Cobran multas por estacionar a discapacitados: hay duro reclamo

El estacionamiento medido es tan estricto en la capital  neuquina que hasta le cobran multas a personas con discapacidad, según surge de una exhortación que hizo la Defensoría del Pueblo de Neuquén a la empresa concesionaria del sistema automatizado de estacionamiento medido (SAEM), para que cumpla las normas vigentes.

Lo que se le pide es que extienda  la credencial del beneficio de exceptuar el pago de uso del espacio público a personas con discapacidad.

Lo hizo a través de una resolución (Nº 22) en la que expone la denuncia de una persona con hijo discapacitado, a la que el SAEM le hace multas, pese a exhibir el certificado del Jucaid y fotocopia de DNI en el parabrisas de su vehículo.

La resolución que firma el titular de la Defensoría, Ricardo Riva, requiere al SAEM que en lo sucesivo “arbitre los medios para extender la credencial a todo habitante de la nación que haga el trámite correspondiente, tal como lo ordena el artículo 2º de la ordenanza 13.605”.

A la vez, le exhorta a validar los certificados de discapacidad no expedidos por la Jucaid, como forma de no excluir a habitantes de otras provincias. Y en el caso de habitantes de otras jurisdicciones, que se dé por cumplido mediante el certificado original de discapacidad con constancia de domicilio real, con la simple exhibición de una copia autenticada por autoridad competente y una copia simple del DNI del beneficiario.

Riva le solicita a la secretaria de Movilidad Urbana de la Municipalidad que exija a la empresa el cumplimiento de otorgamiento de la franquicia de libre estacionamiento, según los procedimientos mencionados.

A la persona perjudicada con actas de deuda, el SAEM le impuso obstáculos de distinta índole; que "la franquicia no es automática"; que había que tramitar una credencial"; luego que "por vivir en otra ciudad no se podía acceder"; "que debía dejar el original del certificado de discapacidad en el parabrisas". No obstante, las actas de infracción se hacían.

También le pidieron que debía acreditar domicilio real del beneficiario, hecho por el cual la mujer dejó junto al certificado de discapacidad una copia del DNI de su hijo. Y las multas continuaban.

Por último, le dijeron que el domicilio real debía estar inserto en el certificado del Jucaid. En la actuación Nº 1127 de la Defensoría, la mujer denunció que el planteo del SAEM es "descabellado, violatorio de la ley y con el solo objeto de recaudación".