Ficha Limpia, de Neuquén para el país
La Neuquinidad sigue cumpliendo sus promesas, en el Congreso de la Nación. Primero defendió los recursos para las personas con discapacidad y para el financiamiento de las universidades públicas. Ahora, presentó el proyecto para que la Ficha Limpia, que se aplica en la provincia, tenga alcance a todo el país.
Con este proyecto, para impedir que personas condenadas accedan a cargos públicos, las legisladoras nacionales del frente de partidos que conduce el gobernador Rolando Figueroa, cerraron el año. “Antes que termine el año queremos seguir honrando la palabra. Vamos a presentar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación el proyecto de Ficha Limpia. Esa Ficha Limpia que ya está aprobada en la provincia de Neuquén y que queremos que la República Argentina también la respete”, indicó el gobernador, tras reunirse la senadora Julieta Corroza y la diputada nacional, Karina Maureira.
Por su parte, Corroza afirmó que la Ficha Limpia “es parte de nuestro modelo de gobierno en Neuquén, porque no sólo tenemos que garantizar la responsabilidad de todos nuestros funcionarios sino también su transparencia”.
En la elaboración del proyecto de ley tomaron como modelo la legislación sancionada en la Provincia de Neuquén, que se destaca por su rigurosidad y espíritu de avanzada en la materia. A tal fin propusieron modificar el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, incorporando nuevos supuestos de inhabilitaciones.
De aprobarse, no podrán ser candidatos a cargos representativos ni partidarios quienes hayan sido condenados por delitos dolosos comunes o federales, en tanto cuenten con sentencia confirmada en segunda instancia o cuando haya quedado consentida si el condenado no hubiese interpuesto impugnación o recurso respectivo. Como así tampoco los condenados por delitos contra la Administración Pública, por delitos de Tráfico de Estupefacientes, delitos del Régimen Penal Tributario y quienes sean inhabilitados por juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para el impedimento, la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública.