El próximo sábado se tendrá la primera noticia política importante del año. Ese día, el MPN examinará su realidad frente a la coyuntura. Sopesará su equilibrio interno, verificará si hay o no masividad en la convocatoria, y expondrá fatalmente dudas y certezas, fortalezas y debilidades.

La convocatoria para encontrarse en Zapala parece ser el primer tejido resultante de una situación partidaria un tanto confusa. Aparece bastante claro que el gobierno de Jorge Sapag enfrenta una situación complicada por el devenir insólito, contradictorio (y aun así, lógica consecuencia) de la política energética nacional. De pronto, Sapag encuentra escollos para sus proyectos más urgentes en sus propios socios K, como en una paródica repetición de la historia que ya vivió el MPN con el peronismo en la década del ’70.

El MPN será, según su lógica, más o menos peronista (con el peronismo en el gobierno) según la afectación positiva o negativa que sufra su estrategia provincial. No puede permitirse adhesión sumisa si eso significa postergar intereses de progreso neuquino, pues ese progreso ha sido su principal, por no decir única, base de sustentación.

Por eso Sapag rumia su estrategia con ansiosa calma. Es un oxímoron viviente, pues debe sintetizar en su figura dos conceptos de significado opuesto: el de federalismo de coordinación, como él lo ha definido, con el de centralismo de conducción que ejerce Cristina Fernández, ahora con el exótico Guillermo Moreno como herramienta principal.

En esta disyuntiva compleja, Sapag muestra firmeza en la defensa de los intereses provinciales, deslizando veladas críticas hacia las políticas nacionales. Esas críticas no tienen forma de críticas, sino de propuestas que no se sabe con claridad si son apoyadas o no por el propio gobierno nacional. La última de ellas es la de impulsar inversión estatal allí donde no se registre la privada, y complementar ambas fuerzas para conseguir el resultado ansiado, que es el de revitalizar la producción de hidrocarburos mediante la puesta en marcha de los recursos no convencionales.

Con esta postura, que según quién habla del gobierno se hace más o menos crítica hacia lo que hizo y lo que hace el gobierno kirchnerista, ha desencadenado un vendaval modesto pero promisorio de sectores de la oposición. El peronismo, por ejemplo, lo acusa de defender los intereses de las empresas más que los de la sagrada Nación. El radicalismo, de quedar preso de una dicotomía que termina siendo “patética”. La izquierda, en general, se inclina naturalmente más hacia la posición K que en respaldo al MPN. El único socio que puede encontrar Sapag en esto es Horacio Quiroga, pero el Intendente capitalino hasta ahora se ha manejado con extrema prudencia en sus opiniones sobre la situación energética nacional.

Demás está decir que el sábado 25 se verá cuánto de respaldo tiene el gobierno del MPN en su propio partido. El encuentro programado en Zapala está trabajado, insoslayablemente, por el sector que conduce, a veces de manera explícita, a veces no, el presidente partidario, Jorge Sobisch.

La conducción partidaria fue la que difundió la movida de las seccionales, y Sobisch prometió su presencia, y al mismo tiempo dijo que prefería que fueran las seccionales las que invitaran al gobernador Sapag a la reunión. No es una sutileza, sino una evidencia de presión bastante gruesa: el MPN se apresta a verificar su actual estado de fuerzas internas frente a una coyuntura ideal para definir posiciones prácticas e ideológicas, porque por sus venas corre más petróleo que sangre, y cada vez que el gobierno nacional ha metido el dedo en esa aorta elemental, ha provocado una reacción del partido que gobierna desde hace 50 años.

El contexto, huelga decirlo, es extremadamente complicado para las finanzas provinciales y por supuesto para el país. El gobierno volcó toda la fuerza de la culpa sobre las empresas, y particularmente, sobre YPF. Sucede cuando comienzan a repartir en Buenos Aires las primeras facturas de gas sin subsidio, con aumentos que oscilan entre 100 y 400 por ciento. Sucede cuando el mismo funcionario ducho en góndolas de supermercado se ocupa de la cuestión energética restringiendo importaciones. Guillermo Moreno ha dispuesto, por ejemplo, que se congelaran pagos por el gas que se importa desde Bolivia, y ha dejado también sin pagar el gas de los últimos barcos metaneros.

Se verá en las próximas semanas si todas estas operaciones contradictorias desembocan en alguna medida positiva que aliente la producción nacional, o si todo queda en una gigantesca puesta en escena, a tono con el encendido nacionalismo de opereta del que gusta pintarse la Argentina cada vez que un problema de fondo altera los profundos intestinos de la gran desorganización nacional.

Rubén Boggi

El sábado, el gobernador Jorge Sapag marcó en su teléfono el número de la redacción del diario Río Negro. Personalmente pidió aclarar que él no había salido a pedir piedad para las empresas petroleras, y en especial para YPF, sino que solo había pretendido apuntar que no se tergiversaran datos concretos de la cuenca neuquina.

En el diario regional, se había publicado ese mismo día un artículo en el que se ubicaba a Sapag como el menos complaciente hacia la ofensiva del gobierno nacional contra la empresa YPF. El gobernador se enojó. Tal vez se sintió preso de la propia tela que ha bordado en Argentina una araña esquizofrénica de políticas gubernamentales contradictorias, engañosas, y siempre atadas a la necesidad política coyuntural.

Como generalmente ocurre, no son los medios de comunicación los responsables de que haya al menos cinco versiones distintas circulando sobre cuál es la verdadera intención de la política energética en el corto plazo. Tampoco son los culpables de que los mismos protagonistas que hace 20 años aplaudieron la privatización de YPF, ahora pretendan volver a estatizarla, mientras simulan tirarse de los cabellos ante la ausencia de inversiones de las empresas privadas, concesionarias de los yacimientos.

Echar la culpa a las empresas porque falta petróleo y gas en Argentina es lo mismo que acusar al concesionario del bar del club por la quiebra de la institución. Las empresas firman contratos de concesión. Si no los cumplen, el Estado debe intimar, y si no hay respuestas, cesar el contrato. En Argentina no se ha hecho ni una cosa ni la otra hasta ahora.

Durante años (al menos desde 2003) se viene hablando de una crisis energética que el gobierno ha negado sistemáticamente, y de una caída, mes a mes, muy preocupante, de la producción de gas y petróleo. El gobierno de los Kirchner estuvo muy preocupado durante todo este tiempo en mantener las tarifas congeladas a fuerza de subsidios, y en comprar petróleo, gas y derivados a proveedores externos calificados desde la política, como la Bolivia de Evo Morales, o la Venezuela de Hugo Chávez.

A estos amigos latinoamericanos se les ha reconocido un precio que a los productores locales (las provincias, no las empresas, que son solo concesionarias de la producción, locatarias de los recursos, no dueñas) se les ha negado. Así, el gas neuquino se pagaba a dos dólares mientras se compraba afuera a cinco, seis, 10 ó más dólares el millón de BTU.

En este contexto, las inversiones fueron acordadas por contrato hace solo dos años en Neuquén. Es decir, Sapag firmó con YPF, con Petrobras, con Pluspetrol, con Apache, con todas las operadoras actuales que tienen concesión de yacimientos en la cuenca neuquina, un acuerdo que estipula claramente obligaciones, derechos, marco jurídico, precios, regalías, y todos los detalles del asunto.

Sapag está, por ende, caminando por un estrecho sendero. Debe mantener el equilibrio entre lo que la provincia se comprometió a respetar y exigir…y lo que el gobierno nacional dice ahora que hay que hacer, después de años de no decir nada sobre el tema, más que asegurar que no había ninguna crisis en Argentina.

El gobierno provincial no parece tener mayor margen de maniobra, habida cuenta que el timón del asunto parece haber sido copado directamente por la Presidente. Con Julio de Vido como principal negociador, Cristina Fernández parece dispuesta a presentar la situación, una vez más, como el preludio de la inauguración de una nueva y revolucionaria etapa de la vida política y económica del país. Algo así como el despertar energético, una ola de imparable nacionalismo soberano frente a la inagotable tendencia especulativa de las empresas capitalistas.

Sin embargo, no parece que se pueda hacer magia. Jorge Sapag dice que aspira a conseguir que se hagan 2.000 pozos más que los planificados en la cuenca neuquina, y esboza un todavía confuso escenario de posible integración de empresas estatales con las existentes privadas concesionarias de los yacimientos.

“Allí donde los privados no puedan invertir, invertirá el Estado”, reflexiona.

Si se toma en cuenta que el Estado está gastando entre 9 mil y 10 mil millones de dólares por año en importar petróleo, gas y derivados, no parece descabellado sino lógico que invierta en la producción local. Estaría así sustituyendo importaciones, que es uno de sus discursos preferidos.

Pero lo difícil es que invierta y al mismo tiempo siga comprando al exterior. Porque eso es lo que haría falta, ya que la producción, y mucho más la no convencional, no es instantánea: hace falta explorar, perforar, acertar, equivocarse, y usar tecnología que hoy no está disponible en cantidad necesaria en el país, y empezar a producir, transportar, distribuir, hacer un nuevo esquema de precios, cambiar pautas culturales, reducir la excesiva dependencia de los hidrocarburos en la generación de electricidad…

Así las cosas, la última versión que se echó a rodar fue que uno de los planes consistiría en adquirir otro 10 por ciento de las acciones de YPF, en manos de Repsol pero ofertadas en el mercado bursátil. La operación, afirman los autores del trascendido, se haría mediante el compromiso de cada una de las provincias productoras, que son 10. Y el financiamiento lo aportaría, con fondos del Tesoro nacional, el gobierno de Cristina Fernández.

