No hay lugar para la indisciplina en el Estado neuquino

El Estado neuquino transita (desde hace ya dos años) por una etapa en la que las reglas dejaron de ser meras declamaciones para convertirse en obligaciones concretas. La cesantía de cuatro integrantes de la Policía provincial ratifica que no hay margen para las faltas administrativas, las inconductas reiteradas ni las indisciplinas que lesionan la confianza pública. Desde que asumió la presente gestión, el mensaje es claro: quien no cumple, se va.

La política de tolerancia cero frente a la corrupción, los abusos y las ausencias injustificadas se aplica sin excepciones. La purga que alcanza a ñoquis, violentos y delincuentes enquistados en el Estado no se detuvo con el paso del tiempo y mantiene continuidad en 2026. Se trata de una decisión de fondo para ordenar la administración pública y cuidar los recursos del Estado.

Uno de los casos que se conocieron este miércoles es el del cabo Néstor Fabián Pérez, cuya cesantía se originó tras detectar reiteradas inasistencias injustificadas. Según las actuaciones administrativas, el efectivo faltó sin justificación entre mayo y agosto de 2023, volvió a incurrir en la misma conducta entre diciembre de ese año y septiembre de 2024, y nunca se reincorporó a sus funciones, afirmaron en el expediente administrativo.

También fue despedido el agente nuevo cuadro Sergio Román Garrido, quien acumuló un historial de sanciones: 93 días de arresto policial. A esto se sumó una causa judicial en trámite por presunta falsedad en certificado médico, que es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. La falta de idoneidad y conducta quedó, para los auditores, debidamente acreditada.

El tercer caso corresponde al cabo W.B.R., destituido luego de dar positivo en un test rápido multidrogas realizado en mayo de 2024. La contraprueba confirmó el resultado para cocaína, un hecho incompatible con la función policial y con cualquier estándar mínimo de responsabilidad dentro de una fuerza de seguridad.

Finalmente, fue cesanteado el oficial principal del Cuerpo Penitenciario David Jesús Carriqueo, quien registraba 76 días de arresto policial y múltiples sanciones. Su salida se inscribe en la misma lógica: no se toleran conductas contrarias al reglamento y que, además, desprestigian a la institución.

Todos los despidos fueron solicitados por la Jefatura de Policía y ejecutados por el Poder Ejecutivo, tras sumarios administrativos en los que los involucrados pudieron ejercer su defensa. El resultado reafirma un principio que el gobierno neuquino decidió sostener sin titubeos: el Estado no es refugio de la indisciplina. Es una herramienta al servicio de la sociedad y exige compromiso, respeto a las normas y responsabilidad.