La caída de recursos golpea a las empresas del Estado

El Estado tiene un problema serio de recaudación, y los
entes que prestan servicio del Estado, también, o peor. Es el caso del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), con
una situación que ya era de escasa cobrabilidad antes de la Pandemia, y ahora es más grave, con incremento en el
nivel de morosidad.

El 1º de marzo, el gobernador Omar Gutiérrez había presentado un proyecto para remediar
el asunto, y ese proyecto se comenzó a tratar en la comisión de Asuntos
Constitucionales y Justicia, en la Legislatura, con la modalidad de video
conferencia.

Lo primero que salta es la falencia estructural. Maximiliano
Caparroz, el presidente de la comisión, informó que Caparroz informó que la
provincia tiene 92 mil usuarios del
servicio prestado por el EPAS, de los cuales (solamente) 6.400 tienen medidor.
Señaló que la deuda con el ente es de
820 millones de pesos y que, con el plan de recupero, se estiman obtener alrededor de 200 millones de pesos que
se destinarán a inversiones.

El plan de recupero propuesto por el Poder Ejecutivo incluye
condonaciones de intereses y planes de
pago de deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019 por el servicio agua y
saneamiento. Uno de los puntos que surgió en el debate para ser analizado es la posibilidad de extender los plazos,
teniendo en cuenta que el proyecto fue presentado antes de la propagación de la
pandemia y, desde entonces, el escenario cambió radicalmente.

Desde el Frente de Todos, el diputado Darío Peralta planteó la necesidad de establecer una
prórroga sin intereses para los usuarios y las usuarias que no puedan pagar en
el contexto de la pandemia. Por otro lado, observó que se trata de una ley recaudatoria que va a contramano de lo que se
está implementando en el marco de la emergencia. El diputado Sergio Fernández Novoa, del mismo bloque,
solicitó que se invite a funcionarios del organismo.

Su compañera de bloque, Soledad
Martínez, pidió conocer la facturación mensual y el promedio de recaudación
del ente, como así también incluir los períodos devengados durante la
emergencia. A la vez, consideró que se trata de un proyecto “laxo” porque
establece un régimen de facilidades y porcentajes de quita mientras que, por otro lado, contiene un artículo que
plantea que el Poder Ejecutivo podrá disponer cualquier mecanismo durante un
plazo de cinco años. En sentido similar fue el planteo del diputado Carlos Coggiola (Partido Demócrata
Cristiano) quien advirtió que “se va a
producir una mora porque el agua, al no poder cortarse, es uno de los últimos
servicios que la gente paga, más en época de pandemia”.

El diputado César
Gass (Juntos por el Cambio) recalcó que el EPAS es un organismo autárquico
y descentralizado y ‘per se’ tiene facultades suficientes para decidir sobre
las posibilidades que plantea el proyecto. Opinó que, en ese sentido, es una redundancia y pidió que se
compatibilice con la ley de creación del organismo con una mirada “con mucho
realismo y transparencia”.

Su compañera de bloque, Karina
Montecinos, se pronunció a favor de ampliar la posibilidad de adhesión a
los planes de pago de la deuda para incluir a las personas que no están
bancarizadas, como así también de los tiempos y las quitas. A la vez, observó
que la propuesta otorga al gobernador permisos y atribuciones durante muchos
años, por lo que pidió acotar esos
plazos. Por otro lado, planteó que el proyecto fue presentado antes de la
pandemia, en un contexto en el que se pensaba una provincia con determinados
ingresos y niveles de precio en el barril de petróleo, por lo que es necesario ver en qué situación se va a encontrar después
o durante esta coyuntura.