Sigue la purga: despidieron a la enfermera ladrona
La purga de ñoquis, indisciplinados y delincuentes no se detiene en la administración pública neuquina. La tolerancia cero, tampoco. Y, ahora, despidieron tanto a una enfermera que robó vacunas de un centro asistencial público, como a un portero de un establecimiento educativo que fue condenado por abuso. El viernes, el gobernador Rolando Figueroa estampó su firma en ambos decretos, que se conocieron ahora.
El caso de la enfermera, identificada como Graciela Itatí García, es escandaloso por donde se lo aborde; entre otras cosas porque las vacunas que robó y vendió eran para niños. En la documentación oficial consta que se desempeñaba en el Centro de Salud Taquimilán, dependiente del Hospital de Chos Malal, y que el ministerio de Salud tramitó la baja automática de los cuadros de la administración pública.
La justicia la declaró autora penalmente responsable del delito de peculado, cometido entre el primero de agosto y el 31 de octubre de 2024, y le impuso la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que no fue presa. Aunque, al menos, se quedó sin trabajo.
Cercada por la investigación, la mujer reconoció su condición de ladrona y arribó a un acuerdo judicial, que implicó la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Y ahora le dieron de baja. Los fiscales dieron por confirmado que llevó dos vacunas contra el virus papiloma humano. “Estas vacunas estaban destinadas a su colocación en niños y niñas en el ámbito de salud pública”, indicaron fuentes judiciales. Se dio por acreditado que se las vendió a otra mujer, por la suma de 320.000 pesos, en la localidad de Las Lajas.
El caso de abuso
Por otro lado, el 15 de junio de 2023, el Consejo Provincial de Educación (CPE) le inició sumario administrativo a un tal Edgardo Caitruz, quien se desempeñaba como auxiliar de servicio (portero), en el Centro Provincial de Enseñanza Media N 14 de la localidad neuquina de Aluminé. En virtud de la seriedad de las denuncias que sobre él pesaban, lo separaron preventivamente de todos los cargos que ostentaba dentro del sistema educativo.
Según consta en el expediente, le endilgaron supuestas conductas de abuso y acoso sexual hacia sus compañeras de trabajo. El sumario tuvo su correlato en la Justicia, donde lo condenaron como autor del delito de abuso sexual continuado y le impusieron la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, por lo que tampoco fue preso.
En lo administrativo incumplió con distintas normas, entre ellas la que expresa literalmente lo siguiente: “Las personas que ingresen a la Administración Provincial deberán llenar los requisitos siguientes: (…) Poseer condiciones morales y de conducta, avalada por sus antecedentes”. A la luz de esa realizad, el gobernador convalidó lo actuado por el CPE y le dio de baja de los cuadros de la administración pública provincial.