El salvaje federalismo argentino
Especial, por Mario A. Pilatti (*).- El sistema federal argentino de distribución de ingresos –la mentada Coparticipación Federal- está “trabado” hace muchos años. Cambiarlo requiere más que unanimidad de actores. Durante el gobierno de Macri se lograron apenas algunos retoques, fruto de la muñeca de Rogelio Frigerio, impulsados por fallos CSJN, que costaron varios millones al estado nacional.
La actual ley de coparticipación es de 1988, seis años previa a la reforma de Constitución Nacional de 1994. Esa reforma constitucionalizó el régimen de coparticipación (art. 75, incisos 2 y 3), dándole carácter constitucional a una trabazón preexistente. No obstante, planteó que debía sancionarse un nuevo régimen antes del fin de 1996 (cláusula transitoria sexta). Todavía no estamos cerca y ya pasaron…. 24 años!
La Ley de coparticipación -en su artículo 8- estableció que la Nación “…entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires... una participación compatible con los niveles históricos…”. Claro, el carácter de Ciudad autónoma se le otorga a la capital recién en la reforma de 1994.
Haciendo uso de esa antigua disposición Macri por Decreto –que ni siquiera fue de “necesidad y urgencia”- le aumentó la participación a la CABA. La justificación fue el traslado de ciertos servicios de seguridad, pero seguramente “se le fue un número”: un aumento de 168% cuyos fondos provenían exclusivamente del estado nacional, es decir, sin afectar las transferencias a las 23 Provincias. Obviamente que esta decisión tiene una lectura política, fue una vindicación, de un distrito que fue la base electoral del entonces presidente.
Cambió el gobierno, cambió la base electoral, llegó el momento del escarmiento. Usando la misma facultad, el presidente Fernández reduce la participación de la CABA, aunque sin volver a los niveles pre Macri. Lo hace alentando una confrontación de pobres contra ricos, aparentemente sin avisar –más allá de algunas señales emitidas hace meses- y en medio de una pandemia. También hay lecturas políticas: renovación de votos (no electorales, sino matrimoniales) con la base K del gobierno.
Usando legislación de más de 30 años, dos presidentes modifican las finanzas de la CABA –donde viven más de 3 millones de argentinos-, tratando como “Municipalidad” a un ente que tiene carácter de “Ciudad Autónoma” desde hace más de 20 años. Me parece que acá nadie va a tener la razón de manera completa: esto ni es razonable, ni es inconstitucional. Es un engendro. Ese gris tan argentino…
Los fondos que se quitan a CABA –“recuperados por la Nación”- son asignados a la Provincia de Buenos Aires. Seguramente sacan las papas del fuego del gobernador Kiciloff, ante el tema puntual del motín policial, pero no hacen más que alimentar la deformidad del federalismo argentino. ¿No será hora de pensar seriamente en dividir la Provincia de Buenos Aires, como vienen planteando desde hace algunos años algunos historiadores y politólogos?
(*) Licenciado en Economía.
