Se vienen los juicios contra Soiza y la banda de ladrones

El fiscal de Delitos Económicos, Juan Narvaez, y el fiscal jefe Pablo Vignaroli solicitaron que ocho de las personas acusadas por integrar una asociación ilícita destinada a cometer estafas mediante el cobro indebido de planes sociales sean declaradas responsables. Están acusadas de estafar al Estado provincial neuquino, durante la gestión de Omar Gutiérrez. La mayoría son ex funcionarios y empleados infieles.

El pedido fue el resultado de una serie de acuerdos presentados entre el viernes y el lunes ante una jueza de garantías, y apunta a resolver antes del juicio la situación de quienes tuvieron participaciones de menor responsabilidad en la causa. No es el caso del ex director de Planes Sociales de la provincia de Neuquén, Ricardo Soiza, quien está acusado de ser uno de los cabecillas de la presunta asociación ilícita y purga prisión preventiva. La resolución de esos ocho casos se conocerá el miércoles, cuando la jueza se expida en audiencia pública.

La teoría del caso de la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. Desviaron dinero que era para familias de bajos recursos económicos; es decir, les robaron al Estado y a los pobres.

Además de Soiza; entre los sindicados como cabecillas de la banda de delincuentes se encuentran Néstor Pablo Sanz, que fue director de Fiscalización del ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, quien fue responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización criminal a otros dos ex funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.

La investigación se centró en el período que va desde el 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2022, y se delimitaron roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel. Tal fue el nivel de inmoralidad, que cometieron sus robos y estafas en plena pandemia. En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios del plan, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios.

Según se indicó en la audiencia, el monto histórico de las estafas por ese período de tiempo alcanzó los $153.777.900, lo que actualmente representaría un total de $935.185.943.

Este lunes, el defensor de Soiza solicitó que la prisión preventiva que purga el ex funcionario (y dueño del restaurante céntrico Faraón) se transforme en una detención domiciliaria. La jueza informó que dará su resolución dentro de las 24 horas.