Tecpetrol iría a la Justicia por el recorte al subsidio al precio del gas
La nueva “interpretación” de Lopetegui y Duvjone sobre la resolución 46/17 es que “no corresponde pagar subsidios por encima del volumen informado y aprobado”; mientras que para Tecpetrol “el régimen no prevé limite a los volúmenes” que tiene derecho al incentivo, como tampoco “hubo límite a los beneficios otorgados por los Programas de estímulo a la producción de gas”.
Lo que si está claro que con los distintos cambios de interlocutores en el área energética durante el actual gobierno y el desconocimiento de los actuales funcionarios sobre la industria, teminaron incrementando la desconfianza de inversionistas. Desde que comenzó la “doble” interpretación se desaceleró la inversión de la llamada “segunda turbina”.
El Ministerio de Hacienda “no ha dado respuesta a ninguno de los argumentos específicos” expresa el comunicado, reafirmando que Tecpetrol ha confiado “en la letra y el espíritu de la Resolución 46/17”; actuando “en todo momento de buena fe, guida por las normativas e indicaciones dadas por el Gobierno”.
Para que no quede duda alguna, la empresa del grupo Techint expresa que “considerar que aumentar la inversión y la producción de un recurso vital para el país en el marco de un régimen que no contempla límite alguno sea abusar de un derecho, como sostiene el rechazo del Gobierno, es un error”.
La dura misiva distribuida a los medios de prensa sostiene que Tecpetrol “confía en que sus argumentos están sustentados por la regulación existente y confirmados por los propios actos de la administración” en alusión a las manifestaciones públicas del Ministro del área.
El grupo empresario de Paolo Rocca no se hizo esperar y a última hora comunicó clara y contundentemente su punto de vista “con el pleno convencimiento de que su posición es justa, y luego de haber desarrollado el proyecto de inversión privada más importante ejecutado en el país en los últimos años, en defensa de sus intereses y los de sus accionistas, Tecpetrol considera recurrir a los tribunales nacionales y/o internacionales correspondientes en defensa de sus respectivos derechos”.
Quizas el arbitraje internacional arroje luz al “juego de interpretaciones”, pero lo que es seguro, es que el tiempo que demandará la justicia no se recupera y que el costo político y económico no lo asumirá la presente administración.
