Lógico: reclaman que la Legislatura se ocupe de sus funciones

La diputada provincial neuquina Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) presentó un proyecto de ley para que el Poder Legislativo asigne su presupuesto exclusivamente al desarrollo de su función esencial de debatir, redactar y sancionar legislación provincial.

La iniciativa prohíbe su utilización para actividades culturales, artísticas, deportivas, ambientales, de asistencia social, aportes a instituciones y organizaciones de cualquier índole. El proyecto llega a pocos días de que la vicegobernadora, Gloria Ruiz, fuera suspendida para que una comisión compuesta por diputados evalúe si está moralmente habilitada para ejercer el cargo. En paralelo la Justicia la investiga por presunto enriquecimiento ilícito por una causa en la que se investiga un fraude con fondos de la Legislatura. Ruiz quería aumentar los gastos discrecionales que usaba para hacer política y que maquillaba con proyectos comunitarios.

El proyecto de Stillger establece que los recursos serán administrados de acuerdo a los principios de eficiencia, transparencia, responsabilidad y orientados al fortalecimiento institucional.

Por otro lado, determina que la Legislatura deberá reestructurar sus actividades y presupuesto aprobado mediante Ley 3482. Para ello, se priorizarán exclusivamente las funciones inherentes a la actividad legislativa, como así también los costos administrativos y operativos estrictamente necesarios para el funcionamiento eficiente de la Cámara.

En sus fundamentos, la legisladora explica que el proyecto surge de "la necesidad de optimizar los recursos asignados al Poder Legislativo Provincial, priorizando su rol constitucional de legislar en beneficio de la ciudadanía” y advierte que, en la actualidad, una proporción significativa del presupuesto se destina a actividades que no forman parte de su función principal y pueden ser atendidas de manera más eficiente por otros organismos del Estado.

En ese sentido, la autora del proyecto remarca que el objetivo es concentrar la actividad legislativa en sus tareas esenciales y eliminar los gastos accesorios. “La implementación de este proyecto no solo optimiza el uso del presupuesto legislativo, sino que también reafirma el compromiso del Estado con el uso eficiente de los fondos públicos que son escasos y valiosos”, afirma.