¿Qué margen de credibilidad tiene esta especie? El mismo que los demás. Es decir, ni poco ni mucho, ya que todo parece ser posible, y todo parece depender de lo que decida Cristina Fernández.

Lo que queda muy en claro, es que deberá olvidarse definitivamente cualquier posibilidad inmediata de afianzar una “política de Estado” energética. Son demasiados vaivenes, demasiadas idas y venidas, que prueban que en Argentina el valor más alto lo tiene siempre la circunstancia, la necesidad política del momento.

Rubén Boggi

El 2012 será “un año difícil”, dijo el gobernador Jorge Sapag el viernes. Lo hizo en el contexto de la firma de un convenio entre el Banco Provincia y el IADEP, pero fundamentalmente, en su reingreso a las declaraciones políticas de coyuntura, urgido por la convicción de que si el Estado nacional no hace algo pronto, no solo el país entrará en una debacle energética muy riesgosa, sino que Neuquén, como provincia fatalmente dependiente del recurso no renovable de los hidrocarburos, puede ingresar en una espiral de crisis local explosiva, destructiva, aniquiladora de cualquier esperanza para el 2015.

Más en la intimidad, otros funcionarios se permiten acentuar lo del “año difícil”, para contextualizarlo en una realidad más amplia: los problemas de caja de Neuquén son reales, y pasaron cuatro años de una simpleza exasperante. Sin diagnósticos profundos, ni análisis o proyecciones constructivas. La situación, para decirlo sin anestesia, tendrá un punto de inflexión a mediados de año. Si no pasa algo en los primeros seis meses, Neuquén tendrá problemas para bancar el funcionamiento estatal, con sus servicios más esenciales: seguridad, salud, educación.

Los números según la teoría del almacén, pueden ser apropiados para explicarle a la gente que la economía no es tan complicada, pero después no condicen con la complejidad que tiene el manejo del Estado. Pues no solo debe asegurar su propio funcionamiento, sino garantizar el bienestar de la ciudadanía que no tiene más vinculación con esa masa gigantesca de oficinas y empleados que la de pagar los impuestos y aportar su voto cada tanto.

¿Cuál será la sintonía fina de Neuquén? Ajustar gastos pocas veces le dio resultado. Todos, o la mayoría, apuntan a aumentar ingresos. Aquí está el problema de siempre: los ingresos de Neuquén no dependen de Neuquén, pues no puede vender su principal producción al precio que quiere, sino al que le impone, no el mercado, sino el Estado nacional.

Con la zanahoria de Chihuido ya medio podrida en la punta del pescante, el principal inconveniente político para la gestión Sapag es la imposibilidad de seguir gobernando con promesas de mejoras. Es tiempo de resultados, pero paradójicamente, como suele ocurrir en Argentina, esta necesidad coincide con un contexto de mayor complicación, y con la certeza de que pasaron ya los tiempos mejores, para dar inicio a los días dificultosos.

No es que no se haga nada. Se hace. El convenio firmado el viernes, en su humildad de fondos (40 millones de pesos en créditos no es precisamente una inversión fuerte), es, con todo, promisorio porque está, según advierten los pequeños y medianos empresarios, en el buen camino. Tasa accesible, destino transparente, mora ínfima en el retorno, plazos adecuados. El objetivo de estos planes, dicen, es correcto: fortalecer la pequeña y mediana empresa es desarrollar economía con mucha capacidad de empleo y de multiplicar riqueza a pequeña escala. Fundamentalmente, es acentuar la progresiva construcción de una economía privada que sea tanto o más importante que la estatal en Neuquén.

Se ha invertido desde el Estado en desarrollar los aspectos productivos, sin duda. El aserradero que se amplía en Abra Ancha, Aluminé, es un pequeño pero importante ejemplo. Las bodegas de la zona de San Patricio del Chañar tienen ya su propia dinámica, en un contexto de buenas perspectivas (mejores) para los vinos argentinos. El lento pero constante incremento de una incipiente producción textil, a partir del pelo mohair y casimir, es otra señal alentadora para la diversificación económica.

Pero los grandes motores de la economía en Neuquén son la producción de energía, y la posibilidad de pegar un salto en la minería. Lo primero depende en mucho del Estado nacional. Lo segundo también, de la mano de la “nueva ola ecologista” que parece a veces rozar lo inverosímil, condenando una actividad económica que es no solo necesaria sino también una de las más viejas de la humanidad.

La mala situación energética del país, con la enorme incertidumbre de qué va a suceder con YPF en el centro, es un simple producto, una consecuencia lógica, de las políticas nacionales que se han aplicado en el sector. Nadie puede hacerse el distraído aquí. El abordaje culposo que se ha diseñado (no importa quién tiene la culpa, importa solucionar el problema), no hace más que reforzar la convicción de que la política energética ha sido equivocada, y que ahora ha llegado el momento de corregirla.

Un camino que se ofrece, tanteando la posibilidad, es la re-estatización de YPF. Es un poco desmoralizante, porque indica que se está especulando seriamente con la receta de siempre en Argentina, que es estatizar, para después privatizar, para después volver a estatizar, mientras en el medio las sucesivas crisis no dan tregua y las políticas de Estado no duran más que unos pocos años.

Si no se llega a la re-estatización, que en realidad es, por la enorme magnitud del desembolso que implicaría, lo más difícil, la opción que ha sugerido el propio Sapag, convertido en un virtual ministro de Energía ad-hoc del gobierno nacional, es que se haga un mix de inversiones, con aportes del Estado allí donde los privados no quieran poner plata.

En todo esto, el rasgo principal es que no hay mucho tiempo. La única posibilidad de aumentar la producción de hidrocarburos y generar con ello más riqueza es acudir a los recursos no convencionales, convertirlos en reservas probadas, y empezar a extraer tight y sand gas a mansalva, y petróleo también, desde la roca madre o las arenas compactas. Y esto no se hace en dos días.

Es necesario importar tecnología (hay 16 equipos apropiados para estas cuestiones en el país, y harían falta no menos de 60 ó 70); es necesario instalar factorías en el medio de la aridez con millones de metros cúbicos de agua; es necesario tener una nueva legislación que sintonice con la especificidad de los nuevos métodos de extracción, incluso a nivel ambiental; y fundamentalmente, es necesario convencer a medio mundo de que los argentinos no somos tan locos de cambiar las reglas de juego cada cinco años.

Por eso, sin duda tiene razón Sapag cuando dice que 2012 será “un año difícil”. Los neuquinos no deberán por esto sentir miedo. Pero sí conviene desdeñar ilusiones obtusas y fantasías ambiciosas, para situarse en el presente afirmando los dos pies sobre la tierra.

¿Y el 2015? Por ahora, es nada más que una fecha, reducida a la alquimia de quienes tienen tiempo y dinero para elucubrar futuros inestables.

Rubén Boggi

Un partido político que ocupa el gobierno, y lo hace durante 50 años, dificultosamente pueda mostrar un guión ideológico de hierro, coherente hasta la desesperación. Deberá, supuestamente, acomodarse a los cambios que en esta y cualquier otra parte de la humanidad inevitablemente suceden en períodos prolongados de tiempo.

Pero que en poco tiempo, el gobierno del MPN oscile de un extremo a otro con tanta rapidez, sorprende.

Hace unas pocas semanas, el gobierno del MPN dio a conocer un informe muy optimista sobre la actividad petrolera en la provincia. Se congratulaba allí de que las empresas del sector habían cumplido, en algunos casos con creces, las inversiones comprometidas. Fue un informe que parecía dictado por los gerentes de las empresas: se invirtió bien, y solo hace falta un horizonte previsible de precios y reglas de juego para que avance como una topadora la nueva onda de aprovechamiento de los recursos de los yacimientos no convencionales. Una pinturita.

Esta semana, el gobernador Jorge Sapag, que sigue obsesivamente tras las decisiones no tomadas de Cristina Fernández, que perjudican –en la mora temporal- no solo a su gobierno sino, fundamentalmente, a la provincia, adscribió con todas las letras, junto a sus obedientes pares de la inservible Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI), al documento que condenó a las empresas petroleras por no invertir lo suficiente, produciendo (según la interpretación gubernamental) como consecuencia que el país haya entrado de lleno en la insatisfacción del mercado interno, debiendo importar en cantidades cada vez más importante petróleo y gas.

Al mismo tiempo, y después de mucho tiempo de mora informativa injustificada, o mejor dicho, solo justificada por el uso político que acostumbra hacer el oficialismo en esta nueva Argentina fundada en 2003, el Estado nacional dio a conocer el informe actualizado de las reservas petroleras y gasíferas del país.

El informe no dio a conocer nada que no se supiera ya desde lo conceptual. Este diario, por ejemplo, viene publicando desde el año 2006, informes periódicos sobre la caída en la producción tanto de petróleo como de gas, en Neuquén y el país. Al mismo tiempo, se fue calculando el consecuente deterioro en las reservas que esto implicaba.

Más allá de los detalles técnicos, la realidad traducida al lenguaje común se resume en un concepto en el que se ha insistido durante todos estos años, no precisamente desde el gobierno central: el declive de la producción provincial y nacional de hidrocarburos había traído como consecuencia un aumento de la importación, y de los subsidios en las tarifas al público, que podían provocar finalmente el estallido de la burbuja petrolera, del “estado de bienestar” falsamente impuesto en relación a los combustibles.

