Desarrollo Social: el último que pague la luz
Mientras avanza la causa por el fraude multimillonario con la asignación y distribución de planes sociales, el ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén fue escenario, este jueves, de un episodio bochornoso: le cortaron la luz por falta de pago.
Según se dijo al respecto, tal es la deuda que acumula con la cooperativa de luz (CALF), que coquetea con los 45 millones de pesos. Los operarios se llevaron el medidor y solo quedó en funcionamiento la mesa de entradas. El ministerio suma un escándalo tras otro. Y otro es el que se dio, en medio de los reclamos por los ascensos, con las amenazas a una funcionaria (Giovanna Buffalo) que se vio obligada a renunciar. La funcionaria presidía la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP) y su llamado al diálogo no dio resultados.
Por otro lado, este jueves, en Tribunales, hubo una nueva audiencia en la causa por las estafas con planes sociales. A poco del vencimiento del plazo de la prisión preventiva que purgan los ex funcionarios (devenidos en reos) Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna, la fiscalía le solicitó a la jueza Estefanía Saulí una prórroga de por seis meses para que sigan a la sombra mientras avanza la investigación.
Hace apenas unos pocos días, Sanz admitió su proceder delictivo e involucró a otras personas. Lo hizo con la esperanza de acceder al beneficio de la detención domiciliaria, pese a que reconoció su condición de corrupto.
Así y todo, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli pidieron que siga preso porque (según consideraron) sus dichos no aportaron nada nuevo. Desde la fiscalía se dijo que, además, en la provincia no se aplica la ley del arrepentido.
Tras escuchar a todas las partes, la jueza Saulí decidió hacer un cuarto intermedio hasta mañana, viernes. Ahí se sabrá cuál es el destino del dueño de Faraón (Soiza) y de los otros dos supuestos cabecillas de una banda delictiva a la que se considera asociación ilícita. La Justicia busca establecer en qué manos quedaron los millones que debían llegar a familias necesitadas y que no llegaron.
