La Justicia y la política en Neuquén
La falta de mérito considerada por el juez Marcelo Muñoz para el oficial de policía Claudio Salas, autor del disparo que terminó con la vida del joven Brian Hernández, fue el hecho más importante de la semana, y aunque corresponde estrictamente al ámbito judicial, debe marcarse como relevante su impacto en la política y –sobre todo- en el especial contexto social de la capital neuquina, una ciudad que (como Bariloche) es siempre reflejo de lo mejor y lo peor de esta región del país.
Los fallos judiciales solo pueden discutirse en la propia justicia. No hay (o no debería haber) otro poder que pueda modificarlos, anularlos o desaparecerlos. El resto de los poderes puede obrar, no obstante, en función de una determinada situación creada por un determinado fallo, y de hecho lo hace todo el tiempo.
Las repercusiones de casos judiciales relevantes han sido y son variadas. Algunas, han originado cambios institucionales profundos. Otros, han precipitado renovaciones y cambios en la estructura del Poder Judicial; leyes nuevas; leyes que anulan otras leyes. Todos, siempre tienen influencia en la sociedad, marcan conductas plurales, crean costumbres nuevas y aboliciones sorprendentes.
El Caso Carrasco provocó, por ejemplo, el fin del Servicio Militar Obligatorio. Fue un cambio impresionante, porque afectó no solo a las instituciones, sino a las costumbres argentinas. El asesinato de un soldado conmovió así profundamente a la sociedad, y dio origen al actual sistema de modalidad semi-profesional en las Fuerzas Armadas, la incorporación masiva de las mujeres a estos servicios, y además profundizó la desarticulación del poder militar achicando gradual y constantemente sus presupuestos. Fue un caso neuquino de repercusión nacional e internacional.
El Caso Fuentealba dio paso a una increíble liberalización del sistema de control de las protestas sindicales y sociales. A partir de la muerte de ese maestro, a manos de Darío Poblete, policía que hoy sigue cumpliendo su condena, se abrió un fuerte debate sobre la “criminalización de la protesta social” que produjo en definitiva una especie de armisticio político y judicial sobre los cortes y bloqueos de rutas, el accionar represivo en general frente a movilizaciones callejeras, y muchas actitudes que más allá que estén contempladas por las leyes, no son contempladas en la práctica, ni por gobernantes ni por jueces.
El Caso Fuentealba aun no está cerrado del todo, porque sigue abierta la causa “Fuentealba II”, que debe juzgar responsabilidades indirectas en la muerte del maestro. Esa sentencia es esperada en el ámbito político porque básicamente dispondrá la inocencia o no de quien era el gobernador cuando ocurrió el crimen, el actual presidente del MPN, Jorge Sobisch.
Lo concreto es que los hechos criminales y el accionar judicial respecto de ellos suele tener repercusiones sociales y políticas profundas. Y este puede ser el caso de Brian Hernández, con este primer fallo del juez Muñoz, que libera de responsabilidad penal en esta instancia al policía que disparó y produjo la muerte del chico; y también abre una situación plena de interrogantes sobre lo que vendrá a partir de esa decisión: ¿se afianzará un modo de operar de la policía en situaciones parecidas? ¿Se producirá algún cambio en este tipo de actuaciones policiales, que son cada vez más frecuentes porque los índices de criminalidad y marginalidad siguen incrementándose, a despecho de las visiones siempre optimistas del oficialismo?
Hay por lo menos dos casos más de fuerte repercusión que potencialmente pueden incidir en la política y en la sociedad, según sea su resultado en la Justicia.
Uno es el referente a la causa abierta por la tragedia en el supermercado Cooperativa Obrera. Esta causa tiene tres procesados, que son el dueño del lugar, el arquitecto que trabajaba para él, y el capataz de la obra. Pero la causa judicial se desdobla, al igual que lo ocurrido en el caso Fuentealba. Será el caso del supermercado II, y se investigarán allí las presuntas responsabilidades indirectas en la tragedia que provocó la muerte de siete personas. Es una causa judicial que tiene efecto en el área municipal capitalina de gobierno, y también fuerte resonancia pública en general, con algún efecto sobre costumbres argentinas (la laxitud en controles, el hacer trampa permanentemente, etc.)
El otro caso con efecto directo en la política y la sociedad es el caso Aigo. Como se recordará, se originó en el asesinato de un policía en una ruta cordillerana. Es un caso que involucró a dos personas que –aparentemente- huyeron a Chile, donde tendrían inserción en grupos considerados allí como terroristas; y a una tercera que es argentina y es el hijo del actual intendente de San Martín de los Andes.
El caso Aigo desapareció de los medios, por la simple incidencia de la indiferencia ante procesos largos, que hace desdeñar asuntos que “dejan de ser” noticia. Pero no ha culminado ni mucho menos, ni aventado muchísimas dudas que hay sobre el proceder en el momento de los hechos, y que tienen que ver directamente con una fuga improbable pero que sin embargo fue exitosa, de dos personas perseguidas por todo el poder coordinado de las fuerzas de seguridad, en un área limitada. Dos personas pudieron huir, de a pie, cruzar la cordillera de los Andes y sumergirse en la clandestinidad de una zona de Chile sacudida por una especie de guerra entre el gobierno de ese país y beligerantes comunidades mapuches.
En un país donde permanente se relativiza el concepto de lo que está bien y lo que está mal, pues se lo ata a las coyunturas…y lo que hoy está bien mañana puede estar mal, y viceversa; esta relación entre hechos que atañen al Poder Judicial e involucran a los otros dos poderes del Estado, tiene siempre vigencia.
En Neuquén también.
Rubén Boggi
