Los detuvieron por narcos y les clausuraron la guarida

Tras una serie de allanamientos realizados durante el fin de semana a partir de una investigación por robos y hurtos en Centenario, tres delincuentes fueron imputados por la fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo. Además, les clausuraron la guarida  (con faja y todo) y esta quedó escrachada.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron que se les impusiera prisión preventiva, luego de que en los procedimientos se encontraran drogas para comercializar y otros elementos vinculados con el microtráfico de estupefacientes.

Los maladras fueron identificados por sus iniciales (A.M.M., J.O.S. y J.F.R.). Al momento del allanamiento se encontraban en una vivienda del barrio Sarmiento de Centenario, propiedad del J.O.S. El operativo tuvo origen en la búsqueda de una bicicleta y dos garrafas de gas que habían sido robadas el 18 de julio. Pero se descubrió que además de rateros eran narcos.

Parte de estos elementos se encontraron en la vivienda, que había sido apuntada también por al menos 5 denuncias anónimas a través del Código QR del Ministerio Público Fiscal como un punto de venta de drogas. Titanti precisó que, al ingresar a la casa, además de parte de la bicicleta y de una de las garrafas, personal de la Policía de la provincia halló sobre una mesa 222 envoltorios de nylon por un total de 147,6 gramos de clorhidrato de cocaína; una balanza de precisión con restos de estupefacientes, dinero en efectivo y 9 teléfonos celulares.

“En tal domicilio, diversas personas entre ellas, los aquí imputados comercializaban estupefacientes durante todo el día, realizando turnos rotativos, recibiendo a cambio de dichas sustancias, tanto dinero en efectivo como elementos sustraídos ilícitamente”, sostuvo Titanti.

Por esa situación, la fiscal del caso imputó a los tres detenidos por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con encubrimiento por receptación, en calidad de coautores.

La fiscal del caso y el asistente letrado pidieron a la jueza Carina Álvarez que disponga 3 meses de plazo para completar la investigación, ya que restan medidas que dependen de otros organismos. Por lo pronto, la casa en la que habitaban fue clausurada por la fiscalía y enfrentan posibles penas de prisión efectiva. Tras escuchar a las partes, la jueza tuvo por formulados los cargos, ordenó la investigación por 3 meses y fijó la prisión preventiva en los 4 meses que solicitó la fiscalía.