Como se esperaba, ya es ley la autorización para nueva deuda y Gutiérrez podrá actuar
La Cámara de Diputados de Neuquén autorizó este viernes, al Ejecutivo provincial, a realizar operaciones de crédito público contraíbles durante este año o en ejercicios financieros futuros, por un total de hasta 12.800 millones de pesos. Lo hizo al aprobar la ley 3292 elevada por el bloque del MPN, aliados y el diputado Mariano Mansilla (FT) con el objetivo de financiar el incremento de gastos en las partidas presupuestarias, incluidas las de personal, generadas a partir del acuerdo salarial firmado entre el Ejecutivo provincial y la Asociación de Trabajadores de Neuquén (ATE) a fines de abril.
La sesión especial se inició ayer jueves a las 19 y, pasada la medianoche, finalizó para dar lugar a la nueva sesión en la que finalmente se sancionó la ley, esta madrugada.
La norma fue aprobada por mayoría con 18 votos positivos aportados por los bloques del MPN, Juntos, UP-FR, FRIN, FNN, Siempre y parte del Partido Demócrata Cristiano (Raúl Muñoz y Elizabeth Campos) y del FT (Mariano Mansilla); en tanto que por la negativa se expresaron Patricia Jure (FIT) y Andrés Blanco (PTS-FIT).
La ley 3292 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público, que sean contraídas o cuya emisión se realice durante 2021 y/o en ejercicios futuros, mediante los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados, por un monto hasta $12.800 millones de pesos.
Los fondos se destinarán a financiar los mayores gastos en las partidas presupuestarias, incluidas las partidas de personal, generadas a partir del Acta Conciliatoria firmada en abril entre el gobierno provincial y las asociaciones representantes de trabajadores de la Administración Pública provincial. El articulado explicita, además, que podrán destinarse también a atender los requerimientos de asistencia financiera que efectúen los municipios para afrontar incrementos salariales, “en pos de sostener el normal funcionamiento del Estado y la prestación de sus servicios”.
A la vez, la norma exime de todo impuesto o tasa provincial a la emisión, comercialización, recupero, rentabilidad y todo acto vinculado a las operaciones de crédito público enmarcadas en la norma, al tiempo que faculta al Poder Ejecutivo a disponer las reestructuraciones presupuestarias necesarias para su efectivo cumplimiento.
