauli que disponga una prórroga en la investigación por el mega fraude al Estado, perpetrados por ex funcionarios (supuestamente devenidos en malandras) que realizaban manejos delictivos en la distribución de planes sociales,
La prórroga requerida es de dos meses, en virtud de que, según se anticipó durante la audiencia realizada el jueves, en ese plazo se avanzará con el pedido para el requerimiento de apertura a juicio.
Por esa causa se encuentra detenido, con prisión preventiva, el ex director de Planes Sociales del gobierno de Omar Gutiérrez y dueño del restobar céntrico Faraón, Ricardo Soiza. Otros dos presuntos delincuentes que también fueron sindicados como cabecillas de la banda son Marcos Osuna (ex responsable de Gestión de Programas) y Pablo Sanz (ex director de Fiscalización). Son sujetos despreciados por muchos de sus ex compañeros de oficina quienes, por lo bajo, los acusaron de no trabajar y de contar dinero supuestamente mal habido delante de ellos. Los fiscales ya confirmaron que el dinero jamás llegó a las familias carenciadas, sino que se predió misteriosamente en el camino.
Vignaroli intervino en la audiencia junto al fiscal del caso Juan Narvaez y la asistente letrada Tanya Cid, ambos de la fiscalía de Delitos Económicos. Respecto de la prórroga, Cid precisó que, con la extensión solicitada, la investigación que comprendió a más de 30 personas habrá demandado 1 año y diez meses desde su inicio. Argumentó que, desde la última prórroga, el 28 de noviembre de 2023, se recibió toda la información bancaria (los últimos informes fueron recepcionados el 2 de julio) y el resto de los informes se ubica en la etapa final: las pericias caligráficas están en un 95%; la apertura de dispositivos electrónicos, en un 95%; y las pericias contables, en un 90%.
Luego de analizar y desestimar otros pedidos de las defensas, la jueza de garantías hizo lugar a la prórroga que solicitó la fiscalía y la ordenó por 2 meses.