Pagar la vivienda no es opcional: es la base del sistema

La situación expuesta en Buta Ranquil vuelve a poner sobre la mesa una discusión que la provincia de Neuquén no podía seguir postergando: el cumplimiento de las obligaciones por parte de quienes accedieron a una vivienda social. No se trata de una discusión técnica ni burocrática, sino de un principio básico de justicia. Las casas no son gratuitas ni caen del cielo; se financian con el esfuerzo colectivo de todos los neuquinos. Romper esa lógica es romper también la posibilidad de que otros accedan a su hogar.

Durante años, el Estado provincial toleró niveles altos de morosidad, en una suerte de permisividad que terminó siendo perjudicial. Ese “dejar hacer” no sólo vació de recursos al sistema, sino que frenó la construcción de nuevas viviendas y castigó a quienes todavía esperan una oportunidad. El resultado fue un círculo vicioso: menos pagos, menos fondos, menos soluciones habitacionales.

Con la llegada de una nueva gestión, la conduce el gobernador Rolando Figueroa, ese paradigma empezó a cambiar. La decisión de recuperar las deudas no responde a un criterio recaudatorio aislado, sino a la necesidad de reconstruir un círculo virtuoso: el que permite que cada cuota que se paga vuelva al sistema para financiar nuevas viviendas. Es, en definitiva, la única manera sostenible de ampliar derechos y llegar a más familias en cada pueblo y localidad.

En ese contexto, el caso de los adjudicatarios de las 54 viviendas de Buta Ranquil (las habitan desde 2019, pero no pagan) resulta especialmente sensible. Argumentar imposibilidad de pago frente a cuotas que representan, aproximadamente, la mitad de un alquiler, abre interrogantes inevitables. Más aún cuando, pese a manifestar voluntad, los pagos no se concretan.

El Estado, a través de la ADUS, ha demostrado disposición al diálogo y evalúa alternativas como la ampliación de cuotas para aliviar el monto mensual. Incluso contempla esquemas diferenciados para quienes acrediten situaciones de vulnerabilidad económica real. “Es fundamental fortalecer el recupero porque es lo único que nos permite proyectar una política habitacional hacia adelante. Si más familias pagan sus viviendas, podemos generar nuevos créditos para que otras accedan a la casa propia”, afirmó la secretaria de Vivienda y Hábitat de la Provincia, Ana Servidio. Mientras que respecto del caso de Buta Ranquil señaló: "Existe la posibilidad particular de que quien no pueda abordar esa cuota se acerque y podamos trabajar en un plan de pagos acorde a sus ingresos, pero esto no limita ni anula la idea del cobro”.

No obstante, la flexibilidad (la comprensión de los casos) no puede confundirse con permisividad. El sistema puede adaptarse, pero no puede sostenerse si quienes pueden pagar deciden no hacerlo. Aquí hay un punto central que no admite matices: quien tiene la capacidad de cumplir y no lo hace incurre en una inmoralidad evidente. No es una falta administrativa menor, sino una conducta que perjudica directamente a miles de familias que aún esperan su vivienda. Cada cuota impaga es una oportunidad que se le niega a otro neuquino.

Los números son contundentes y reflejan la magnitud del problema: decenas de miles de viviendas adjudicadas a lo largo de los años no han sido pagadas, porque los gobiernos anteriores no se ocuparon del tema. De 62 mil que se entregaron en la historia de la provincia, sólo se cancelaron cerca de 17 mil. Frente a ese escenario, el impulso de programas como Habita Neuquén y la regularización en marcha muestran que hay un camino posible, pero que requiere compromiso. Sostener el círculo virtuoso no es sólo una responsabilidad del Estado; es, sobre todo, un deber ciudadano. Sin ese compromiso, cualquier política habitacional está condenada a quedarse a mitad de camino.