Ñoquis y delitos: Quiénes son los estatales despedidos

La tolerancia cero es un mandato inquebrantable del gobierno provincial neuquino, que no se tomó vacaciones en su decisión de expulsar de la administración pública, tanto a los ñoquis y a los indisciplinados como a aquellos que incurren en delitos o caen en el fango de la corrupción. Lo nuevo es que la gestión que conduce el gobernador Rolando Figueroa acaba a expulsar a otros seis. Las expulsiones está contempladas en decretos que se oficializaron en esta segunda quincena de enero.

Entre los decretos hay tres cesanteados, un sujeto que fue dado de baja y dos exonerados (es decir que recibieron el más severo de los castigos contemplados en las normas que rige los procederes). Los sumarios se habían iniciado durante la gestión de Omar Gutiérrez, pero recién se agilizaron tras la asunción de Figueroa quien impartió órdenes de expulsar a quienes no merecen trabajar en el Estado.

Uno de los exonerados pertenecía al ministerio de Salud y fue identificado como Miguel Ángel Catalán. Era chofer de ambulancia en el Hospital de Zapala y lo acusan de haber cometido un delito grave. El 3 de noviembre de 2022, en un allanamiento judicial, abrieron su locker y encontraron marihuana, cocaína, dinero en efectivo, elementos de corte y pesaje de sustancias estupefacientes. Había 122 gramos de clorhidrato de cocaína, 1.600 dólares y 400.000 pesos. Estas afirmaciones constan en el expediente administrativo.

El otro exonerado se llama Miguel Ángel Coliman. Era agente de la subsecretaría de Familia del entonces ministerio de Desarrollo Social, trabajaba en un dispositivo de cuidados formales y le endilgaron que el 19 de diciembre de 2022 no ingresó a trabajar en el horario que le correspondía del turno noche. En cambio, subió a tres adolescentes (en situación de vulnerabilidad) a su auto particular y los llevó a recorrer la ciudad de Neuquén durante media hora. Los adolescentes dijeron que había botellas en el auto, que el sujeto este tenía olor a alcohol y  que profería comentarios obscenos. También que circuló a exceso de velocidad, incluso a contramano y que estuvieron cerca de chocar contra un colectivo.

Los trámites administrativos en la adminsitración provincial eran extremadamente lentos, pese a la gravedad de las denuncias. Figueroa ordenó acelerarlo, para evitar que delincuentes y corruptos cobren sueldos del Estado.

Una estafadora y un ñoqui

Entre las cesanteadas se encuentra la ahora ex agente Ailín Betiana Mariano, quien pertenecía a la subsecretaría de Familia. Los auditores dieron por acreditado que esta doña perpetró una estafa contra una compañera de trabajo del hogar “Malen Maihue”, cosa que decantó en una denuncia judicial. El 7 de diciembre de 2021 la denunciante expuso que faltaba dinero tanto en su caja de ahorro, como en la de su hija (25.000 pesos) y que habían usado su tarjeta de débito para realizar compras (por 16.000 pesos) y gastos en el casino. En el resumen de la tarjeta apareció el nombre de la acusada.

Otro de los cesanteados es (en realidad, fue) un ñoqui. Se trata del ex agente Juan Alberto Cabrera quien pertenecía al ministerio de Seguridad y le endilgaron abandono de cargo, por la cantidad de ausencias injustificadas. En el decreto consta que le contabilizaron 9 faltazos en agosto, 16 en septiembre, 21 en octubre y 5 noviembre, todos de 2022. Además de despedirlo, el gobernador instruyó al ministerio de Seguridad para que se activen los mecanismos tendientes a recuperar los sueldos que cobró en forma indebida. Es decir, para que lo obliguen a devolver lo que se llevó sin merecerlo.

Violencia extrema

También fue cesanteado el ahora ex agente Rogelio Osvaldo Precedo, licenciado en Enfermería del Hospital de Centenario. Le endilgaron conductas presuntamente violentas contra una agente con la que supuestamente tuvo una relación de pareja y también denuncias cruzadas.

Además, el gobierno provincial dio de baja al ahora ex agente identificado como Antonio Puel quien fue objeto de una causa judicial por abuso sexual. Trabajaba en un centro de salud del interior provincial. Un tribunal lo declaró  culpable en forma unánime.