Diputados ya analizan cambios al juicio directo

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura neuquina comenzó, este martes, el debate sobre las modificaciones propuestas al Código Procesal Penal (CPP), para poder aplicar el juicio directo y tornar más agiles los procesos de aquellos casos en que los acusados son sorprendidos en plena comisión del delito, es decir in fraganti.

Son dos proyectos que proponen eliminar la exigencia de acuerdo entre las partes para llevar al acusado a juicio. Uno de ellos fue elevado por el jefe de fiscales, José Gerez y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti y propone dejar exclusivamente en manos de la fiscalía el pedido de la ejecución del juicio a prueba para delitos de flagrancia. Este proyecto cuenta con el respaldo del gobernador Omar Gutiérrez, quien pidió el urgente tratamiento legislativo, tras los saqueos de hace algunas semanas.

El otro proyecto fue presentado por el diputado Carlos Coggiola (Democracia Cristiana) y además de eliminar la exigencia de acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa (de los acusados) en delitos de flagrancia, contempla la posibilidad de que la Defensa argumente su oposición y el juez de garantías decida sobre su pertinencia.

Al fundamentar su propuesta, Coggiola hizo hincapié en que el juicio directo no se realizó desde su incorporación en el CPP, en 2014. “Antes de nacer, ya se le dio su sepultura” aseguró al comparar su implementación con el resto de las jurisdicciones, en las que no se requiere la conformidad de la defensa.

Calificó la modificación como “una herramienta para terminar con la puerta giratoria” y ejemplificó que un detenido por este tipo de delitos es liberado a las tres horas y sometido a un proceso penal de una duración de tres años, con lo cual vuelve a cometer el delito durante el proceso.

Finalmente, Coggiola hizo mención a la principal diferencia entre su proyecto y el de la Fiscalía, la que reside en que, a su criterio, la defensa debe tener la posibilidad de oponerse “fundadamente”, siendo el juez de garantías quien decida sobre la pertinencia de tal oposición. 

A su turno, la diputada María Laura du Plessis (MPN) dijo que el tema se “viene analizando desde la gestión pasada. Lo teníamos estudiado, evaluado y pesando” y por tal motivo “estamos convencidos de que esta es una herramienta para alcanzar una justicia ágil, eficaz y sencilla”, considerando que no se aplicará a todo tipo de delitos sino exclusivamente a los de flagrancia. “La esencia es concentrar etapas” judiciales, sintetizó du Plessis, quien se inclinó por la iniciativa de Coggiola.

El tratamiento derivó en un debate en relación a la seguridad ciudadana y la garantía de los Derechos Humanos. En ese sentido, la diputada Soledad Martínez (FdT) adelantó su posición a favor de la modificación, en tanto implica suspender la audiencia intermedia en la que se discute la prueba cuando no hay duda de ello y no implica afectación del derecho a juicio. Pero advirtió sobre la necesidad de “revisar otros aspectos del Código” para alcanzar una “justicia más eficiente”.

En similar sentido se expresó César Gass (JxC), quien pidió garantizar “la homogeneidad” del Código con las reformas introducidas y no perder de vista “la integralidad” del texto.

En tanto, Soledad Salaburu (FdT) pidió incluir “el contexto” en el tratamiento de los proyectos, que devinieron de “las amenazas de saqueos” del último tiempo, según estimó. Criticó que “cada vez que hay algún hecho público o escandaloso aparece la reforma del (artículo) 222” y solicitó analizar el estado carcelario del sistema penitenciario provincial que "se encuentra superpoblado", dijo. “Tenemos que debatir la cuestión integral de la seguridad”, sintetizó la legisladora.

Por su parte, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) coincidió en la pertinencia de atender a la “implicancia política” de una modificación de procedimiento penal, mientras que Karina Montecinos (CC-ARI) señaló que “quizás este proyecto es el puntapié inicial para considerar otras resoluciones” en materia de seguridad.

El cuerpo coincidió en consultar opinión sobre los proyectos y su impacto en el CCP al Tribunal Superior de Justicia y a los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscalía. A este último, le pedirá también estadísticas sobre los juicios directos solicitados hasta el momento.