Bertolini volvió a quedar expuesto (por la causa judicial)
El ex intendente de Plottier, Luis Bertolini -quien renunció en medio de un escándalo por hechos de corrupción- volvió a quedar expuesto, ahora por un nuevo movimiento en la causa judicial que lo tiene contra las cuerdas ¿Qué ocurrió? Lo siguiente: el fiscal Pablo Vignaroli se opuso al reclamo de uno los empresarios imputados quien pidió que se levantara el pedido de secuestro que pesa sobre un camión vinculado a la causa por el direccionamiento de contrataciones municipales.
Vignaroli sostuvo que la medida debe mantenerse porque el vehículo fue utilizado en las maniobras que se investigan y constituye un elemento de prueba. Además, planteó que, en caso de una eventual condena, podría quedar alcanzado por el decomiso.
La fiscalía ofreció una alternativa para que el mantenimiento de la medida no impida el uso del vehículo: que el empresario lo ponga a disposición de la investigación, se realicen las medidas necesarias y luego sea designado como depositario judicial, de modo que pueda continuar utilizándolo. La jueza Álvarez rechazó el levantamiento del pedido de secuestro y contempló esta posibilidad.
La investigación se inició para determinar la existencia de un sistema de contrataciones públicas destinado a favorecer de manera sistemática a determinados proveedores durante la gestión de Bertolini.
Cabe recordar que, en abril, la fiscalía formuló cargos contra Bertolini, la ex subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez y los empresarios P.V. y M.L. La acusación sostiene que, entre enero de 2024 y marzo de 2026, los funcionarios municipales intervinieron deliberadamente en los procesos de contratación para beneficiar a los dos proveedores.
Según la investigación, durante ese período se otorgaron al menos 160 contratos por más de 2.300 millones de pesos. En las contrataciones objetadas, los mismos proveedores eran invitados sistemáticamente a cotizar y resultaban adjudicatarios.
La fiscalía detectó además falta de publicidad de los procesos, incumplimiento de los requisitos mínimos de oferentes, utilización de contrataciones directas sin acreditar situaciones de urgencia, adjudicaciones sin fundamentos y pagos sin constancias de recepción de los bienes o servicios.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. Bertolini y Ramírez fueron imputados como coautores, mientras que los empresarios P.V. y M.L. fueron acusados como partícipes necesarios.