Asesinato de Correa: uno solo quedó detenido
La ex pareja y el sujeto que la acompañaba fueron imputados, este lunes, por el asesinato de José Luis Correa, perpetrado durante la noche del último sábado aquí, en la ciudad de Neuquén.
En la formulación de cargos, la fiscal del caso Silvia Moreira narró que el varón y la mujer (a los que identificaron por sus iniciales, D.E.P. y Y.A.C.) se presentaron en la casa de la víctima, ubicada en el barrio Valentina, aproximadamente a las 23. Habían llegado en un automóvil blanco, supuestamente propiedad de la mujer, y tras una discusión, desde el asiento del acompañante, D.E.P. realizó al menos 4 disparos de arma de fuego. Uno de ellos impactó a Correa, quien falleció minutos más tarde producto de la lesión pulmonar y cardíaca. Luego, precisó la fiscal, los dos malandras se dieron a la fuga e ingresaron el auto a la casa de la mujer.
A eso no sólo le siguió el estupor, sino también la autopsia y los allanamientos. Se encontraron, entre otras cosas, dos armas de fuego que en las próximas horas serán objeto de pericias; no obstante una de ellas coincide en calibre con la bala recuperada del cuerpo de la víctima.
La fiscal, quien está a cargo de la investigación junto al asistente letrado Pablo Jávega, calificó el hecho como homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, en calidad de coautores. En función de eso pidió que queden detenidos con prisión preventiva, porque existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El juez de garantías a cargo de la audiencia de este lunes convalidó la acusación respecto de ambos, pero discrepó en cuanto a la medida cautelar. Resolvió fijarla por un plazo de 6 meses sólo al varón; mientras que a la imputada le impuso una presentación semanal en la sede de la fiscalía, prohibición de contacto a testigos y familiares de la víctima, como así también de acercamiento a 1.000 metros del lugar del hecho.
La fiscal remarcó que en las primeras entrevistas realizadas, testigos del hecho manifestaron sentir temor por eventuales represalias. El juez de garantías fijó el plazo de la investigación en 4 meses.
