La sombra de Tratayén sobre el todavía incierto gasoducto
La distancia entre las promesas y los hechos siempre es ancha en Argentina, pero el descalabro contemporáneo existente ha acrecentado esta característica, sembrando de retórica conveniente para coyunturas electorales lo que debería ser un lento, persistente, y constructivo proceso para mejorar los costados flacos de la economía, que repercuten en la insatisfacción de las necesidades urgentes de la población.
Esto sucede, por ejemplo, con el gasoducto del nombre emblemático que supuestamente comenzará a construirse en septiembre, desde Tratayén, Neuquén, hacia la demanda permanente de la zona central del país. El jueves pasado estuvo el presidente Alberto Fernández, envuelto en la polvareda, en un grotesco acto que no pudo siquiera acercarse a la solemnidad de los grandes anuncios.
Su gobierno intentó una vez más mostrar las dos caras, en que se divide, en el mismo lugar, desde Martín Guzmán (desde la pantalla, pues no estaba físicamente presente) hasta Axel Kicillof, uno de los abanderados de Cristina Kirchner. Todos hablaron solo lo elemental, y eludieron definiciones, que consolaran, aunque sea en algo, la tremenda necesidad ansiosa por levantar infraestructura sólida alrededor del gran reservorio de hidrocarburos que es Vaca Muerta; antes que quede como una señal más de las imposibilidades argentinas, tapado por los años y el progreso energético, que se encamina hacia otros rumbos, lejos de los combustibles fósiles.
El Presidente atendió antes de ese ventoso acto a una reducida comitiva mapuche. Lo que allí se dijo fue mucho más inquietante que lo que se dejó traslucir. En concreto, se le espetó a la máxima autoridad política que, o se cumplía con sus demandas, o el gasoducto nunca empezaría a concretarse. ¿Una amenaza desproporcionada? En todo caso, habrá que esperar a ver cuánto cuesta, cuántos dólares habrá que sumar para contentar al especial gremio de las reivindicaciones ancestrales. La carga cultural culposa es una debilidad de este gobierno, que tiene los pies metidos en un barro pretérito confuso y antojadizo.
Tratayén no es cualquier lugar. Por el contrario, es el sitio preciso que fuera tomado por la fuerza, reclamando su propiedad “ancestral” por los mapuches, en 2017. La justicia abrió allí una causa contra 21 integrantes de esta etnia combatiente y enaltecida por el coro de justicieros retrospectivos que alimenta las endebles bases de la ideología progresista dominante. Esos cargos por usurpación fueron dejados sin efecto en 2021, en lo que fue interpretado como una victoria de las posiciones “originarias” contra el gran imperio de los petrodólares. Ahora, en 2022, Tratayén vuelve a ser una punta de partida con dos destinos posibles: o se logra consensuar con el colectivo político mapuche una aprobación al gasoducto, o se entra en otro largo proceso conflictivo que puede seguir demorando una obra que, ya sin impedimento, igualmente llegaría tarde para conseguir el efecto económico deseado, es decir, más soberanía gasífera, menor dependencia de las importaciones.
Para condimentar esta coyuntura real más allá de los discursos, se aproxima el inexorable tarifazo que elevará los precios que cada consumidor de gas y electricidad paga. Maquillado por la idea de que se les aumentará más a los que más tienen y menos o casi nada a los más carecientes, el tema no ofrece muchas interpretaciones, más que considerar que es necesario sostener un precio rentable para justificar las inversiones y el servicio eficiente, y, además, para cumplir con el acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional.
Estas cuestiones ocurrirán en el contexto electoral más previsible y más importante de las últimas décadas. Con la política sideralmente lejos de las necesidades inmediatas de la gente, aferrada a sus prolongaciones mediáticas, relatora permanente de esas promesas que están cada vez más lejos de los hechos.
Rubén Boggi
