Estafa con planes: embargaron 26 vehículos

Estafa con planes: embargaron 26 vehículos
Ricardo Soiza
Ricardo Soiza

Durante una audiencia que se realizó este martes, la jueza Carina Alvarez prorrogó por ocho meses todos los embargos de bienes y las inhibiciones a los ex funcionarios del ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén, imputados en la causa que investiga el fraude multimillonario perpetrado con planes sociales que debían llegar a familias en estado de vulnerabilidad y que terminaron en otras manos

Según se indicó, dictó el embargo de los inmuebles, automotores, cuentas bancarias y billeteras virtuales que fueron solicitados por la fiscalía y que se encuentren a nombre de los imputados, con excepción de las cuentas de haberes o cuentas sueldo. Todo esto por el término de 8 meses y hasta un máximo de 153.377.900 pesos, con el fin de asegurar el decomiso, el reintegro del dinero y la reparación de los daños causados por el delito cometido. La estafa es a la Provincia.

Se señaló, además, que al aumentar el plazo investigado se sumarán más hechos por los que estas personas son acusadas, aunque la calificación legal sigue siendo la misma: asociación ilícita en concurso real con defraudación por la utilización de tarjeta bancaria de otro titular y defraudación al erario público provincial.

Los fiscales entienden que hubo distintos niveles de responsabilidad, y ubican en el rol de jefes de la banda delictiva a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización; y a Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas. Soiza y Osuna están a la sombra; mientras que el otro reo, Sanz, fue beneficiado con la domiciliaria.

Desde el Ministerio Público Fiscal se explicó que la jueza dictó 30 inhibiciones generales de bienes y 6 sobre propiedades inmuebles: una chacra y 5 casas. También dictó los embargos de 26 vehículos, 63 cuentas bancarias, 17 billeteras virtuales y una cuenta comitente; en todos los casos pertenecientes a los y las personas imputadas.

Cabe recordar que recientemente, la fiscalía amplió la acusación inicial y sumó en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.

Además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otros 26 imputados e imputadas -entre particulares; empleados y empleadas del ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.

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