Luna de hiel en Bogotá
(Especial por Jorge Gorostiza) En 100 días, el presidente colombiano, Iván Duque, ha dilapidado la mitad de su aprobación política. Y, a juzgar por las últimas noticias, la sangría parece no haber llegado aún a su fin.
El propio mandatario, quien asumió en agosto pasado, admite la veracidad de las encuestas que revelan la caída de su popularidad del 54% al 27%, pero asegura que el hecho se debe a factores externos.
La situación económica, el desempleo y la inseguridad son las principales preocupaciones de los consultados. El aumento del IVA para los alimentos y la falta de presupuesto para las universidades generan multitudinarias manifestaciones en las principales ciudades.
Por si fuese poco, un doble homicidio y la difusión de unas escuchas telefónicas (ambos hechos vinculados a la causa Odebrecht) ensombrecen aún más la credibilidad del presidente colombiano.
En su discurso inaugural, Duque prometió unificar al país, terminar con el clientelismo y combatir la corrupción. Viene fallando parejo en los tres frentes.
Colombia ostenta el privilegio de ser la democracia más antigua de América Latina pero también el triste récord de sostener la guerra interna más larga del continente.
Después de 70 años de conflicto armado, el gobierno del presidente Santos, antecesor de Duque, llegó a un acuerdo de paz con las FARC, la principal guerrilla del país.
La retirada de las FARC de los territorios que controlaba fue seguida por un recrudecimiento de la violencia narco paramilitar contra la población civil.
Grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creadas por el ex presidente Álvaro Uribe, son ahora los únicos señores de la vida y la muerte en el Cauca, Nariño, el Chocó y Santander Norte.
En 100 días de nuevo gobierno, el paramilitarismo lleva asesinados 69 líderes sociales, dirigentes campesinos, indígenas, ambientalistas y de Derechos Humanos. Uribe, además de promotor de las AUC, es el mentor político del presidente Duque.
En cuanto a la lucha contra “la mermelada”, como se conoce en el país al clientelismo, el nuevo gobierno no ha podido aún deshacer la madeja de favores oficiales que caracteriza al sistema político colombiano.
Sin mayorías claras en el congreso, cada partido gobernante, a su turno, ha tenido que recurrir a alianzas espurias y acomodos varios para lograr mayorías circunstanciales y gestionar la administración pública.
El gobierno de Iván Duque no es la excepción... Y la población bien lo sabe. Pero la cuestión Odebrecht es, sin dudas, la de mayores consecuencias institucionales.
A partir de la causa Lava Jato, Marcelo Odebrecht fue detenido en 2016 por el pago de millonarias coimas en dólares para obtener contratos de construcción para la empresa mixta Petrobras.
Para reducir su condena, en el marco del programa de delación premiada, Odebrecht admitió ante la justicia de los EEUU haber pagado coimas en otros 11 países, además de Brasil:
Por orden alfabético, estos son: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
Marcelo Odebrecht confesó que entre 2007 y 2014 pagó en Argentina más de US$ 35 millones en sobornos para la adjudicación de tres proyectos en los que la empresa obtuvo 280 millones de dólares.
En una de las obras, el soterramiento del tren Sarmiento, está involucrado Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Macri. Calcaterra declaró por escrito en la causa y niega haber pagado coimas.
Por su parte, la investigación de la trama corrupta en Colombia se centra en la construcción de la Ruta del Sol, que comunica el centro con el norte del país.
El ingeniero Jorge Pizano, ex auditorl financiero de la Ruta del Sol y testigo clave en la causa, apareció muerto la semana pasada.
Antes dejó una grabación en la que revela que el fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, ocultó la corrupción orquestada por Odebrecht. Martínez era abogado de una de las constructoras de la autopista.
Como auditor, Jorge Pizano detectó irregularidades sobre pagos realizados por la empresa brasileña. En 2015 se las comunicó personalmente a Martínez, quien por entonces era abogado del conglomerado.
Durante la grabación, Martínez le dice a Pizano: “Hijoeputa, esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto?”. Pizano no estaba seguro si los pagos eran licitaciones o dinero para grupos paramilitares.
Alejandro Pizano, hijo de la víctima, viajó desde España para asistir al sepelio pero murió envenenado por cianuro al beber de una botella de agua saborizada que se encontraba en el escritorio de su padre.
A pesar de la grabación y de las muertes, el presidente Duque respalda a Martínez, limitándose a pedir el nombramiento de un fiscal especial para el caso.
La familia Pizano pide que se dé a conocer la totalidad de las grabaciones que le costaron la vida a quien estaba comprometido con el combate a la corrupción.
Mientras tanto, el mandatario colombiano hace responsable del descrédito de su gobierno a la inmigración y a la pesada herencia recibida. ¿Les suena familiar?
