Van contra vecinalista acusada de pendenciera
Dos referentes vecinales de la ciudad de Neuquén a las que les endilgan conductas pendencieras están en problemas. Tanto es así que tras haberla acusado de amenazar y mantener cautivos a funcionarios del gobierno provincial, la fiscal Valeria Panozzo formuló, este viernes, cargos contra ellas.
Las mujeres que fueron identificados por sus iniciales (P.C. y A.A.V.) están acusadas de haber amenazado a una funcionaria del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), cuando participaban de una reunión de trabajo para tratar problemáticas del sector. Esto ocurrió el 11 de junio de 2022, cerca de las 10:30, en el sector Trébol II, del barrio industrial de la ciudad de Neuquén. La tal P.C. “oficia como referente del barrio Ruca Antú”, según se explicó desde la fiscalía.
Panozzo encuadró los hechos en el delito de amenazas simples. Del mismo modo, le formuló cargos a P.C. por lo ocurrido en otro encuentro con funcionarios del Poder Ejecutivo provincial. Fue el 8 de julio de 2022, cuando un representante del IPVU y uno de la subsecretaría de Seguridad acudieron al barrio a partir de un corte que los vecinos realizaron en un tramo de la Ruta Provincial N 7. “En un momento, al no obtener la repuesta que buscaba, P.C. comenzó a llamar a otros vecinos para que ingresaran a la reunión y amenazó al funcionario para que firmara documentación”, relató Panozzo y detalló que esa situación se extendió de las 14 a las 21, cuando se le permitió salir del lugar en el que se desarrollaba la reunión.
Por ese caso le endilgaron la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas, en carácter de coautora. Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías que dirigió ambas audiencias tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de la investigación en 4 meses.
Ayer, la misma fiscal había formulado cargos contra P.C. por haber impedido la reparación de un transformador de la cooperativa de luz CALF y, de ese modo, obstaculizar la prestación de un servicio público.
Panozzo relató que durante la mañana del 15 de junio de 2022, una cuadrilla de CALF, acudió a una esquina del barrio para reemplazar un transformador que, según se había detectado, se encontraba sobrecargado. Por esa situación, explicó que la cooperativa había suspendido el suministro y era necesario efectuar el reemplazo para reactivarlo. Fue en ese contexto que la imputada, junto a un grupo de personas no identificadas, exigió el “cese del mantenimiento”, con el argumento de que el transformador le pertenecía.
