Acusan a un ladrón cercano a Gloria Ruiz

El hijo de la ex candidata a senadora por el partido de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz está en serios problemas. Ahora, la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal (MPF), Nadia Pérez le formuló cargos por haber robado grandes cantidades de productos de la sucursal que la cadena de supermercados La Anónima tiene en la ciudad neuquina de Plottier.

El sujeto fue identificado como Cristian Javier Poblete Torres, hijo de Marisa Torres San Juan, quien detenido en agosto de 2025 cuando se desempeñaba como gerente de depósito de esa sucursal. Ni bien se conoció el escándalo, Torres San Juan -una de las dirigentes políticas más cercanas a Ruiz-  renunció a la lista de candidatos a senadores por Desarrollo Ciudadan, que ella misma encabezaba. Para entonces, Ruiz ya había sido destituida a raíz de los mismos hechos de corrupción, por lo que sigue judicialmente investigada.

Pues bien, la causa judicial que tiene en la mira al ladrón de mercadería siguió adelante y, en las últimas horas, la asistente de fiscalía dijo que este individuo aprovechó su cargo jerárquico de la sucursal de San Martín y Paraguay, para concretar las maniobras delictivas.

Describió que el primero de los hechos lo perpetró el 27 de julio de 2025, cuando apagó las cámaras de seguridad del sector de carga y descarga y coordinó telefónicamente la entrega de mercadería a otra persona, quien se presentó en el lugar a bordo de una camioneta para retirarla. Pérez estimó que esa maniobra provocó un perjuicio económico cercano a los $700.000.

Según consta en la investigación, el segundo hecho lo cometió el 10 de agosto de 2025, bajo la misma modalidad. La asistente letrada relató que personal policial interceptó esa vez la camioneta antes de que abandonara el lugar con distintos productos cargados, entre ellos cortes de carne, quesos, bebidas y mercadería alimenticia. El perjuicio económico estimado supera los $2.500.000.

La teoría del caso de la fiscalía indica que el imputado utilizaba sus facultades laborales para apagar las cámaras de vigilancia y facilitar el retiro de mercadería por fuera de los canales comerciales de la empresa. Además, señaló que la investigación permitió detectar comunicaciones telefónicas entre ambos involucrados en las que coordinaban las entregas y los precios de los productos.

Como evidencia, Pérez presentó las denuncias de los responsables del supermercado, registros de cámaras de seguridad, informes policiales, análisis de teléfonos celulares y documentación vinculada al secuestro de la mercadería. Los hechos fueron calificados provisoriamente como defraudación por administración fraudulenta, en calidad de autor, en concurso real, con un hecho consumado y otro en grado de tentativa. La jueza de garantías Natalia Pelosso tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses.