Qué hay de fondo en la negociación gobierno-gremio para empezar las clases
Llega la negociación a fondo entre el gobierno neuquino y el gremio que representa a los maestros en la provincia, ATEN. Hay un cúmulo de cuestiones para acordar, de las que sobresale, naturalmente, el salario a aplicar este año. La negociación tiene un plazo límite: el 3 de marzo. Ese día, deberían comenzar las clases, que, según la propuesta oficial, serán con una presencialidad “alterna”, semana por medio, con no más de 15 chicos por aula, y con una serie de exigentes protocolos sanitarios a cumplir.
Con la negociación, se empieza siempre en estado de confrontación máxima. Es así porque alguien alguna vez lo escribió en el manual de los negociadores entre gobiernos y sindicatos. No hay gradualidad de conflicto ascendente, sino todo lo contrario: se comienza al máximo, y después sigue un proceso descendente, en el que, eventualmente, el conflicto va evaporándose. Ese proceso puede durar semanas, meses, o años. Estamos acostumbrados a vivir en conflicto. Esa es la naturaleza argentina, impulsada por una economía siempre inestable, y una política ídem.
El punto de comienzo está marcado por los dos bandos estatales. El gobierno, dice que ATEN se comprometió a empezar las clases el 3 de marzo, mientras en el camino se resolvían las diferencias singulares. El gremio dice que no, que toda la responsabilidad de garantizar las condiciones es del gobierno, y que el motivo de la negativa a retornar a las escuelas sin esas condiciones no nace del sindicato, sino de la pandemia; es decir, es una cuestión inherente a la realidad coyuntural que está más allá de los designios humanos.
El contexto está marcado también por la urgencia ciudadana, que se le plantea al Estado en general. Una parte importante -no se sabe con precisión si mayoritaria o no- de la sociedad, exige el retorno a las escuelas, aceptando los protocolos sanitarios, pero negando cualquier posibilidad de que alguien se escude en la pandemia para justificar un presunto no retorno a la presencialidad.
En Neuquén, la educación está regida por una ley muy reciente, la Ley Orgánica de Educación, número 2.945, sancionada por la Legislatura el 16 de diciembre de 2014. Tiene poco más de seis años la norma legal, aunque escaso uso en la práctica. En su artículo 3º, expresa textualmente: “El Estado provincial debe asegurar, proveer y garantizar una educación pública, gratuita, laica, integral, permanente, inclusiva, científica, equitativa, con justicia social y de excelencia”
Estas definiciones contundentes de la Ley, con palabras clave como “asegurar” y “garantizar”, eximen de mayores comentarios o interpretaciones. Lo que está en juego, pues, no es una negociación entre partes del Estado (gobierno-empleador y gremio-empleados) sino un compromiso adquirido por Ley frente a la ciudadanía. Si ese compromiso, ese pacto sagrado, no se cumple, los funcionarios y sindicalistas quedarán al margen de la ley, y, como tales, podrán ser juzgados, si persisten en el juego de defender los intereses propios antes que el interés común.
Rubén Boggi
