El desalojo de Casa de Gobierno fue absolutamente legal

El fiscal del caso Manuel Islas desestimó la denuncia que presentaron representantes de comunidades mapuches contra integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) por el desalojo que se realizó en Casa de Gobierno, en julio último, cuando un grupo de sujetos bloqueó el ingreso principal.

La resolución implicó el archivo de la denuncia por no constituir delito lo planteado. Islas afirmó que el accionar del fiscal del caso Diego Azcárate y del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quienes ordenaron el desalojo en el contexto de un legajo abierto por el delito de coacción y tras la denuncia de la fiscalía de Estado, “resultó legal y ajustado a derecho”. Los mapuches exigían personería jurídica, aunque no habían completado los trámites.

En este sentido, indicó que “los fiscales ordenaron una medida menos gravosa, que no requería ningún control de jueces de garantías porque no iba a afectarse ninguna garantía constitucional, sino que la medida apuntaba a identificar a los denunciados e intimarlos a que se vayan del lugar y en caso de desobediencia a esa orden legítima de la autoridad competente, y de manera progresiva, escalonada y razonable utilizar el poder público que legítimamente detenta el Estado a través de la policía provincial, para cumplimentar lo ordenado”.

El representante del MPF planteó que “pudiendo detener en un contexto de presumible flagrancia, los fiscales intervinientes con buen tino, transitaron un sendero menos gravoso de ordenar la identificación e intimar a los denunciados ocupantes para que en el razonable plazo de dos horas se desconcentren del lugar”. Y que, luego, “ante lo que asoma como un quebrantamiento a lo ordenado que no fue observado y ante la negativa a identificarse, la Policía en uso de sus atribuciones legales procedió a cumplimentar la orden legítima emitida por escrito y por la autoridad competente” (los fiscales intervinientes).

Según la denuncia, la orden de desalojo debería tener control de un juez o jueza de garantías, a los que Islas respondió que “lo cierto es que no era necesario el control judicial, porque la medida se llevó a cabo en un espacio público y fue ordenada por fiscales penales que son la autoridad judicial competente para llevar adelante investigaciones penales con celeridad y eficacia, aplicando la Ley para restablecer el orden y la paz social”.

La denuncia también cuestionó el accionar de la Policía provincial por supuesta “ilegalidad de la ejecución de la orden de desalojo por el uso excesivo, irracional e innecesario y desproporcionado de la fuerza”. En este sentido, Islas afirmó que “habiendo visto todos los videos obrantes en el legajo, las imágenes del procedimiento, los informes médicos, fotografías aportadas en la denuncia, he de decir, que el personal interviniente actuó en cumplimiento del deber y el legítimo ejercicio de su autoridad, de modo razonablemente proporcional a las circunstancias del caso, con lo cual su actuar no fue antijurídico, sino adecuado a derecho” (concebido en su totalidad).