Una ordenanza sacude la modorra política neuquina
La ordenanza referida a tierras del Rincón Club de Campo, publicada por el intendente Mariano Gaido el 16 de junio, después de unos años de espera sin justificación, no solo ha ocasionado un revuelo político inédito en medio de la pandemia a nivel local, con extremos en el concejal Marcelo Bermúdez, de un lado, y el acusante principal, el diputado Mariano Mansilla, del otro: también provocó, según cuentas sacadas por el MPN, un perjuicio a las arcas municipales estimado en 1.500 millones de pesos.
En el gobierno de Mariano Gaido se le da al tema una importancia política superlativa. “Estamos ante un perjuicio institucional y económico de gran magnitud”, se masculla. El diputado Mariano Mansilla, socio político de la actual gestión comunal, sostuvo que el principal responsable de la no publicación durante casi todo un período de gobierno de Horacio Quiroga, fue el actual concejal y secretario de Gobierno entonces, Marcelo Bermúdez.
El concejal de Juntos por el Cambio, ha dicho que la publicación de las ordenanzas no era algo que pasara por sus manos, y se desligó del lazo. Pero también ocurrió que el secretario general del gremio Sitramune, Santiago Baudino, presentó una denuncia penal contra Bermúdez, específicamente por este tema, con lo que, además de ventilarse en la política, la cuestión será dirimida en Tribunales.
Lo cierto y concreto es que se ha dicho en estos días que, además de la ordenanza sobre las tierras, multas y tributos de Rincón Club de Campo, habría otras ordenanzas que durmieron un sueño indeterminado sin despertar, por no publicarse en el boletín oficial del Municipio, en el anterior período de gobierno.
“¿Cuáles son esas ordenanzas?” preguntó este medio. “Ya se darán a conocer, en los próximos días”, se le respondió. Y se recalcó que “se ha rebajado a un límite insostenible” la importancia institucional del Concejo Deliberante, inutilizando en los hechos ordenanzas sancionadas, que quedaban sin efecto concreto al no publicarse.
Si esto se confirmará o no, está por verse. Lo que difícilmente podrá eludirse, desde la política, es la responsabilidad de gestión de gobierno, concreta, sobre un tema que involucra un doble perjuicio, institucional y económico. Si esto se confirma fehacientemente, se estaría ante un caso inédito en la política local, porque se trabajó una legislación que después no se aplicó, y con esa no aplicación, se generó el perjuicio, y la molesta sensación de “protección” hacia determinadas zonas “calificadas” del ejido urbano municipal.
