Metamorfosis ñoqui: de licencia médica a viaje al exterior
La cruzada contra los ñoquis e indisciplinados que puso en marcha el gobernador Rolando Figueroa, en la administración pública neuquina, acaba de sumar otro capítulo digno de novela. Esta vez, la protagonista fue una abogada llamada Ivana Karina Alonso, que se desempeñaba como directora en la Asesoría General de Gobierno. Según pudo saberse al respecto, sacó licencia médica, viajó al exterior, la descubrieron y la echaron. Se entiende que se dejó llevar por los placeres del turismo internacional.
La jugada parecía simple: certificado médico en mano, reposo asegurado y tiempo suficiente para viajar. Lamentablemente para la abogada, el Estado neuquino consultó a Migraciones y esta dependencia informó que (en tiempos de licencia médica) viajó rumbo a Colombia y regresó desde Panamá. Justo la región caribeña.
En el expediente consta que los auditores dieron por acreditado que el viaje lo hizo en agosto de 2024; luego, en septiembre del mismo año, iniciaron el sumario administrativo y esta semana la expulsaron.
En el documento oficial también se dejó expresado que esta mujer dijo que vaciaba la casa porque estaba en venta (supuesta maniobra para evitar la visita de auditores); también se anotó que pidió una licencia ordinaria que no le dieron completa, y hasta que consiguió un certificado médico por tele consulta, pero sin aclarar que no se encontraba en la Argentina. El propio médico tuvo que reconocer que no sabía en qué país estaba su paciente. En consecuencia se considera que se trató de una licencia trucha.
La Junta Médica, mientras tanto, había dispuesto que Alonso debía reintegrarse a trabajar el 26 de agosto. Se cree que ese mismo día, la ahora ex empleada de planta permanente seguía sumando experiencias internacionales. Un detalle no es menor: el decreto de cesantía subrayó que sus maniobras configuraban “falta de moralidad” y “mala fe”. El hecho es que, con esta cesantía, Neuquén sumó un nuevo “caso testigo” en la guerra contra quienes no cumplen con las obligaciones de trabajadores del Estado que nadie puede desconocer, especialmente si se trata de una profesional del derecho.