La corrupción, dilema también en Neuquén

Hay una razón fundamental que explica y tal vez justifica que en el país, y en la provincia de Neuquén cada vez más, se siga discutiendo si hay o no libertad de prensa, si se ejerce tal libertad, y si está bien ejercerla como se la ejerce: la supervivencia de un esquema de poder autoritario, ante el cual los gobernantes sucumben inexorablemente, envueltos en el ropaje de los adoradores del poder y los entusiastas de las revoluciones fáciles.

Hay una costumbre, que consiste en encarnar en una sola persona, o en un pequeño grupo, toda la satisfacción o la insatisfacción social de la época. Es equivocada esta costumbre, nace de una enorme simplificación, pero existe y debe contemplarse.

Así, se puede pasar de lo sublime a lo ridículo –como solía decir Don Felipe Sapag- en muy poco tiempo. Cristina Fernández, por ejemplo, pasó de una imagen positiva de casi 70 por ciento a un mísero 24 por ciento actual, en menos de un año. Jorge Sapag, el gobernador neuquino, compartió las mieles de la aprobación absolutamente mayoritaria, pero ahora su gestión es muy cuestionada.

Cuando se enfrentan estas realidades, que no son solo estadísticas, sino mediciones de la sensación social predominante en tal o cual momento, que responden a personas de carne y hueso, individuos transformados en cuerpos sociales ambiguos pero determinantes, se acostumbra a culpar a quienes hacen evidentes tales cuestiones, comunicándolas, analizándolas, interpretándolas.

Este trabajo, guste o no al Poder, lo hace el periodismo. El periodismo existe en Argentina: no es un invento del neoliberalismo.

No es un conjunto de cínicos peones a sueldo de los sectores de poder el periodismo, más allá de que hay buenos y malos como en cualquier parte.

Entender esto parece de Perogrullo. Esto no se discute en naciones civilizadas. Allí a los malos periodistas directamente no se les cree, no se los consume, y punto. Allí tampoco suele suceder que desde los más míseros concejales a los más encumbrados ministros repartan plata por debajo de la mesa entre periodistas que avergüenzan la profesión.

El problema del periodismo en Argentina no es la ética, sino la corrupción generalizada y la desvalorización del conocimiento, fenómenos propios de un país en el que la educación ha colapsado, provocando un vacío intelectual alarmante.

En Neuquén esto también es necesario evaluarlo cuando se analiza la actual coyuntura. El gobierno de Jorge Sapag no solo ha comenzado a discriminar medios con su pauta, sobre la comprensible explicación de un ahorro necesario a la crisis como argumento, sino que también se ha colgado –tarde- de los retazos ideológicos del kirchnerismo en su concepción atávica de lo que es la libertad de prensa, que consiste básicamente en no respetar aquella prensa que no puede dominar directamente.

No es la primera vez que sucede con un gobierno del MPN, pero es alarmante constatar que otra vez se comienza a hablar de prensa amiga y enemiga. En una provincia que –como tantas otras- tiene un empresariado de medios adolescente, confuso, errático y acomodaticio, sin mayores convicciones por falta de tradición, de práctica y de fundamento económico, este rasgo de la actualidad debe ser contemplado y discutido entre los políticos que pretenden renovar la democracia, profundizándola, haciéndola más real, más palpable, más sólida, más inteligente.

Ubicar esto en el contexto es importante porque sino parece que todos hablan de una Neuquén que en realidad no existe. Neuquén es una provincia que ha crecido y progresado de manera muy importante vinculada siempre a su producción energética. Ha producido una malformación en su estructura estatal, que a medida que gasta más, se torna más ineficiente. La base de la corrupción estatal está en este “detalle” del asunto: 60 por ciento de un presupuesto de más de 10.000 millones de pesos se va en sueldos estatales, mientras alrededor de la capital provincial se acumulan grandes bolsones de pobreza, y el desarrollo de las regiones provinciales sigue atrasado, provocando una migración interna hacia la capital que no se interrumpe.

De ese 60 por ciento que se gasta en salario, hay un enorme dispendio improductivo. El gremio UPCN, el más moderado en sus peleas con el gobierno, es sin embargo el que lo señala y lo prueba con datos concretos. En sus planillas, cuenta más de 2.000 empleados del Estado que no trabajan pero igual cobran, a razón de 6.000 pesos por mes, promedio. ¿Qué es esto, sino una denuncia de corrupción? ¿Por qué la palabra “ñoqui” no conmociona en Neuquén? ¿Por qué hay una costumbre que la tolera y la justifica?