El gobierno de Jorge Sapag ha sido desde el año 2007 un impulsor de la recuperación de precios a boca de pozo, fundamentalmente, para el caso del gas. Fue y es lógica esta pretensión, dado que el gas –ahora el tight y sand gas- es el principal recurso económico de la provincia, y el mercado impuesto arbitrariamente por el gobierno nacional, con un precio por debajo de lo que se le paga a proveedores externos, produce dos fenómenos catastróficos: que se venda a precio vil un recurso no renovable (que se agota); y que no se lo reemplace con exploración y puesta en producción de nuevos pozos, porque la inversión no es confiable en el contexto jurídico.

Neuquén no es ajeno a este proceso, por el contrario, es protagonista. Fue durante el período anterior del gobierno de Jorge Sapag que se renovaron todos los contratos de concesión, prolongando sus términos de vencimiento, fijando las condiciones, y cobrando por esto lo correspondiente en contratos, con canon extra que llevaron las regalías de 12 a 15%, más la Responsabilidad Social Empresaria, más la aplicación de los impuestos. Este dinero fue a Fiduciaria Neuquina SA, ya se gastó casi todo, incluido el que se repartió entre los municipios, un 30 por ciento de la suma total.

Por eso, el gobierno de Jorge Sapag dio a conocer el informe positivo sobre las inversiones realizadas, hace solo unas semanas. Y hace solo unos días, el gobernador Sapag firmó el otro documento, el que dice que no se han hecho las inversiones que deberían haberse hecho. Fue pocas horas antes de que retornara a la actividad la presidente Cristina Fernández. Durante 44 minutos de talk show televisivo, Cristina monologó al mejor estilo stand up y arremetió contra las petroleras, a tal punto que al otro día la mayoría de los diarios, tanto oficialistas como opositores (en este mundo donde o se está en un bando o en el otro, porque así es la cosmogonía oficial) destacaron ese hecho político, sin duda trascendente.

El péndulo del MPN, así, osciló de manera frenética. Esa necesidad imperiosa que lo ha guiado prácticamente durante los 50 años de hegemonía, la de ubicarse en el lugar más ventajoso para obtener el mayor rédito económico posible, casi saca el péndulo de su eje.

Sapag seguirá, dicen todos, pegado a Cristina Fernández hasta que la presidente habilite lo que el gobierno del MPN necesita. Son dos cuestiones esenciales: el anuncio de la adjudicación de Chihuido I, que es básicamente el compromiso público de financiar una parte importante de la obra desde el Estado; y la reglamentación nacional necesaria para que las petroleras se muevan con horizonte más o menos estable en la exploración, producción y comercialización de los yacimientos no convencionales de gas y petróleo, que en la cuenca neuquina, según los estudios difundidos, son tan importantes como para figurar en tercer lugar a nivel planetario, después de Estados Unidos y China.

En este proceso, se habla en los corrillos de entendidos en el tema, planea nuevamente la idea, o intención, o plan político ya decidido, de re-estatizar YPF, no ya con “capitales amigos” sino con la acción directa del Estado, a modo de gran movida política, como la que protagonizara Perón cuando “nacionalizó” los ferrocarriles que manejaban “los ingleses”.

Todo esto confiere al contexto de este enero que ya termina un color ideologizado a modo de ensalada incomible. En el bol de la preparación, el gran cocinero de los argentinos intenta mezclar una reforma constitucional que elimine restricciones a la reelección permanente; arrebatos nacionalistas por Malvinas; peleas contra empresas petroleras que fácilmente son calificadas de chupasangres multinacionales con inevitable respaldo popular en la elemental definición; restricciones a las importaciones para cuidar los dólares; estafa pública con los principales indicadores de la economía, pues se ha mentido en la difusión de la inflación, la balanza comercial y el equilibrio fiscal; y otros elementos disponibles en la mesa de saltos y retazos de nuestro esquivo ser nacional.

Rubén Boggi

La inflación en Neuquén, medida por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos en el aglomerado Neuquén-Plottier (básicamente, la capital provincial), fue en 2011, de 28,72 por ciento, con un promedio mensual de 1,64 por ciento de incremento de los precios minoristas.

Es un dato que no debe menospreciarse, en un contexto nacional de información falaz o interesada políticamente. Que en el último año la inflación en Neuquén haya rozado el 29 por ciento, es el principal indicador a tomar en cuenta para medir, por ejemplo, la relación política entre el Estado y los gremios; o para deducir hasta dónde se incrementa la pobreza, es decir, los sectores directamente asistidos (mal o bien) por el Estado.

En concreto, es un dato más o menos confiable (no se hacen mediciones privadas aquí, no al menos con el método utilizado por el instituto estatal) para sopesar el estado de ánimo social y político real, no el que se vende continuamente según las necesidades de las distintas coyunturas, sino el que tiene que ver con la cuestión de fondo, con ese inestable equilibrio que Neuquén intenta asegurar oscilando en la pobreza más feroz y la riqueza más obscena.

El Instituto neuquino no tiene todavía publicados los datos sobre cuántas personas estaban a diciembre del año pasado por debajo de la línea de pobreza; pero el dato oficial del primer semestre del 2011 indicó que el 9 por ciento de las personas que viven en la capital neuquina lo están. Que haya alrededor de 22.500 habitantes de la ciudad en situación de pobreza no sorprende, pero sí ratifica que las famosas “políticas de inclusión” incluyen, en todo caso, a miles de carecientes bajo la tutela asistencial o clientelar, pero que no resuelven, o no han podido hacerlo todavía, los problemas estructurales que generan que los pobres se multipliquen en la provincia de los ricos.

En el mismo distrito capitalino, y siempre según el Instituto de Estadísticas y Censos, el desempleo es de 5 por ciento; y el sub-empleo, de 9 por ciento. Concretamente, un 14 por ciento de esa población económicamente activa de pobres, no tiene trabajo o tiene ocupaciones ocasionales o nacidas de alguna subvención estatal. No parece mucho, no lo es si se compara con otros períodos del país y la provincia con mayores índices de desempleo. Pero, otra vez, sí confirma que la capital concentra población y diferencias importantes entre quienes cada vez tienen más y quienes cada vez tienen menos, separados al medio por una franja extraordinariamente densa de miles de empleados del Estado que habitan el nicho de clase media y contribuyen a diluir los contrastes.

Esta situación, con todo, no es la situación de toda la provincia. El resto de los municipios tiene problemas distintos: menos población, pero también menos actividad económica, y ciertamente, más desempleo. El caso más evidente es desde el invierno del año pasado Villa la Angostura, que pasó de ser un paraíso a un purgatorio de culpas no asumidas, a partir de la erupción del volcán Puyehue.

Villa la Angostura representa el ejemplo de cómo una contingencia natural no evitable incide en los planes sociales y políticos de los seres humanos. Desde el volcán, se ha ido una cantidad no precisada que oscila entre las 1.500 y 2.000 familias, exiliadas ante la emergencia; la actividad turística cayó estrepitosamente, y por ende, aumentó el desempleo, que según estimaciones no desmentidas trepó al escalofriante porcentaje de 44 por ciento. Por supuesto, ha caído la recaudación municipal, y la crisis económica no se expande más sólo porque el gobierno provincial está continuamente abasteciendo de fondos extra a la Comuna (sea esto o no suficiente). El gobierno nacional no se ha esmerado demasiado, pero igual tiene una envidiable capacidad de simulación sobre ostentaciones magnánimas, y dentro de pocos días (se dice que el 25) aparecerá la presidenta Cristina Fernández, junto al gobernador Jorge Sapag, para corporizar una especie de epopeya, supuestamente surgida del combate de los argentinos para recuperar lo perdido tras el vendaval de arena y cenizas volcánicas.

En todo esto habrá, como casi siempre, algo de verdad y algo de mentira. Pero lo que no podrá negarse es que el país y la provincia comienzan a sentir el rigor de la falla estructural de la política económica argentina, que es el federalismo entendido como concentración y distribución arbitraria ejercido por el gobierno central de turno. En esta realidad, no hay discursos que puedan cambiar nada: hacen falta medidas urgentes que sólo la política puede dar. Parece contradictorio esto con una situación de flamante estreno de nuevos gobiernos reelegidos y asumidos apenas un mes y medio atrás.

Pero así es la Argentina: se votó la continuidad, con la convicción ahora evidenciada por las urgencias, de que hacía falta el cambio.

 Rubén Boggi

El lunes, los concejales capitalinos del MPN darán una conferencia de prensa en la que aportarán una propuesta para crear unos 1.400 puestos de estacionamiento “solidario”, según se anunció. En realidad, más allá de la cuestión concreta, lo que se percibe es una intención y una necesidad: hay que protagonizar, llenar espacios políticos en este enero atípico, y –sobre todo- actuar desde el partido provincial en un distrito que se le ha negado desde 1999, y que en estos momentos acapara buena parte de la atención ciudadana.

Horacio Quiroga es, para el MPN, un elemento ambivalente. Despierta simpatías y rencores. De hecho, hace más de una década que no le es neutro al partido provincial. Incide, y ha jugado en su interna.

Dicen que en las últimas elecciones hubo aportes financieros concretos a su campaña que salieron de tesoros insondables de gente con prosapia en el MPN. Aseguran, también, que hubo mucha militancia, y también algunos dirigentes emepenistas, que votaron a Quiroga, sea que se lo haya admitido o no. Antes fue igual, o parecido.

