Conflicto estatal: dictaron la conciliación obligatoria

Con distintas metodologías,  tres gremios ya habían anticipado medidas de fuerza, con paro y movilización, para la semana entrante.

ATE, pensaba volver al corte de rutas; ATEN (maestros) harían un paro con movilizaciones compartidas; y UPCN, que volvería al paro y manifestación como el que hizo este mismo viernes, con el énfasis puesto en una cantidad de presuntos ñoquis en el Estado escalofriante: más de 6.000 dicen, para justificar de dónde podría salir la plata para pagar un aumento.

Los dirigentes de ATE durante el plenario de este viernes (foto Matías Subat-Patagonia Foto Press).

Con el gobierno, la negociación sigue, pero sin atisbos todavía de que el Ejecutivo conducido por Jorge Sapag acepte discutir un incremento salarial al que por ahora se ha negado.Por lo pronto, dictó este viernes la conciliación obligatoria, medida que todavía no tuvo la respuesta por parte del gremio ATE. Sus dirigentes sesionaban cuando fueron notificados, por lo que decidieron tomar un cuarto intermedio hasta el lunes.

El gobierno ofrece incorporar más contratados (hasta un millar) a la planta permanente, así como otras medidas que mejorarían condiciones laborales y de estabilidad. Pero los gremios pretenden torcer el brazo que cierra la caja hasta el 2013. Invocan, comprensiblemente, el alto índice de inflación de la Provincia, que supera el 28 por ciento anual.En el gobierno de Sapag todavía no se ha asimilado del todo el fallo de la Justicia provincial que absolvió a dos dirigentes docentes, Daniel Huth y Marcelo Guagliardo, por un corte de ruta en 2010. El enojo no es por la absolución personal a estos dirigentes, sino por el contenido del pronunciamiento del fiscal García Lois y del juez Gustavo Villanueva, que prácticamente avalaron la protesta de bloquear una ruta.

La discrepancia fundamentalmente es con los argumentos esgrimidos por el fiscal García Lois, quien reafirmó el derecho a protestar, aun bloqueando rutas, atendiendo a la singularidad de cada caso. “No hay dos cortes de ruta iguales”, dijo el funcionario judicial.

En el gobierno de Sapag se considera al fallo como “político”, lo inscriben en una pulseada por presupuesto que existe entre los poderes del Estado y también los gremios, y admiten que ha significado un empujón de aliento a ese tipo de protestas sindicales, por lo que hay mucha prevención respecto de lo que puede pasar la semana próxima.

Obviamente, lo que menos considera el Ejecutivo es cualquier posibilidad de represión de esas protestas, aunque estudia cómo prevenirlas al máximo para no permitir que cumplan con el propósito de generar un fuerte perjuicio a quienes transitan por la provincia. Mucho más si se define algún tipo de bloqueo a la salida de combustibles. En este sentido, la apuesta política del gobierno se repetiría en una recurrencia a la misma Justicia con la que se ha enojado circunstancialmente.

También se opera políticamente para que todos los sectores posibles se expidan contra el corte o bloqueos de rutas. Los empresarios, por ejemplo, se reunirán el lunes (todas las cámaras empresariales, convocadas por ACIPAN), y en la agenda está la consideración de la situación del conflicto estatal y las metodologías violentas. Seguramente, el sector volverá a pronunciarse, como lo ha hecho ya en otras oportunidades, contra el corte de rutas.

 

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