El gobierno de Sapag ha dispuesto la conciliación obligatoria ahora. No se hace para frenar el conflicto, porque de hecho la conciliación obligatoria, en un contexto donde nada o poco se respeta, es una medida que ha perdido seriedad. Se hace para evidenciar y favorecer una negociación que se sigue manteniendo alejada de la opinión pública, alejada del acceso del periodismo, y que los operadores políticos del gobierno mantienen con los operadores sindicales.

De esa negociación, que puede fructificar más temprano o más tarde, con o sin cortes de rutas o cualquier otra fantochada autoritaria, es más o menos esperable que salgan ajustes salariales, que tal vez no impliquen una erogación inmediata, pero que se contemplarán, aunque sea para el año 2013, de alguna manera. Saldrán también más incorporaciones a planta permanente. Saldrá, en realidad, fortalecido, este esquema que no empuja hacia el progreso sino que lo condiciona y prácticamente condena: el de un Estado empleador, con empresas de fuerte ineficiencia.

Todo se hará con vistas a lo que puede suceder con el gas y el petróleo. En la semana pasada, la presidente Cristina Fernández tuvo, en medio de sus publicitados enfrentamientos retóricos con estudiantes de Georgetown y Harvard, un encuentro con el CEO de Exxon, una de las petroleras –estadounidense- más importantes del mundo, con experiencia en el shale gas y el shale oil. Fue un capítulo más de una recorrida de negocios que hizo el titular de YPF, Miguel Galuccio. Y una nueva confirmación de que las inversiones internacionales (necesarias) se harán solo cuando haya garantías de un marco jurídico sin sorpresas en el corto y mediano plazo, con un esquema de precios distinto al actual, que aunque no responda a los internacionales, sí justifique por sí mismo el recupero de las inversiones que se hagan. Concretamente, no menos de 4 ó 5 dólares el millón de BTU para el caso del gas.

La actualidad del pensamiento del gobierno nacional en este tema se puede chequear en las últimas declaraciones de Julio De Vido, en un reportaje publicado por Página 12 este domingo:

“La producción de YPF ahora crece con coste argentino, no con el precio del producto potencialmente exportable, sino al costo real de lo que sale producir gas y petróleo en el país. Por la experiencia que tuvimos cuando el combustible valió lo mismo en Argentina que lo que costaba en el mercado internacional –una política claramente antiindustrial y francamente exclusiva de grandes sectores de la sociedad–, ya sabemos cómo empieza, cómo se transita y cómo termina la película” (Es decir, habrá mejores precios pero menores que lo que se paga a nivel internacional, incluso menores a los que paga Argentina para comprar combustibles que necesita importar).

“Quizá en seis o siete años estemos en valores de producción que nos puedan llevar al autoabastecimiento. Pero no el autoabastecimiento de los `90, donde sobraba la energía porque no había trabajo. Con 23 por ciento de desocupados y PBI que se reduce, no me interesa el autoabastecimiento. Yo quiero autoabastecimiento con crecimiento del 10 por ciento del PBI anual” (despojando la frase de su contenido anti-neoliberalismo-menemista-satanizante, fija una idea de realidad que Neuquén debe apuntar, porque el autoabastecimiento saldrá fundamentalmente de Vaca Muerta. El período de tiempo que calcula el gobierno nacional implica lo que resta de gestión de Sapag más otro período de gobierno).

“El proceso de importación de gas y gasoil generó un desfasaje de la balanza comercial que la Presidenta utilizó como uno de los fundamentos de la ley de autoabastecimiento de hidrocarburos. Si la Argentina va bien, ese gas de Bolivia, los 27 millones de metros cúbicos, lo vamos a necesitar ávidamente, más allá de lo que pueda descubrir YPF en Vaca Muerta.” (El gobierno nacional no piensa en reducir la importación de combustible, sino en aumentarla).

Con estas realidades posibles, a Neuquén le espera mucho trabajo y mucha necesidad de austeridad. Lo deseable sería que esa austeridad la imponga el Estado sobre su propia estructura ineficiente, y que no se la haga pagar al conjunto de la sociedad menoscabando sus servicios esenciales, que son (siempre fueron) la educación, la salud, y la seguridad.

Rubén Boggi

 

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