Quiroga construye espacios políticos en distintos partidos, esto es concreto. Lo hizo en la UCR sumando aportes del PJ y del MPN. Ahora, que tiene partido propio (Nuevo Compromiso Neuquino) parece ser más temible, pues está en la cúspide de la pirámide de conducción. No necesita consultar a nadie, ni esperar la venia de ninguna dirigencia nacional. Se ha rodeado, además, de dirigentes políticos de experiencia con perfiles de sentido común ampliamente desarrollados.

Estas características, sumada a la acción constante, generalmente bien mediatizada, ha sostenido un protagonismo inusual para una época relativamente calma de la política, que el intendente capitalino acentuará, muy posiblemente convocando a un nuevo “pacto de la Confluencia” que aborde la coyuntura desde el compromiso explícito de los distintos sectores.

Todo esto se sabe y es muy notorio, por lo que no merece mayor análisis. Lo interesante es cómo repercute en los demás sectores políticos, especialmente en el MPN.

El partido provincial se sabe culposo en el asunto Quiroga. Sea esto una exageración devenida del poder hegemónico mantenido en medio siglo, o una realidad de Perogrullo, lo cierto es que hay ambivalencia de sensaciones en el partido provincial respecto de “Pechi”.

La cuestión remite a posicionamientos difíciles desde lo ideológico, porque Quiroga se mimetiza. Ideológicamente es un camaleón casi perfecto, a tal punto que produce un efecto neutro sobre la ciudadanía, que parece no analizar dónde está ubicado en el ya aburrido espectro de izquierda-centro-derecha, para valorar sólo que lo hace o no hace.

Esto pone en aprietos al MPN, que no sabe si ubicarse a la izquierda o a la derecha de ese perfil absolutamente ejecutivo. Cuando el MPN coquetea con la idea de atacar sobre la base del populismo y sus recetas sociales, corre el riesgo de caer en una demagogia a la que el propio Quiroga riega como si fuera una plantita, para diferenciarse. Cuando se pone a la derecha desde la lógica del raciocinio de, por ejemplo, el manejo de los recursos, choca contra el ejemplo propio –el gobierno provincial- donde no se dan precisamente lecciones de austeridad, más allá de los discursos.

Pero aun así, al MPN no le queda más remedio que pelear desde el protagonismo, y es evidente que lo va a hacer, aunque sea siguiendo las iniciativas de la agenda quiroguista. Así, el bloque de concejales del MPN se puede transformar en una especie de cabeza de playa estratégica para minar (no desde lo negativo de obstruir, sino desde lo positivo de proponer) la continua ofensiva del activo intendente.

En ese camino, habrá que ver hasta dónde obtiene el MPN el acompañamiento de los otros bloques, que son como las esquirlas de lo que intentó ser un frente durante los últimos años, que terminó haciendo implosión.

Por lo pronto, el tema estacionamiento es uno, que esconde un perfil de ciudad para el debate: ¿se pretende seguir favoreciendo una ciudad de automovilistas ávidos, o de peatones pacifistas? ¿Habrá o se llegará a un equilibrio entre el cemento y el verde? ¿Recordará alguien que el ser humano, antes de conducir un auto, aprende a caminar?

El tema de los balnearios y demás lugares de recreación es otro, muy actual, que también esconde definiciones de fondo, ideológicas, sobre qué ciudad se pretende sobre la base de la que ya existe. Y queda el servicio de transporte público, al que todavía no se le da mucho protagonismo por estar en temporada baja, pero que cuando vuelvan las clases en las escuelas y la actividad plena entre febrero-marzo, volverá al tapete.

Desde lo estrictamente político, es obvio que el MPN intentará empardar el protagonismo de Quiroga promoviendo desde el Deliberante una mayor actividad de sus siempre inestables concejales. Hay por lo menos un sector del partido provincial que está convencido que la capital neuquina es la llave para abrir la puerta de la continuidad, o bien para cerrarla tal vez para siempre.

Mientras, el gobierno provincial cumple la primera quincena del año con protagonismo de la vicegobernadora Ana Pechen, y con los funcionarios ocupados de la negociación con los sindicatos. Se percibe un protagonismo que no debe ser observado con ingenuidad del ministro de Economía, Omar Gutiérrez. Se comenta que la interna del Gabinete sigue, y que gira obsesivamente alrededor de quienes buscan solucionar conflictos desde lo político, y de quienes pretenden aplicarle a esas soluciones un control y una medida financiera concreta y ajustada.

La sensación es básicamente una: los planes de los políticos se desarrollarán en un año que será complejo desde lo financiero. El contexto nacional, con inflación cada vez más preocupante, con caída en la producción agrícola por la sequía, y el consiguiente deterioro fiscal, no augura nada promisorio, más que una previsible intensificación de los conflictos entre el capital y el trabajo.

En este contexto de dificultades, ciertamente distorsionadas por la mentira permanente de los indicadores oficiales, habrá que seguir la soterrada puja entre el protagonismo de Quiroga y su correlato inevitable en la actividad del MPN.

Rubén Boggi

Pasó la semana más dramática en años de la política regional. Río Negro encauzó la salida institucional tras el asesinato de su gobernador, con una sobreactuación peronista. En Neuquén, las dudas comienzan a aparecer entre la densa temperatura de un verano agobiante.

El principio del año en la región recibe el impacto de la muerte del gobernador rionegrino Carlos Soria. Es imposible esquivar la potencia de este hecho sorpresivo, porque cambia el escenario regional, y su influencia también puede tocar a Neuquén.

La muerte de Soria, con la característica sórdida del hecho, afecta por sí misma, y desencadena una rápida sucesión con re-acomodamientos en la escena política. El retorno del PJ se relativiza pues perdió al jefe que parecía destinado a liderar un proceso de renovación estatal importante. Alberto Weretilneck, ahora gobernador, viene del “grupo Cipolletti”. La política rionegrina deberá absorber el cambio, y habrá estructuras que crujirán inevitablemente.

Este brusco cambio en el inicio del año influirá en la política neuquina porque de hecho el gobierno de Soria ya estaba influyendo con sus primeras medidas. Había derogado rápidamente, por ejemplo, la ley “anti-cianuro”, y abierto el camino por ende para restituir una actividad minera más intensa. En Neuquén se espera transitar ese mismo camino, después de cuatro años que se perdieron entre tira y afloje políticos con ambientalistas. Neuquén necesita la minería tanto ó más que Río Negro.

Soria también había marcado la cancha de entrada con una reforma del Estado que prometía ser muy dura, y que Weretilneck y el gobierno que salga de estas primeras horas de consternación intentarán aplicar. También es un tema en el que Neuquén tiene mucho en juego. Lo que se haga en Río Negro puede ser un ensayo válido para replicar por el gobierno de Jorge Sapag, y aun por el de Horacio Quiroga en la capital.

Con lógicas diferencias metodológicas y de estilo, tanto Sapag como Quiroga saben que tienen que achicar el gasto público ineficiente, porque los tiempos que vienen son difíciles, aunque todavía no haya conciencia masiva de esta característica del futuro inmediato.

Nadie pudo haber imaginado que el 2012 comenzara con una noticia tan dramática, y con tanto efecto –deseado o no- en el equilibrio político regional. Pero esto debe ser tomado en cuenta, esto es seguro, porque los procesos políticos y económicos de Río Negro y Neuquén están relacionados, abrazados tanto por las coincidencias como por las diferencias.

Es posible que el gobierno que surja en Río Negro tenga aun más incidencia que el que hubiera tenido el del propio Soria en este dialéctico juego de competencia e integración, de espejos que se enfrentan en procesos que tienen que ver con las actividades económicas que regula el Estado, y con una nueva re-definición del Estado mismo.

Mientras tanto, queda la conmoción de un año que empieza ensangrentado desde la política. Esta semana estará teñida por el caso del gobernador del PJ que fue efímero tras tantos años de pelear por llegar a ese sillón. Ya Quiroga hace sus ensayos de achique, negociados con el gremio municipal. Y Sapag prepara su alambique político para enfrentar un escenario en el que las pulseadas y negociaciones con los sindicatos serán determinantes.

Los gobernantes saben que el país se pone difícil, se complejiza. El caso Santa Cruz también ha impactado.

La realidad se empecina en asomar a cada momento, pese a la distorsión de personajes que todavía creen que lo que importa es el relato, más que lo que lo origina.

Rubén Boggi

El gobierno neuquino tuvo que desembolsar, obligado por las circunstancias, 40 millones de pesos antes de este fin de año.

La plata fue a parar, en distintas dosis, a la mayoría de los municipios de la provincia, ya que sólo un pequeño grupo de intendentes recién asumidos pudo cumplir con las obligaciones salariales con dinero propio.

El resto recurrió a ese Tesoro que a veces parece no tener fondo, y que suele financiar tanto la esperanza del progreso como el apocalipsis de la sinrazón.

Los 40 millones forman parte del descalabro económico permanente que ostenta la provincia desde lo institucional. La mayoría de los municipios es incapaz de autofinanciar sus gastos administrativos. Una parte del sector político traduce esta innegable realidad en una necesidad apremiante de modificar la Ley de coparticipación, para que haya un mayor porcentaje de las rentas provinciales que automáticamente se deriven, mes a mes, a los intendentes. Otra parte entiende que no debería ser así, al menos no por ahora, y que antes debe aplicarse una mayor disciplina fiscal, para que la relación recursos-gastos en cada municipio sea más armónica y no inevitablemente deficitaria.

