Sacó licencia, no volvió y se lo llevó la purga
La política de auditorías permanentes y tolerancia cero que puso en marcha el gobierno de Rolando Figueroa volvió a derivar en la expulsión de un empleado estatal. En esta oportunidad, la medida alcanzó a un suboficial de la Policía de Neuquén, que no cumplió con sus obligaciones.
El ahora ex cabo primero Darío Alejandro Sáenz Peña fue echado de la fuerza luego de un proceso administrativo que determinó que no regresó a prestar servicio al finalizar una licencia excepcional sin goce de haberes y que tampoco presentó una justificación para su ausencia. La cesantía fue resuelta tras la intervención del Tribunal Disciplinario Policial y la posterior decisión del Poder Ejecutivo provincial. Fue la Jefatura de Policía la que pidió la cesantía.
Según consta en el expediente, la licencia del efectivo venció el 18 de julio de 2024. A partir de esa fecha, no volvió a sus funciones ni acreditó una causa que explicara su inasistencia, situación que motivó el inicio de actuaciones disciplinarias. Durante el procedimiento se reunieron pruebas, fue citado a declaración indagatoria y finalmente el Tribunal lo encontró administrativamente responsable de una falta prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial.
Se informó además que, una vez notificado de la sanción, Sáenz Peña no presentó recursos para impugnar la decisión, entregó el armamento y los elementos provistos por la institución y no ocupaba viviendas oficiales. En los fundamentos del decreto se sostiene que su conducta resultó incompatible con las obligaciones y el comportamiento que debe observar todo integrante de la fuerza policial.
Esta nueva cesantía se incorpora a la serie de sanciones y expulsiones que viene concretando la administración neuquina como parte de las auditorías permanentes sobre el funcionamiento del Estado. Bajo la premisa de tolerancia cero frente a los incumplimientos, el Ejecutivo provincial sostiene la depuración de ñoquis, indisciplinados e indeseables que no cumplen con los estándares exigidos para permanecer en la función pública.