Cazador furtivo quedó en la mira de la Justicia
Un cazador furtivo de la zona de la Confluencia quedó en la mira de la Justicia neuquina. La fiscal del caso, Julieta González, le formuló cargos por matar animales cuya captura está prohibida en la provincia y por tener una escopeta sin contar con autorización legal. La acusación fue presentada durante una audiencia en la que también se solicitó un plazo de dos meses para avanzar con la investigación.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, entre principios y mediados de diciembre de 2025, este sujeto al que identificaron por sus iniciales (J.A.R.) se dedicó a la caza de especies protegidas. El caso se inició a partir de una denuncia de personal de la dirección provincial de Fauna, acompañada por fotografías en las que se observaba al imputado junto a un choique muerto y una camioneta con distintos animales faenados, entre ellos una liebre mara, considerada una especie vulnerable.
A partir de esos elementos, el 16 de diciembre se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, ubicado en China Muerta (Plottier). Dentro de un freezer fueron encontrados dos picañas (pechugas) de ñandú petizo, dos piches -armadillo- y un huevo de choique. También se secuestraron una trucha y astas de ciervo, mientras que en el patio de la vivienda se halló un caparazón de armadillo. El sujeto es un depredador brutal.
La Fiscalía también le atribuyó un segundo hecho: la tenencia de una escopeta Ward Western Field, modelo 60, apta para el disparo, sin autorización legal y sin estar registrado como legítimo usuario. Por ambos hechos, González solicitó que sea investigado como autor de los delitos de caza de fauna silvestre cuya captura está prohibida, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional.
El juez de garantías Raúl Aufranc avaló la acusación y tuvo por formulados los cargos. Además, fijó en dos meses el plazo de la investigación preparatoria y dispuso que el imputado permanezca localizable y atento a las notificaciones judiciales. Durante ese período, la Fiscalía analizará, entre otros elementos, la información contenida en el teléfono celular secuestrado, que podría permitir precisar las fechas en las que se habría desarrollado la actividad de caza.