Entre tanto, se juega al juego recurrente de la coyuntura y sus interpretaciones antojadizas. Sobre todo en el rol de nuevos intendentes que condenan a sus predecesores, y que muestran sin pudor al mismo tiempo una alarmante confesión de imposibilidad desde el primer día de gestión.

Digamos que más allá de la necesidad de contemplar cada caso con sus razones y sinrazones específicas, lo cierto es que hay una línea política que se traduce más o menos de la siguiente manera: lo que hacemos bien, es obra nuestra; y lo que no nos sale, es culpa del gobierno de la provincia.

Esto fue notorio durante la semana, por ejemplo, cuando se observó cómo el diputado del peronismo kirchnerista Luis Sagaseta, salió a exigir una rápida “intervención” del gobernador Jorge Sapag para proteger de sendos ataques a los intendentes recién asumidos en Junín de los Andes y Plottier.

El legislador provincial solicitó “la inmediata intervención del gobernador de la Provincia” porque, según dijo el diputado, “no puede estar ajeno a la situación que intendentes como Peressini o Linares están padeciendo en sus localidades”.

La declaración de Sagaseta tiene párrafos inolvidables. Dice, según su oficina de prensa, querer recordarle “al señor gobernador” que “también fue electo democráticamente como estos intendentes”, y que por eso “debe comprometerse e impedir que estos hechos se repitan”.

Lo cierto fue que el gobierno provincial intervino en ambos conflictos municipales, o por lo menos, así pareció, cuando en Plottier se negoció para que Peressini volviera atrás en su decisión de impedir el pase a planta de casi un centenar de empleados contratados, para “analizar caso por caso” el tema, dispuesto por su antecesor, ahora socio del MPN en la Legislatura, Sergio Gallia.

En Junín de los Andes, la cosa fue distinta: allí se le impuso al intendente debutante el compromiso de contratar una treintena de desempleados que habían quedado a la deriva tras finalizar sus labores con Vialidad provincial. Esos contratos, sin duda, serán por ahora financiados por el Tesoro de la provincia.

De hecho, lo que se ve con claridad en la provincia, es que salvo un exclusivo club, liderado por Horacio Quiroga ahora, como jefe de la Capital, e integrado por intendentes “fuertes” como Ramón Rioseco en Cutral Co, como Javier Bertoldi en Centenario, en el resto hay una sostenida intervención del gobierno de Jorge Sapag, tapando agujeros y baches de manera casi permanente, pero de manera culposa, ya que se es conciente de que financiar lo que mal se administra solo puede reforzar la permanencia de los defectos, y no la solución de los mismos.

Los intendentes “fuertes”, son también la vía política más firme para inventar, cada cuatro años, opciones políticas que oponer a la hegemonía del MPN. Porque gobiernan distritos importantes, que hace ya muchos años –en el caso de la capital, van tres períodos consecutivos- se les ha arrebatado al control directo del partido provincial.

Así, el panorama provincial remite a una cuestión de fondo: así como a nivel nacional no es posible aplaudir a un gobierno central que hace ostentación de bienestar económico, mientras la mayoría de las provincias padece la desigualdad de un sistema federal colapsado; también en Neuquén se evidencia un gobierno central provincial de generoso presupuesto de más de 10 mil millones de pesos, en un contexto de municipios ahogados por la doble llave de la desigualdad en el reparto discrecional de la renta estatal y la propia incapacidad crónica de ajustar su funcionamiento a la realidad de sus recursos.

Año tras año, se repite esta situación, con mayor o menor dramatismo. El sistema se va sobrecargando, y cada vez exige más gasto, sin que esto implique necesariamente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Todo esto, y mucho más, se esconde detrás de esos 40 millones de pesos del bono de fin de año, librados por el gobierno de Sapag para que se pudiera cumplir con el pago de aguinaldos a los empleados estatales de la liga B, es decir, los municipales.

Rubén Boggi

Durante los últimos dos años, las quejas de los intendentes de las localidades neuquinas fueron mínimas. Casi no se escucharon. El dinero derramado a partir de la coparticipación del 30 por ciento de los ingresos extraordinarios por los contratos petroleros fue un factor determinante.

Por eso no debe sorprender que haya un coro contemporáneo y plañidero en este diciembre del 2011. Ese dinero extraordinario se esfumó con la rapidez de digestión monetaria a la que está acostumbrada la provincia. El recambio de administraciones comunales agranda la situación, porque los nuevos intendentes debutan en un mes en el que tienen además que pagar aguinaldos a su siempre sobredimensionada planta laboral. Y la plata no alcanza.

No es el caso de todos los municipios, pero sí de muchos. Los que están medianamente bien administrados forman parte de una minoría, casi un accidente de la naturaleza. En la esencia municipal neuquina está sembrado el gen de la dependencia. Es un gen creado por manipulación humana: los recursos generosos de la extracción de hidrocarburos en 50 años produjeron una renta estatal fuerte. Pocas ciudades se acostumbraron a vivir de lo propio. Viven, por el contrario, de lo que es considerado “de todos”: la renta petrolera, que es administrada por el Tesoro provincial.

Como no es una situación nueva, el MPN la observa y la siente como recurrente y propia, precisamente, de su cuerpo político. “Hemos sido condescendientes con los municipios”, ha dicho hace pocas horas la vicegobernadora Ana Pechen. No se refería solo a los últimos cuatro años, sino a la historia partidaria, que es la historia del gobierno. Jorge Sapag también enarbola un estandarte parecido: no se trata solo de pedir, sino de ganarse la plata propia: hay que recaudar, además de recibir coparticipación y Aportes no Reintegrables.

El MPN gobernante no ve una crisis real en los municipios, sino más de lo mismo. Está acostumbrado. Después de todo, ha sido el gobierno del MPN el que impulsó y creó la ley de coparticipación automática. En Neuquén existe (a diferencia de otras provincias) la coparticipación en dos niveles: la primaria, que es la que recibe de Nación, y la secundaria, que es la que se reparte a municipios. Esta última se reparte con criterio establecido, no arbitrariamente. Ese criterio es el que se discute desde la oposición, sobre la base de que hay que modificarlo porque las cosas han cambiado.

Ya se presentó un proyecto. Lo hizo UNE, y el Frente que lidera Ramón Rioseco. Pretende elevar el porcentaje de distribución, y que se cree un fondo anticíclico al que recurrir cuando hay urgencias.

Pero no parece que nada de esto vaya a prosperar en lo inmediato, porque prevalece en la piel y en la profundidad también de la provincia ese sentimiento que el mismo MPN explicita cuando aborda el tema. Es una sensación de complicidad sobre el manejo del Estado. El molde del MPN es replicado inexorablemente también por otras administraciones, y las cajas municipales se agotan en gastos corrientes, es decir, en sostener la propia estructura.

Pasa en Argentina, pero en Neuquén más: se entiende a los municipios como estructuras a las que hay que sostener, más que como instituciones representativas del dinero del pueblo que hay que administrar.

El actual gobierno de Jorge Sapag tiene en este tema el mismo discurso que han tenido otros gobiernos del mismo partido antes. Para discutir la coparticipación secundaria, hay que discutir primero la primaria. Es decir: si nos reclaman a nosotros, deberían primero acompañarnos a pedirle más plata a Nación, que es el nivel que está mal coparticipando a las provincias.

Como esto ocurre desde hace más de 20 años, no deja de ser una realidad indiscutible: porque si bien el gobierno de Cristina Fernández hace ostentación de que “nunca se repartió tanta plata a las provincias”, el problema aquí es que no se repartió por el sistema establecido, sino por mecanismos discrecionales. Y que sólo comparando lo que debería haber recibido Neuquén si se hubiera respetado el porcentaje de distribución acordado en la década del ’80 y después distorsionado a fuerza de despelotes innombrables de la economía y la política nacionales, saltaría a la vista que Neuquén perdió más de lo que ganó.

Como todas las provincias.

Aquí, el gobierno provincial también sostiene que “nunca se repartió tanta plata”. Pero esto no arregla el problema, que es real, existente, y además, estructural.

Porque en Neuquén hay un Estado supernumerario que se agota en su propia alimentación, con un alto grado de ineficacia, pues sus servicios indelegables (educación, salud, seguridad) no se corresponden en resultados con las inversiones recibidas; y porque cada municipio parece replicar ese sistema, algunos incluso sobre la base de la no posibilidad: es decir, municipios que funcionan no por sí mismos, sino porque se los “auxilia” permanentemente.

En este contexto, se ven cosas disparatadas. Por ejemplo, Ramón Rioseco, el mismo que lidera el reclamo de mayor coparticipación, representa un municipio que –junto con Huincul- viene de la pueblada de la década del ’90 cuando parecía que quedaría en su territorio tierra arrasada por la crisis. Ese municipio se recuperó gracias a la asistencia provincial y nacional, que incluyó la sesión de un yacimiento de gas (El Mangrullo) que todavía produce y que paga regalías directas a estos municipios. Se le instaló la planta de metanol, y el parque industrial tiene refinerías e industrias vinculadas al petróleo importantes. Está en pleno desarrollo la posibilidad de un parque tecnológico, financiado por Nación.

Sin embargo, Cutral Co no paga (y no quiere pagar, todavía) el servicio de agua potable.

Cutral Co tiene agua porque la recibe mediante acueductos. Es agua cara. Es una de las más caras del mundo, pero no se paga. La paga, entonces, la provincia.

