Un cuento de Navidad, pero al revés
Singulares días festivos se viven en la región, entre sabotajes dramáticos, saqueos a supermercados, gendarmería y policías ocupando las calles, y hasta la erupción de un volcán. Política y naturaleza parecen desbordar previsiones tal vez ingenuas, tal vez distorsionadas. La imposición de la calma no suena convincente, más allá de que el periodismo ha sido puesto en la picota de la duda, y cada voz que se alza para advertir es defenestrada por quienes se arrogan la verdad desde la incómoda poltrona del poder, o de la no menos incómoda sillita de la ignorancia.
La verdad no está en discusión, sino apenas el enfoque que se hace de la realidad. Esto es importante, porque indica entre otras cosas si hay que mirar a Neuquén como (otra vez) una isla de felicidad probable, o simplemente, como una provincia más dentro de un país inestable, ocupado en sus conflictos internos, que comienza a evidenciar las consecuencias de un largo letargo político, de una singular epifanía de los discursos en desmedro de los hechos.
El gobierno neuquino tuvo una semana intensa, distinguida por dos sucesos principales. El primero, un operativo de rutina en el barrio San Lorenzo de la capital neuquina que terminó con un pibe de 14 años muerto por el disparo de un oficial de policía. El segundo, una “ola de atentados” contra líneas de transmisión eléctrica que fue desnudado por el incidente de un operario electrocutado al pretender, según se dijo, perpetrar un sabotaje con una cadena de cinco metros de largo en una línea de 33 kilovatios.
Los dos hechos son muy distintos y con diferente repercusión. El episodio en el que Brian Hernández recibió un disparo en la nuca y terminó muerto en el hospital Castro Rendón fue negativo para el gobierno. El disparo del oficial Claudio Salas disparó a su vez el cuestionamiento semi-permanente que hay de algunos sectores políticos y organizaciones sociales hacia las políticas de seguridad que instrumentan los gobiernos del MPN, y el fantasma de la posibilidad de pasar por otro caso Fuentealba adquirió de repente una vigencia inesperada.
El gobierno de Jorge Sapag reaccionó rápidamente desde el área conducida por el ministro Gabriel Gastaminza. Primero se determinó que a pocas horas del hecho, se diera una conferencia de prensa para afirmar el concepto de que se ponía todo a disposición de la Justicia para un rápido esclarecimiento. Después, el ministro Gastaminza se reunió con la madre del ya muerto adolescente, y consiguió desactivar una marcha que se había organizado en el oeste capitalino.
Los pasos que se siguieron no difirieron mucho de los que dio el gobierno de Jorge Sobisch cuando el crimen de Fuentealba, claro que en un contexto mucho más complicado: conferencia de prensa-justicia-reunión con familiares-entrega rápida del culpable del disparo-juzgamiento de la responsabilidad de éste. En aquellos agitados días del 2007, Sobisch encabezó cada una de esas movidas. En este 2012, en un caso con menor repercusión corporativa, ya que no hubo un gremio en el medio, Sapag se preservó de aparecer en el primer plano de la escena.
El caso de los sabotajes y del operario del EPEN gravemente herido terminó resultando, en cambio, positivo para el gobierno. Le sirvió para evidenciar una estrategia filo-terrorista de un sector sindical. Acentuó su acusación acerca de una interna gremial y política que se libraba con el EPEN como escenario y con el gobierno y los usuarios del servicio como eventuales víctimas.
Como el caso se vivió prácticamente al mismo tiempo que comenzaran los violentos episodios de saqueos y vandalismo en las calles de distintas ciudades argentinas, empezando por Bariloche, el gobierno de Sapag recibió imprevistamente una señal de respaldo del propio gobierno nacional, a través de Juan Manuel Abal Medina, quien metió en una misma bolsa sabotajes con saqueos responsabilizando a la CGT de Moyano y la CTA de Pablo MIcheli, representada en el caso del EPEN por el titular de ATE nacional, el neuquino Julio Fuentes.
Mientras todo esto ocurría sin que nadie atinara a dar una explicación certera del porqué de tales ocurrencias, la actividad volcánica del Copahue se incrementó y la semana tuvo un cierre, en la mañana del sábado, con erupción volcánica comprometiendo seguridad de habitantes y recuperación turística al mismo tiempo.
En estos casos, siempre se da una reacción un poco ridícula desde el poder: se pretende minimizar todo antes de saber cabalmente qué es lo que está pasando. Queda al desnudo la ansiedad por atenuar un posible impacto económico negativo para operadores turísticos, comerciantes, viajeros, en fin, la industria que más ha promocionado el actual gobierno nacional, la del turismo, con los feriados largos y la obsesión por demostrar que los argentinos pueden viajar y disfrutar porque están, básicamente, muy bien.
Como desde la Argentina la información acerca de los volcanes es escasa, tardía y poco confiable, todos siguen lo que ocurre en Copahue desde Chile. En el país vecino, hay un seguimiento puntilloso de todos los volcanes de la cordillera de los Andes. El organismo encargado de esta tarea puso primera alerta amarillo, después naranja, y el sábado a la noche, rojo. “Puede haber una erupción mayor”, se afirmó.
A esa hora, ya el gobernador Sapag estaba en Copahue. Después de lo ocurrido con el Puyehue, el gobierno neuquino adquirió rápida experiencia en volcanes.
Se verá si la erupción queda acotada a la gran olla del Copahue, o si replica en los sectores sociales que arrasaron con artefactos y mercaderías varias, sectores que eluden los sellos clasificatorios, pues no se atina a encasillarlos como delincuentes, o como emergentes del descontento más marginal y desamparado, o como ambas cosas, o como simples sirvientes de los agentes destituyentes que el kirchnerismo ve en todos lados.
Singular fin de año el de Argentina. Tal vez, simplemente un preludio para el principio del nuevo.
Rubén Boggi
