De Andacollo a Los Guañacos: las huellas de un delito insólito
El circuito quedó expuesto. Y lo que se ve es un aparente entramado de corrupción que suma indicios, nombres y conexiones que podrían derivar en consecuencias penales severas.
La investigación por el robo de áridos en la cantera municipal de Andacollo no sólo avanzó con rapidez, sino que empezó a revelar un esquema mucho más amplio. El 27 de noviembre, la Justicia neuquina formuló cargos por la presunta comisión de asociación ilícita contra el ex secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes, Eduardo Argentino Zenteno; el ex director de Redes, Carlos Daniel Leiva; y dos proveedores privados identificados como K.C.V. y J.C.V., dueños del Corralón Ceferino.
El eje de la acusación fue contundente: facturación de horas de maquinaria que nunca se realizaron, utilización de recursos municipales para beneficio personal y el robo sistemático de materiales de la cantera. El perjuicio económico ronda los 128 millones de pesos. Pero lo más grave no es sólo el monto, sino la posible existencia de una estructura organizada para delinquir desde adentro del municipio.
Ni bien se enteró el intendente, les aplicó la tolerancia cero que rige en la provincia desde diciembre de 2023 y los echó a la calle. La pregunta que quedó flotado es a dónde fueron a parar los áridos robados. Lo nuevo es que, ahora, surgieron fuertes indicios de que esos materiales habrían sido trasladados a Los Guañacos. Las sospechas no son vagas. Se sustentan en fotografías, registros y, sobre todo, coincidencias de nombres que vuelven a enlazar a los mismos protagonistas. No a los ex funcionarios, sino a los del corralón.
Durante inspecciones recientes en terrenos con situación irregular en Los Guañacos, se detectaron bolsas del Corralón Ceferino y movimientos de áridos en al menos seis lotes. Dos de esos lotes corresponden a dos mujeres: A.D.V. y N.M., identificadas como familiares directas del titular del corralón involucrado (tía y esposa, para ser precisos). La conexión no pasa desapercibida: los vínculos personales se superponen con los indicios materiales, reforzando la hipótesis de que el circuito de irregularidades podría haberse extendido más allá de Andacollo.
El trasfondo es igual de revelador. Durante años, muchos de esos terrenos permanecieron abandonados, sin mejoras ni avances. Recién ahora, cuando el Estado comenzó a ordenar, controlar y exigir cumplimiento, aparecieron movimientos y materiales. El cambio de lógica es evidente: donde antes reinaba la permisividad, hoy hay controles, notificaciones y advertencias de desalojo. La tolerancia cero dejó de ser un eslogan.
Si las investigaciones continúan en esta misma dirección y se logra confirmar la figura de asociación ilícita, el desenlace es claro: habrá responsables que enfrenten penas de prisión efectiva. Porque los privilegios de antes ya no corren. Se terminaron con el cambio de gobierno. Y en este nuevo escenario, quien gambetea a la legalidad, paga las consecuencias.