Otro disparate: San Patricio del Chañar. Se ha desarrollado gracias al impulso que le dio el Estado neuquino a las actividades de riego, producción, y desarrollo de la actividad frutihortícola. Se levantaron bodegas y cultivos intensivos. Hay trabajo genuino como en pocas partes, y el Estado se mantiene de una manera razonable, sin grandes excesos en su propia alimentación. Sin embargo, hace años que el gas no le alcanza, y el gasoducto que ya ha sido construido para fortalecer su abastecimiento todavía no se inaugura, pese a que fue anunciado decenas de veces ese acto, que está determinado por el gobierno nacional. Tampoco tiene servicio de transporte público esa zona. A menos de 50 kilómetros de la capital neuquina, ir o venir de San Patricio del Chañar es una complicación para la gente.

El MPN gobernante sabe todas estas cosas. A veces da la sensación de que no las corrige porque forman parte de su mismo ser. Es como el diabético que no puede dejar de comer azúcar, y que lentamente se va deteriorando. Cuando se acerca a la muerte, se lamenta por la desgracia de una enfermedad que ve como ajena, aunque la haya producido su propio organismo.

 Rubén Boggi

Los primeros gestos que inauguraron la etapa institucional 2011-2015 corroboraron algunas presunciones. Son pistas que permiten armar un panorama de lo que viene, sin la exigencia de pretender tener el futuro en la mano, cuestión que debe dejarse a los adivinadores y pitonisas modernas. Veamos:

• Se confirma que la intención de Jorge Sapag y Horacio Quiroga es armar una relación que garantice una gobernabilidad compartida, cada uno en su nivel del Estado. Sapag asistió a la asunción de Quiroga, y estuvo reunido con él durante un buen rato antes de la ceremonia. Después lo mencionó –para bien- en su discurso en la Legislatura, ceremonia a la que acudió también el intendente. Era lógico suponer que ambos se necesitarían, y es evidente ahora que transitarán en la mayor armonía posible esta primera etapa, que alumbra el tercer período de Quiroga y el segundo consecutivo de Sapag. Hay muchos temas en los que confluirán políticas provinciales y municipales, pero tal vez el más inmediato sea el de la Seguridad y el control del espacio público. Sapag anunció que con la plata que aporta la petrolera Chevron para extender su contrato de concesión (unos 300 millones de pesos) se comprarán video-cámaras para la seguridad callejera en la capital neuquina, además de 100 patrulleros para la policía. Hay más temas, claro. Por ejemplo, la concesión del servicio de agua y saneamiento al EPAS; o la organización del tránsito (con obra coyuntural en la rotonda ex Zanon) para derivar por la multivía Neuquén-Senillosa y quitar tránsito pesado de la multitrocha de la ruta 22.
• Se confirma también que necesariamente hay una proyección económica de mucha cautela para manejar las cuentas del Estado, tanto provincial como municipal. En el caso de Sapag, no hubo autocrítica (circunstancia propia de quien continúa el mandato anterior) por el fortísimo incremento del gasto, y sí alusiones a la crisis internacional que afectará, según se colige, al país y a la provincia. El mensaje está dirigido, como casi siempre, centralmente a los gremios estatales, porque en Neuquén hace mucho tiempo ya que se acostumbra a gobernar para el Estado, como si toda la vida sobre la superficie provincial estuviera encapsulada en el ámbito administrativo público, y que a los privados se los tenga en cuenta solo para hacer buenos negocios (para la provincia, claro). En el caso de Quiroga, el tema es relativamente más fácil porque se le echa la culpa al administrador anterior, que fue Martín Farizano, primero un hombre de confianza, después algo parecido a un traidor. En su primer discurso como intendente, Quiroga mostró como ejemplo un crecimiento de 150 por ciento en el gasto salarial del Estado municipal, en cuatro años. En la relación con los gremios, el tándem Sapag-Quiroga tendrá una especial conexión.
• La política de la zanahoria para acicatear el paso del burro también es una confirmación. Ha pasado a ser un método recurrente, particularmente en Jorge Sapag, quien repite un comportamiento de extrema prudencia y moderación cada vez que se refiere al presente, y se extiende en grandes olas de optimismo cuando habla del futuro. En el discurso en la Legislatura, no dudó en proyectar en 20.000 millones de dólares las inversiones que se derramarían sobre Neuquén si se hacen las cosas bien (a nivel nacional, con Cristina Fernández siempre como adalid). Lo cierto es que Sapag sigue esperando, y a la vez haciendo todo el lobby que puede, que se concreten precios realmente competitivos para la extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales. También espera que Cristina anuncie la adjudicación y el comienzo de obra para hacer Chihuido I. Los dos temas siguen formando parte de la zanahoria, que ha estado colgada frente del público provincial durante los últimos cuatro años. Esto no quiere decir que la zanahoria no existe, sino que por ahora sigue siendo una zanahoria, y el presente no necesita hortalizas sino precios más altos para los hidrocarburos y comienzo efectivo para una represa que puede ser abortada por la inflación si no se pone en marcha pronto.

Rubén Boggi

La expectativa política está puesta sobre lo que hará Horacio Quiroga con su gobierno, porque esto implicará cómo se preparará el nuevo curso de la política neuquina, con posibilidades de repercusiones institucionales importantes.

Pero sería tal vez un poco ingenuo suponer que ese solo factor será suficiente para avizorar el futuro inmediato en la provincia. Es más preciso y necesario no perder el contexto. Y el contexto indica que el MPN, representado por Jorge Sapag en el gobierno, tiene todavía responsabilidad directa sobre el hemisferio mayor de la situación general, y que dentro de esa responsabilidad inmensa, que arrastra desde hace tanto tiempo junto con su hegemonía inevitable, no las tiene todas consigo.

La base de la política neuquina está en la economía de los hidrocarburos, el acopio de esa renta por el Estado, y la distribución que éste hace sobre una población en permanente crecimiento. Durante 50 años se ha vivido con esa lógica, y se ha construido al mismo tiempo un edificio, una mega-corporación, con dos patas que lo sustentan: el MPN como organismo para-estatal, y los sindicatos, entendidos estos como un organismo plural que cumple el rol de ser la otra cara del MPN, absolutamente funcional a su política esencial.

Esto es absolutamente comprobable en estos días que acercan al mismo tiempo el fin del año, con el fin de la primera gestión de Jorge Sapag y el comienzo de la segunda.

Veamos, por ejemplo, el caso de la Educación, uno de los rubros esenciales en cualquier sociedad, que ha pasado a ser clave en Neuquén pero no por su aporte al progreso, sino precisamente por lo contrario.

Dentro de la negociación con los sindicatos, el gobierno afronta dos frentes.

Uno es el de los porteros y administrativos, donde debe enfrentar una de las alas político-sindicales de más firme oposición. Allí trabaja activamente el ala política de ATE, con representantes como Jorge Marillán y el propio Carlos Quintriqueo. El gobierno conduce el conflicto, con concesiones que entiende como moderadas, pero en el camino deja escuelas desflecadas en sus resultados, con una incontable cantidad de días perdidos y la sensación de que cada vez el problema es más grande.

En el último tramo de esta negociación, concedió Sapag la incorporación a planta y modalidades laborales más cercanas a ella de unos 180 empleados. Tiene en carpeta casi 900 empleados más, que serán materia de negociación en las próximas semanas y durante el año que viene. Nótese aquí que se habla de porteros y administrativos. Es una población en crecimiento constante, que reafirma la teoría del mega-Estado vinculado inexorablemente a la genética del MPN, y correspondido por su otra cara disfrazada de oposición, el sindicalismo.

El otro frente es el docente, separado en dos trincheras: una la ocupa la conducción provincial de ATEN, y la otra la seccional Neuquén y otras seccionales enfrentadas a esa conducción.

Por mandato constitucional mal desarrollado, el gobierno en Neuquén comparte la conducción de la Educación con el sindicato. El organismo en donde esto se concreta es el Consejo Provincial de Educación. En el CPE, organismo que todos reivindican, y al mismo tiempo, todos critican, se resume una enorme burocracia y una infinita capacidad de irresolución de los problemas cotidianos de las escuelas.

Un ejemplo se ha vivido en estos últimos meses, sin que trascendiera al gran público. Si bien se sabe, no es demasiado conocido que la educación media en Argentina será nuevamente “nacionalizada”, en lo que hace a la aplicación de un sistema único, con coherencia en cada uno de los distritos. Algo elemental, que se había perdido de manera casi increíble en este país que cuando tiene que ser unitario, es federal, y cuando tiene que ser federal, es unitario.

Así, en el Consejo Federal de Educación se acordó que en cada uno de los distritos se “acomodarían” las situaciones para posibilitar un plan de Educación más o menos común en cada uno de los rincones del país. La provincia que más dificultades tuvo para “acomodarse” fue Neuquén, pues sus planes de estudio en el nivel medio estaban desgajados en una impresionante cantidad de opciones y ofertas distintas, con una cantidad de especialidades en bachillerato insólita.

Esto obligó a reducir toda esa variedad, a no más de 5 ó 6 “especialidades”, que es lo mismo a decir que no habrá más que esa cantidad de planes de estudio distintos en el mismo nivel. Antes de esto, lo que se hizo en acuerdo con la conducción provincial de ATEN fue una titularización masiva de docentes. Ese fue el sentido de esta medida que provocó un cisma en el gremio: que no quedaran maestros suplentes “desocupados” ante la reducción de variedades del menú en cada una de las escuelas.

