Ahora, la purga provincial alcanzó a un violento
La purga que no perdona a ñoquis, indisciplinados y a sujetos sin apego por sus obligaciones laborales, sigue adelante en el Estado provincial neuquino. Ahora, la administración que conduce el gobernador Rolando Figueroa expulsó a un agente al que le endilgaron haber propinado insultos y amenazas contra una compañera de trabajo. Según se dijo al respecto, reincidió en su inconducta y se sumó a la larga lista de despedidos.
La sanción de cesantía se formalizó durante el último fin de semana y recayó sobre un tal Juan Pablo Arias, quien ocupaba el cargo de auxiliar de enfermería en el Hospital “Dra. Alicia Cruz”, de la localidad neuquina de San Patricio del Chañar.
Según consta en el expediente, el sumario se lo iniciaron el 11 de agosto de 2023 a raíz de un ataque de ira que supuestamente experimentó el 4 de julio de ese año. Los auditores que le iniciaron el sumario dieron por probado que aquel día incurrió en presuntas agresiones verbales, amenazas y hostigamiento; es decir una serie de “actos de perturbación e intimidación encuadradas en violencia de género”, según dice expresamente en el expediente.
El sumario se inició durante el último tramo del gobierno anterior, pero las actuaciones administrativas se aceleraron por la decisión del gobierno de Figueroa de erradicar a los ñoquis, delincuentes e indisciplinados a la mayor brevedad posible.
Los auditores concluyeron que ese ex agente, al que le garantizaron su derecho a la defensa, no tuvo el respeto ni la cortesía que requieren las relaciones entre compañeros de trabajo. Se dijo, incluso, que reconoció su conducta y no evidenció arrepentimiento.
“Resulta acreditado que insultó, se dirigió de manera alterada y violenta en diversas ocasiones, además de amenazar, ignorar los diagramas de trabajo establecidos, las directivas impartidas, y las instrucciones respecto de su adecuación de tareas, siendo la licenciada (…) objeto de ofensas verbales generando una sensación de inseguridad”, dice el decreto de cesantía. Y concluye que incurrió en “un acto de hostigamiento hacia la víctima, considerado por el propio responsable como algo normal y sin intención alguna de remediarlo”.