Fue a exigir explicaciones y lo fracturó un policía

Sucedió en Villa Regina. Tras la golpiza que un grupo de policías le habían propinado a su nieto, en un boliche, un vecino se indignó y ese mismo día fue a exigir explicaciones. Se dice que insultó a los efectivos que custodiaban el local y se dio por acreditado que uno de ellos lo empujó. Con tanto infortunio, que el hombre cayó por las escaleras y sufrió una fractura que le dejó una incapacidad laboral irreversible.

Más indignado todavía, el hombre radicó una denuncia. Y, créase o no, la Justicia rionegrina no pudo identificar al efectivo que lo había empujado. No obstante, la demanda siguió adelante y, ahora, llegó la condena que obliga al Estado provincial a pagarle una indemnización “por la prestación defectuosa del servicio de seguridad”.

“No se requiere la individualización del sujeto ni la acreditación de su negligencia o culpabilidad”, explicó en su fallo el titular del Juzgado Contencioso Administrativo de Roca. Los testigos confirmaron que hubo un episodio de violencia en las puertas del boliche cuando el hombre, de 53 años, se presentó en forma agresiva a reclamar por la golpiza que había sufrido su nieto. Los golpes que recibió el chico derivaron en una causa penal por vejaciones, en la que fueron imputados varios de los policías que estaban esa noche en la custodiadel boliche.

En fin, una pericia médica confirmó que el vecino quedó con una “limitación funcional evidente” en la muñeca y el dedo pulgar izquierdo. En tanto que una pericia psicológica acreditó que quedó con secuelas; entre ellas, “indicadores de perturbación emocional” que han “repercutido en distintos ámbitos de su vida, incluido particularmente el laboral”.

El juez analizó que las facultades policiales “a los fines de mantener el orden y seguridad pública, presentan el límite constitucional de no dañar a otro”. En otras palabras: “El servicio de seguridad debe garantizar que las condiciones de su prestación no signifiquen el menoscabo de los derechos de las personas involucradas, debiendo respetar su integridad”.

El fallo destacó que si bien el hombre “insultó y amenazó a empleados del lugar y agentes policiales, no es menos cierto que el accionar del empleado policial -no identificado- que lo empujó por las escaleras, no resulta ser proporcional y razonable como respuesta legítima para contener la situación”. Ahora, la Provincia deberá indemnizarlo por los gastos médicos, la incapacidad física y el daño moral que acreditó el hombre; pero el fallo puede ser apelado.