Más de cien narcos condenados en apenas un año
En el primer año de investigaciones contra el microtráfico de drogas, el Estado provincial neuquino logró superar las 100 condenas de malvivientes. Y, en el mismo período, recaudó más de 400 millones de pesos en concepto de multas impuestas a los malvivientes condenados. Las causas que el Ministerio Público Fiscal (MPF) lleva en conjunto con la Policía decantaron, además, en la demolición de aguantaderos y el secuestro de bienes (como camionetas) a los narcos.
Cabe recordar que la provincia de Neuquén asumió la investigación de la venta minorista de drogas el 28 de febrero de 2025, mediante la sanción de la Ley 3488 que impulsó el gobernador Rolando Figueroa. Esta norma colocó en manos de la provincia la persecución del microtráfico de drogas, que antes dependía de la Justicia Federal. El cambio fue contundente: se multiplicaron los allanamientos, también las detenciones y creció la seguridad, porque el combate al narcotráfico implica el combate a todas las modalidades delictivas que éste atraviesa.
“A través de este centenar de condenas, del debilitamiento económico de las organizaciones y la clausura de los puntos de venta, se está marcando un rumbo que desde el MPF y junto a la Policía provincial y el Ministerio de Seguridad, vamos a profundizar durante este año”, remarcó el fiscal general José Gerez.
Las estadísticas surgen de los registros oficiales del MPF, de acuerdo a lo informado por la coordinadora provincial de Narcocriminalidad del organismo, Mariana Querejeta. Entre el primero de marzo de 2025 y el 4 de marzo de 2026, un total de 101 personas fueron condenadas en el territorio neuquino por cometer delitos vinculados al microtráfico de drogas, de las cuales 65 son varones y 36 mujeres. La mayor parte de las condenas fueron impuestas en la primera circunscripción judicial, que comprende las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Añelo y Rincón de los Sauces, entre otras: 95.
Como parte de las condenas impuestas, además se fijaron diversas multas a cada una de estas personas. El dinero, de acuerdo a la Ley 3488 que impulsó el Poder Ejecutivo, se distribuyó en el Ministerio de Salud para fortalecimiento de programas y dispositivos para la prevención y rehabilitación derivado del consumo de estupefacientes; en el Ministerio de Seguridad para políticas de capacitación, prevención, investigación, equipamiento y los gastos de los operativos; y en el Poder Judicial para las políticas de persecución y juzgamiento.
Los montos de las penas, en el caso de las efectivas, oscilaron entre los 3 años y 6 meses y 6 años de prisión; mientras que en las condicionales, entre 2 y 3 años.
“En este primer año sin dudas se logró un abordaje eficaz de un delito que perturba la paz social y afecta a la salud de los vecinos y vecinas, y frente al cual comenzamos a brindar una respuesta más eficaz y eficiente”, concluyó Gerez.