Concretamente, Neuquén acudió a su receta infalible más conocida: aumentar la planta estatal, aunque eso siempre vaya en desmedro del gasto público, y también del nivel salarial de los propios docentes, ya que a mayor cantidad de empleados, le corresponderá inevitablemente un nivel salarial individual más discreto.

Hay una salida política para el desastre educativo en Neuquén: el debate y posterior sanción de una ley de Educación provincial, con otras leyes relacionadas, que encarrilen todo el sistema por el camino más racional posible. Este cuerpo legal posible debería poner fin a 50 años de equivocación revestida de progresismo nacional populista, para recuperar el sentido laico, libre y gratuito de la educación argentina, concentrado en sus resultados pedagógicos y no en sus vivencias laborales, que deberían ser anecdóticas y no determinantes.

En definitiva: el MPN se enfrentará no solo al germen Quiroga en los próximos cuatro años, sino, tal vez fundamentalmente, a los fantasmas de su propia larga vida, que comienzan a mostrar signos de una abrumadora necesidad de cambio.

Rubén Boggi

Entre los hitos de Farizano, se inauguró el sábado uno (en realidad, dos aludiendo a la misma fecha) que recordó lo que el grupo de intelectuales que pretende construir la historia mítica neuquina subrayó como “la mayor movilización popular” de los tiempos modernos capitalinos. Fue en Semana Santa de 1987, cuando la rebelión militar carapintada ensayó un golpe de Estado contra Raúl Alfonsín. Gobernaba por aquí Felipe Sapag, pronto a entregarle el mando a quien sería su sucesor, Pedro Salvatori. El ingeniero ganaría ampliamente las elecciones, sumando a todos los municipios importantes, y el MPN se encaminaría a revalidar su hegemonía.

En esa Neuquén, todavía no existía la coparticipación municipal, sistema de reparto automático. Tampoco existía la autarquía del Poder Judicial. La Legislatura se integraba por mayoría simple: el que ganaba se quedaba con la mayoría de las bancas, y las minorías nunca podían acceder a una. Apenas se iniciaba el Parque Central, transferido al Municipio. No había multitrocha en la ruta 22, ni en la ruta 7, y había un solo puente entre Cipolletti y Neuquén, y para ir por otro lado a Río Negro había que acudir al dique Ballester. Villa La Angostura no tenía gas, y el camino de los 7 lagos se estaba pavimentando…como ahora.

Aquel pasado, idílico para el recuerdo nostálgico, parece ahora impensable para nuestra realidad presente. Esta misma realidad, que pese a todo lo que se ha hecho desde aquella época, exige mucho más, y plantea reclamos, protestas y advertencias apocalípticas con la facilidad que suele dar la falta de contexto con la que muchas veces se contribuye a simplificar el mundo.

¿Qué pasó en Neuquén, entre 1987 y este 2011 que ya termina, para producir tan gigantesca transformación en tan poco tiempo?

Además de los motivos políticos, enraizados en gran medida en la poderosa interna del MPN que provocó ansias modernizadoras, con la puja entre el sobischismo y el sapagismo como dialéctica constante, lo que pasó fue que se privatizó YPF, se abrió el mercado productor, consumidor y exportador de hidrocarburos como nunca había pasado en Argentina, y Neuquén atravesó un período de ingresos extraordinarios a partir de una intensidad fenomenal en la explotación de su recurso no renovable principal.

La primera consecuencia fue el crecimiento. La segunda, la caída de las reservas a niveles preocupantes. Hoy se asiste a este preciso momento: la declinación de los yacimientos es a un promedio de caída productiva de 7 por ciento anual. Porque no hubo (por diversos motivos) una explotación económicamente razonable, sino una vez más una virtual expoliación de recursos hasta agotarlos.

Sin embargo, la perspectiva de Neuquén, y del MPN en particular, sigue anclada a los recursos del subsuelo, y en particular, al gas y el petróleo. Ahora, con los yacimientos no convencionales, posibles de ser explotados comercialmente a partir de innovaciones tecnológicas desarrolladas desde los Estados Unidos.

Jorge Sapag ha tomado el tema como una especie de base para refundar la Neuquén próspera, pujante y progresista que inauguraron su tío y su padre en 1963. Hace meses que está concentrado en esta utopía más o menos probable. El tamaño de su apuesta es formidable: una especie de todo o nada, que ha jugado con notable empeño en su fidelidad con Néstor Kirchner primero, y con Cristina después. Ahora, siente que a la luz del ajuste de cuentas y sinceramiento de variables a las que se ve obligado el gobierno nacional, su utopía de provincia renacida desde las entrañas de la tierra está cada vez más cerca de ser realidad, con precios de mercado que propicien de una vez por todas las inversiones y la producción, que será más intensa que la de la etapa anterior, más tecnológica, y quizá tanto o más fructífera.

A tal punto está Sapag jugado en la coyuntura, que ha relativizado todo lo demás. Una anécdota describe este estado de ánimo: no dudó en hacer un viaje a Roca, al corazón conductor del diario Río Negro, cuando este medio salió a cuestionar la credibilidad de los grandes anuncios lanzados al mercado por la empresa YPF, respecto de sus campos petroleros en Loma de la Lata norte, en la ya emblemática formación Vaca Muerta.

En este contexto deberán entenderse cada uno de los pasos políticos que dará el gobierno neuquino a partir del 10 de diciembre. De la conformación del nuevo equipo, tal vez lo más gravitante será la incorporación como ministro de Hacienda (o economía, o como se lo llame) de Omar Gutiérrez, un silencioso y eficaz técnico que ha cultivado desde hace años el bajo perfil en un lugar tan observado como el Banco Provincia. Pero habrá que observar detenidamente las subsecretarías y direcciones, y sobre todo, atender a los equipos de negociación permanente con los sindicatos, para entender cómo se moverá la estrategia.

¿Y cuál será esa estrategia?

Definitivamente, todo indica que será conservacionista. Traducido a lo político, implica que Sapag buscará primero mantener lo que hay. Se agregará lo necesario a medida que se vaya haciendo realidad la nueva utopía petrolera.

Después de todo, el MPN sabe que ya desde hace rato no maneja en soledad la provincia, y que ese poder es necesariamente compartido.

Y aún así, está el riesgo siempre vigente de ser desplazado.

Rubén Boggi

Cuando solo hay que esperar una veintena de días para que asuma el nuevo gobierno Jorge Sapag, la duda principal continúa siendo si esa asunción implicará solo un acto protocolar dentro de la continuidad de la gestión, o el principio de una etapa sustancialmente diferente de la que está por terminar.

Sapag se aproxima al 10 de diciembre muy concentrado en el asunto petrolero. Cabal representante de un partido político, el MPN, nacido de las entrañas mismas de la producción energética, da la sensación de estar seguro de que Neuquén tiene una nueva oportunidad histórica con la eventual renovación de su capital en hidrocarburos. Y que esa oportunidad la podrá negociar con el gobierno nacional que encabeza Cristina Fernández.

“Ahora es el momento”, se murmura, entre suspiros de satisfacción y expectativa. El gradual sinceramiento económico que ha puesto en marcha Cristina, amparada por el 54 por ciento de los votos de octubre, puede derivar, afirman, en precios más “reales” para el gas y el petróleo de la cuenca neuquina.

Como se sabe, o por lo menos se ha anunciado, Neuquén confía en desarrollar yacimientos no convencionales. No hay aquí todavía reservas, sino apenas recursos estimados. Pero se insiste en que esos recursos son enormes, a tal punto que los funcionarios del área energética del gobierno provincial no se ponen colorados al afirmar que la provincia es la segunda potencia en el rubro, después de los Estados Unidos.

Así, en un contexto de crecientes conflictos sindicales estatales, Sapag no desvía el rumbo. Ni siquiera parece alterarse. A decir verdad, no se le ha movido un pelo tras los exabruptos callejeros del sindicalismo. Tanta calma e incluso indiferencia, inducen a especular con los grados de certeza del propio gobernador, que esta semana –aseguró el viernes- se verá de nuevo con la Presidenta, para avanzar concretamente en el tema de los precios para el gas y el petróleo de los nuevos pozos no convencionales.

Es una coyuntura realmente atractiva para la especulación política. El gobierno nacional está celebrando los funerales de su modelo aparentando una inocente fiesta de cumpleaños. La eliminación de los subsidios estatales es una medida que ningún economista racional discutirá; pero también es la prueba de que tras el despilfarro ahora llega el ajuste. Y el área energética es parte de esa realidad engañosa, con una sola conclusión posible: se beneficiará la producción y la industrialización de hidrocarburos, y al mismo tiempo millones de argentinos sentirán el impacto de tener que pagar precios más altos.

Cristina decidió cambiar drásticamente el rumbo mediante la alquimia política que solo puede aplicarse cuando la mayoría ha respaldado. Sapag tal vez esté haciendo más o menos lo mismo, con su propio estilo.

El caso neuquino es distinto al nacional. Aquí, la gestión 2007-2011 se caracterizó por la “paz social” firmada con la corporación sindical y garantizada por los contratos de renovación de plazos con las empresas petroleras. El Estado neuquino aumentó 100 por ciento su masa salarial, y el presupuesto para el primer año de la nueva gestión ya supera los 10.000 millones de pesos. Todo esto en un contexto de 26 % de inflación anual, con una caída de 7 % anual en la producción de hidrocarburos.

La “paz social” estatal cruje, pero es un crujido conocido, repetido. Es posible que la gestión Sapag le haya perdido ya el miedo a ese sonsonete machacante.

