Cuarentena, discurso único y un cacerolazo revelador

Hay un solo
discurso político en estos momentos de Neuquén. Es el de la pandemia, y el cumplimiento, en ese contexto, de la
cuarentena, o, como se llamó oficialmente, el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.
De todo lo demás, intenta no hablarse. ¿Qué es lo demás? Un universo casi infinito, que constituía la normalidad de las
personas. Esa normalidad ha sido desarmada. Y es el costo y la manera de cómo volverá a armarse, lo que,
centralmente, la política no está discutiendo puertas afuera.

El gobernador
Omar Gutiérrez se reunió en estos últimos días, con la cúpula de la policía
provincial. El tema de esa charla fue el
sensible “relajamiento” de la cuarentena. Gutiérrez expresó allí su
preocupación por la situación, y lo
atribuyó a una paradoja: la cuarentena ha demostrado ser exitosa, pero esta
misma calificación, percibida por la gente, ha producido un peligroso desviamiento en las conductas sociales, que
se pretende sean ejemplares en lo que hace al cuidado sanitario.

“La gente no ve
riesgos, y se afloja”, se comentó en la Casa de Gobierno. Circula allí un cuadro, que en la edición de esta nota se reproduce,
que coincide con el diagnóstico: se ve como el pico de números de casos se dio
en los primeros días del mes, y cómo después hubo una notoria caída. La
evaluación que se hace en el gobierno es que la percepción general se focaliza
en las poblaciones con más número de casos. En Loncopué, en el ejemplo neuquino; o en Choele Choel y Bariloche, en
el caso rionegrino. Por cierto, a Neuquén le preocupa Cipolletti, también
con mayor número de casos, dada la
comunicación intensa que hay entre esta ciudad y la capital neuquina.

En este contexto,
al mismo tiempo que se permite la vuelta de algunas actividades económicas, se reforzarán los controles que hace,
centralmente, la policía. Gutiérrez no piensa aplicar restricciones que
tengan que ver con días para determinada terminación de documento. Eso
quedaría, en todo caso, en la decisión de algún intendente (Mariano Gaido, por
ejemplo, esbozó esa posibilidad, aunque todavía no tomó una decisión). Lo que sí el gobierno está seguro de hacer,
es retrotraer lo que ahora permite en el caso de que haya algún problema. “Es
una prueba, la apertura. Hay que ver cómo sale”, se dice.

Mientras, como la
gente sigue viviendo y no se produjo ningún cambio cultural en poco más de un
mes, la realidad presiona. Por un
lado, el más evidente, el económico. La presión es muy fuerte. Hay 20 mil trabajadores petroleros
suspendidos, en sus casas, cobrando (por ahora) el básico pelado. Hay centenares, miles de personas, que
comienzan a tener problemas económicos, pues están vinculados a la economía
desde la informalidad o desde el monotributo. Y también hay situaciones que
explotan. Es lo que pasó en el barrio
Canal V, de la capital neuquina.

Hubo una denuncia
por maltrato y abuso contra tres niños en una vivienda de ese barrio. La
justicia actuó por medio de la fiscalía, se ordenó y cumplió un allanamiento, y
se detuvo a la pareja presunta autora de los abusos. Pero la jueza Ana Malvido ordenó liberarla, pues no encontró
fundamentada la posibilidad de proceder a una imputación con prisión preventiva.
Esa decisión provocó una rebelión vecinal en medio de la cuarentena, muy
llamativa. Los vecinos fueron a la plaza del barrio. Con barbijos, y pancartas,
y cacerolas. A protestar contra la
decisión de la jueza. Están seguros que los abusos se cometieron, y no ven
una adecuada respuesta del servicio de Justicia. Antes hubo una acción más violenta, que no llegó a concretarse, pero
que tenía la intención de quemar la vivienda del caso. Los chicos fueron
puestos a resguardo de otros familiares, y la fiscalía insistirá en la
acusación. El caso sirve como ejemplo de
que la vida no se suspende por cuarentena. Ni lo bueno, ni lo malo.

Así, a medida que
avanza abril, la misma cuarentena se
convierte en objeto de la discusión ciudadana. Con o sin políticos. Fue muy
evidente, por ejemplo, la controversia que se armó de inmediato cuando el jefe
de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez
Larreta, ordenó que los mayores de 70 años, en la jurisdicción que él
gobierna, tengan que pedir un permiso para salir a la calle. El tema tiene actualidad internacional
dispar. En Francia, Emmanuel Macron
tuvo que dar marcha atrás con una parte de una iniciativa parecida. En
Alemania, Angela Merkel condenó la
idea y la consideró un avasallamiento a la libertad individual y una
discriminación. Aquí, también sirvió
para ir midiendo hasta dónde la ciudadanía aceptará y hasta dónde no.

Por cierto, lo
que sucede ya en Argentina, debe
revisarse con la Constitución en la mano. Se verá, rápidamente, que no hay decreto que pueda meterse con las
libertades y garantías que la Constitución otorga. Solo el Congreso, con la
sanción de leyes, puede meterse en ese terreno, no el Poder Ejecutivo, por más que haya una emergencia sanitaria.
De seguir esta situación, e incluso, como es posible, de avanzarse todavía más
en este terreno, la política deberá
comenzar a hacer lo suyo, so pena de entrar, subrepticia pero sostenidamente,
en el escabroso terreno del autoritarismo.

Rubén Boggi