Neuquén regulará el uso del celular en las escuelas: se requerirá aval de las familias

El gobierno de Neuquén promulgó la ley N° 3520, que regula el uso de celulares en las escuelas de la provincia. Abarca todos los niveles educativos de gestión pública y privada, con un marco normativo que prohíbe su uso en los niveles Inicial y Primario durante toda la jornada escolar, salvo autorización excepcional de la dirección institucional.

Esta nueva normativa complementa medidas previas aplicadas por el Ministerio de Educación, como el bloqueo a redes sociales, aplicaciones no educativas y páginas web. Además, incluye capacitaciones docentes sobre uso responsable de la tecnología y abordaje de trastornos asociados a su mal uso en contextos escolares.

Desde el área educativa provincial se remarcó que esta ley refuerza la construcción de pactos institucionales, cuyo diseño depende de cada comunidad escolar. Las acciones deben estar alineadas a los proyectos educativos existentes, adaptando las normas a las realidades locales mediante acuerdos de convivencia.

En el nivel Primario, se permite la utilización de celulares con fines pedagógicos siempre que estén integrados a un proyecto didáctico aprobado, supervisado por docentes y con consentimiento informado de las familias. En Secundario, solo se permite si el docente lo habilita y existe justificación curricular. En otros casos, los dispositivos deben estar apagados y fuera de la vista durante el horario escolar.

Cada institución educativa deberá elaborar reglamentos internos participativos, en el marco de sus acuerdos de convivencia, conforme a los lineamientos generales establecidos por la ley y el ministerio de Educación, que será la autoridad de aplicación.

La cartera educativa también deberá implementar campañas de sensibilización sobre ciudadanía digital dirigidas a docentes, estudiantes y familias. Estas incluirán temáticas como el uso responsable de tecnología, la prevención del ciberacoso, el cuidado de datos personales y el reconocimiento de contenidos perjudiciales.

Finalmente, el artículo octavo de la ley prevé evaluaciones periódicas al menos cada dos años para medir el impacto de esta regulación en la comunidad educativa, promoviendo un monitoreo constante de su implementación y efectividad.