Sueldos universitarios y sospecha de vendeta

[caption id="attachment_29081" align="alignleft" width="266"] El rector de la Universidad del Comahue, Gustavo Crisafulli.[/caption]

Fue un hervidero el acotado ambiente político que tiene su epicentro en la Universidad del Comahue, a partir de una nota publicada por el diario Clarín, donde se hacía referencia a una planilla de sueldos con abultados montos. El rector, Gustavo Crisafulli, y el vicerrector, Daniel Nataine, negaron lo publicado, explicaron que no se trata de la realidad, y simplificaron el asunto con la consigna, ya histórica, del kirchnerismo: “Clarín miente”. Esto lo hicieron porque vieron detrás de la publicación una motivación política, una intencionalidad más allá de los números, que fueron desestimados atribuyéndose la situación a una excepcionalidad salarial con el pago retroactivo de un aumento, más el sueldo anual complementario.

Entre bambalinas universitarias, se comentó que habría un nexo entre lo sucedido y una reunión, que no se había hecho pública, entre el intendente capitalino, Horacio Quiroga, y el rector de la UNCo, Gustavo Crisafulli. En ese encuentro, que habría sido el martes de esta semana, parece que hubo una encendida discusión alrededor de la postura de la casa de altos estudios respecto de la boleta única electrónica, que, como se sabe, fue crítica en cuanto a la seguridad que ofrece el sistema de votación utilizado en los últimos comicios capitalinos. La discusión fue con tono elevado y no terminó en paz, al punto que –se dijo- el belicoso intendente se fue “con los bolsillos llenos de piedras” y profiriendo advertencias ante el presunto ofrecimiento de concordia puesto sobre la mesa por los universitarios,  más acostumbrados a la pirotecnia verbal sin consecuencias físicas.

Así las cosas, este jueves el comentario in pectore de varios dirigentes universitarios, dolidos por el escrache infundado, fue que el destape habría sido impulsado directamente desde las oficinas municipales, que tenía color amarillo como el PRO de Macri, y que formaba parte de una maniobra que combinaba la coyuntura electoral con el rencor producido por el desplante de la boleta única electrónica, hecho no perdonado por un gobierno que además ya estaba bastante caliente por la imposición de una auditoría en el transporte público que saldrá más caro que lo se puede imaginar teniendo en cuenta que la Universidad es pública y bancada, por lo tanto, por el Estado.

De paso, quedó en claro en el efímero pero fuerte debate ocasionado, que el 95 por ciento del presupuesto de la Universidad se aplica al pago de salarios, hecho que –a juicio de la dirigencia estudiantil- no es apropiado para la salud económica de una institución que ha sido declarada en emergencia habitacional, que tiene serios problemas en función de esto, y a la que le queda poca capacidad de respuesta en función de la organización de sus finanzas, que como en el caso de todas las universidades nacionales públicas, son autárquicas, pero dependen del presupuesto nacional y de lo que se vote en el Congreso.