Quiroga rechaza mediación y pide desalojo de usurpación

9 mayo, 2017
Quiroga rechaza mediación y pide desalojo de usurpación
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El gobierno capitalino de Horacio Quiroga rechazó un pedido del fiscal Marcelo Silva para acceder a una mediación –mecanismo de conciliación vigente en la provincia- con ocupantes de un predio del municipio en la zona del Parque Industrial.

“Acá no hay mediación posible porque claramente hay personas que están cometiendo un delito, un Poder Judicial que ya emitió una orden de desalojo, y una policía que no la cumplió y todavía no se sabe por qué”, sostuvo el Intendente.

“Es evidente que se actúa naturalizando el delito, se buscan artilugios y excusas para no llevar adelante el desalojo, y convocan al municipio a una mediación con quienes están usurpando tierras que son propiedad del Estado municipal”, dijo Quiroga.

Destacó el jefe del gobierno capitalino que “participar de una mediación sería avalar un delito y no lo vamos a hacer”.

A través de su representante legal, Javier Pino, el municipio formalizó la presentación ante el fiscal Silva, donde dejó constancia que “rechaza expresamente esta instancia de mediación, en razón de los intereses públicos comprometidos que exceden los hechos de los particulares que deciden incurrir en el delito de usurpación de inmuebles de patrimonio municipal”.

“Peticiono nuevamente para que se emitan los actos idóneos para hacer cesar los efectos del delito y se materialice la orden de desalojo de las tierras municipales”, dijo el letrado en el escrito elevado a la fiscalía que interviene en la causa.

Pino informó además que en el marco de la causa judicial existió una presentación de la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) a través de la cual se explicó que “existe riesgo para la vida de las personas que se encuentran allí apostadas” y que “existe un incumplimiento a las regulaciones de seguridad del ENARGAS para la población”.

Esto porque la usurpación se encuentra ubicada sobre el gasoducto de alta presión que transporta gas entre Challacó y Bahía Blanca.

En el escrito presentado por TGS se explica que “la actividad de transporte de gas natural por gasoducto es un servicio público, razón por la cual el riesgo que implican las construcciones dentro de la zona de seguridad, pone en peligro la prestación de ese servicio público”.

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