La tolerancia cero avanza y no se detiene en Neuquén
El sistema de tolerancia cero que implementó el gobierno de Rolando Figueroa en la administración pública neuquina, no sólo mantiene plena vigencia, sino que avanza con determinación y sin concesiones. Lejos de tratarse de una consigna declamativa, la decisión de erradicar a los ñoquis y a los agentes que incumplen sus deberes se traduce en medidas concretas, sanciones firmes y un mensaje claro hacia todo el Estado.
Sin ir más lejos, en las últimas horas se conocieron dos nuevos castigos que refuerzan el rumbo adoptado por la actual gestión. Se trata del despido de una agente por abandono de trabajo y de la exoneración de un empleado acusado de conductas violentas. Estas sanciones (que se suman a muchas otras) evidencian que no hay margen para la impunidad ni para comportamientos incompatibles con la función pública.
La cesantía recayó sobre una ahora ex agente identificada como Micaela Ayelén Canio, quien se desempeñaba como empleada de planta permanente anualizada en el Ente Provincial de Termas del Neuquén. Tras un sumario iniciado en diciembre de 2023, los auditores acreditaron inasistencias injustificadas desde el 14 de noviembre hasta el 21 de noviembre de ese año y concluyeron que su conducta configuró un claro abandono de cargo.
El expediente dejó constancia de antecedentes disciplinarios y de reiterados intentos infructuosos del área de Recursos Humanos para que la agente retomara sus funciones. La investigación determinó una falta total de interés y responsabilidad hacia el trabajo, lo que derivó no sólo en el despido, sino también en el inicio de gestiones para recuperar las sumas salariales percibidas sin prestación de servicios, incluso por vía judicial si fuera necesario.
Más severa aún fue la sanción aplicada a un ahora ex agente identificado como Facundo Iván Guajardo, quien era planta permanente de la subsecretaría de Familia del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. Según pudo saberse, fue exonerado tras comprobarse conductas incompatibles con su rol como trabajador del Estado. El sumario dio por acreditadas presuntas situaciones de violencia familiar y laboral, en abierta contradicción con las normativas vigentes de protección de derechos.
Los auditores consideraron especialmente grave que el agente se desempeñara en ámbitos de alta vulnerabilidad, como hogares de adultos mayores, y evaluaron que sus acciones demostraron una notoria indignidad moral. Aunque ejerció su derecho a defensa y negó los hechos (en perjuicio de su pareja e hijo), la documentación administrativa y judicial incorporada al expediente respaldó la decisión de expulsarlo de la administración pública.