Este puede ser uno de los cambios a partir del 10 de diciembre. Tal vez sea un cambio inevitable, impulsado por una realidad evidente: la provincia necesita producir intensamente hidrocarburos, mediante una enorme apuesta a la renovación tecnológica, y en un contexto de fuerte aliento a la perforación no convencional. En el medio, necesita crear las condiciones para aguantar cuatro ó cinco años de ingresos discretos en regalías, porque ese es el tiempo aproximado que demorará poner a producir seriamente el shale y el tight gas, y el shale oil.

Sapag se apoyará en esta coyuntura en el sindicalismo privado, con base en el sindicato petrolero que conduce Guillermo Pereyra. Podrá mantener más o menos controlado al sindicalismo estatal en la medida que maneje el mecanismo de paritarias y de convención colectiva con fuerte iniciativa política; concertando estas jugadas con el otro gobierno fuerte, el capitalino de Horacio Quiroga, que podrá ser su aliado al menos en el primer año de nueva gestión.

La base del nuevo pacto social en Neuquén está marcada por siglas de tres letras. Primero, el MPN, tratando de canalizar sus potencias internas con representación en el nuevo gobierno; después, el NCN de Quiroga, espacio político esencial para equilibrar con acuerdos la escena del 2012; luego, la CGT, aportando un cauce sindical para las necesidades políticas de la coyuntura.

Las otras siglas (ATE-CTA-UNE) deberán revisar sus estrategias y atenuar sus diferencias internas, si es que aspiran a acercarse al sempiterno objetivo, aun no conseguido, de formar parte permanente de las decisiones sobre el generoso presupuesto de la amplia renta estatal neuquina.

Rubén Boggi

Según se está perfilando el nuevo escenario, es posible que se reactualice, con las diferencias del caso, un nuevo “pacto de la Confluencia” en Neuquén.

Los suscriptores del eventual convenio, que podrá ser o no escrito y formal, serán al menos en la primera etapa de sus nuevas gestiones el gobernador de la provincia, Jorge Sapag, y el intendente de la ciudad capital, Horacio Quiroga.

Ambos se necesitan, porque la etapa inicial de la segunda gestión de Sapag y la tercera de Quiroga no será fácil, como no lo será prácticamente nada en Neuquén con un contexto de país que de a poco irá desinflando la burbuja de bienestar que se desplegó con ilusión de verdad mezclando un poco de suerte, de contingencias favorables, y de aciertos coyunturales, con la tradicional inmadurez casi suicida de una Argentina que persiste en no aplicar políticas de Estado sustentables, que duren más de una o dos gestiones de gobierno.

Sapag necesita tender un puente entre la caída gradual e indetenible de la producción de gas y petróleo de yacimientos convencionales, con el surgir todavía no garantizado de los no convencionales. Acaba de presentar un presupuesto de 10.000 millones de pesos, que podrá sostener en función de la actualización de precios de la energía, siempre y cuando mantenga en límites razonables el preocupante gasto estatal. Debe, al mismo tiempo, seguir enfrentando una crisis de magnitudes aun no establecidas por las consecuencias sobre la industria turística de la larga erupción del volcán Puyehue.

Las demandas sociales se mantendrán y acrecentarán, como es lógico. No solo las de los gremios estatales, que repiten su presión constante. Los municipios se tornarán cada vez más reclamantes de actualizaciones en el reparto, ahora que ya no hay fondos “extraordinarios” para coparticipar.

El rol político del nuevo intendente capitalino en estas circunstancias será clave. Permitirá sostener la gobernabilidad, no solo por sí y su gobierno, sino por la influencia en otros distritos, y el peso que puede tener directa e indirectamente en la Legislatura.

Al mismo tiempo, Quiroga necesitará tener bien aceitadas las relaciones institucionales, habilitadas las posibilidades de financiamiento, y establecidas las conexiones armónicas de la política en unos cuantos temas que fusionan todavía a la ciudad con el Estado provincial. Particularmente en el tema agua y saneamiento, tal vez el que mayor déficit registra aunque se haya asegurado la provisión con el acueducto del Mari Menuco.

Jugarán posiblemente en la nueva instancia del eventual nuevo pacto un rol más importante los gabinetes. Sapag planea un Gabinete más ajustado, más protagónico, y más eficiente. Cada vez son más insistentes las versiones sobre el cambio en Hacienda: Esther Ruiz, que es funcionaria y a la vez empleada de planta permanente del Estado, seguirá administrando pero no ya como responsable del área. ¿Irá allí Omar Gutiérrez, el actual presidente del Banco Provincia? Se le menciona no desde ahora para esa posibilidad, sino desde hace más de dos años. ¿Dejará su puesto Zulma Reina, y desaparecerá el ministerio coordinador? Puede ser. Lo que se prepara, dicen, es un equipo “recargado” de emepenismo. Después de todo, el MPN dependerá de cómo le vaya a la gestión que comenzará el 10 de diciembre para diseñar sus opciones de renovación en el 2015.

El Gabinete de Quiroga será también más protagónico que los conocidos en sus experiencias anteriores. Tiene cuadros políticos muy activos y de experiencia, como Marcelo Bermúdez, que se ha distinguido por aportar fuertes dosis de sentido común a la política neuquina; o Marcelo Inaudi, de indudable habilidad política y filosa retórica al servicio de resultados concretos, lo que es más o menos equiparable a la habilidad de los futbolistas cuando sirve para avanzar y hacer goles, no solo para deslumbrar a la tribuna.

El marco regulatorio para el servicio de agua y saneamiento, con un ente de control que permita ejercer a la ciudad capital el rol de poder concedente del servicio, es uno de los temas importantes que podrán rápidamente sintonizar ambos equipos políticos. Otro tema urgente es el de la conexión del tercer puente y la derivación del tránsito pesado por la nueva autovía, cuestión clave para el colapsado tránsito capitalino: su ejecución y proceso posterior de aplicación reúne a los tres niveles: el nacional, el provincial y el municipal.

En este contexto de posibilidades, el nuevo pacto de la Confluencia puede surgir casi naturalmente, con vigencia de por lo menos un año. Después, ya comenzarán a jugar otros intereses. Y es posible que el país demande otros esfuerzos.

Rubén Boggi

Tres frentes de combate político, enfrenta la nueva gestión de Jorge Sapag, aun antes de ser comenzada. Son tres frentes históricos, que se actualizan en esta coyuntura de transición entre gobiernos que dejan de ser y otros que están en trabajo de parto.

Educación, Salud Pública y Municipios (coparticipación) constituyen estos frentes arbitrariamente seleccionados de un conjunto de factores imperfectos. No son temas nuevos, aunque siempre tienen condimentos novedosos. Conjugan situaciones que impulsan la propia realidad social –anárquica, desprolija, sin cauce-, los sindicatos estatales, y los referentes principales de una nueva liga opositora que se irá formando entre intendentes nuevos y legisladores debutantes.

El gobierno de Sapag aparece por ahora carente de tono muscular. Está relajado en sus acciones, lo que no significa que lo esté en sus intenciones o en su voluntad. Lo cierto es que, mientras se obsesionan sus funcionarios por saber quién se queda, quién se va, y quién cambia de oficinas, es poco lo que efectivamente se trabaja en política. Y Sapag ha estado ocupado en cuestiones diversas, con pocas apariciones públicas, lo que ha aumentado esa sensación de que hay unas engañosas vacaciones mientras se prepara todo para la asunción del nuevo período, el 10 de diciembre.

Objetivamente, también es cierto que ha golpeado en el gobierno y en el MPN el resonante triunfo de Horacio Quiroga. El electo para un tercer período en el principal Municipio de la Patagonia acaparó la escena, y la atención de casi todos. Las especulaciones sobre lo que hará, si será más de derecha o más de izquierda, si avanzará rápido o lento con su nuevo partido, y de cómo hará para conjugar sus relaciones con los gobiernos de Sapag y de Cristina Fernández, han predominado sobre otros análisis.

Esa ocupación del foco principal, no implica que la realidad se transforme en un embudo que termina en el nuevo intendente. Quiroga es más importante ahora que antes; es posible que la realidad política neuquina se modifique sustancialmente a partir de su retorno. Pero el proceso político social de los tres frentes de tormenta es el contexto ineludible.

En la salud pública se refleja el fracaso político, no solo de este gobierno, sino de otros. Es un fracaso lento, gradual, persistente, demoledor en su continuidad preocupante. Es, también, paradójico: en Neuquén no se trata de la ausencia del Estado en el tema salud, sino de su presencia mal resuelta, su derivación en una excesiva burocracia, un grave corporativismo, y un culposo negocio de prestadores privados que viven también de los resquicios que deja el fracaso estatal.

El histórico referente sindical Baltasar Álvarez, del hospital Castro Rendón, que es una especie de síntesis de todo lo bueno y todo lo malo del sistema, dijo hace unas pocas horas que en esa institución hay 1.200 pacientes que deben ser intervenidos quirúrgicamente, que están en una situación de espera indefinida. En esas 1.200 personas debe haber de todo: desde pacientes graves hasta leves. Es decir: están los que podrán esperar, y también, los que es posible que mueran en la espera. En la frase del sindicalista, pronunciada con la ligereza que da la costumbre, se revela la enorme dimensión de un drama social que debería ser imposible en una Neuquén civilizada.

Hace también unas pocas horas, se reveló a través de una publicación del diario Río Negro una desesperada misiva enviada por la titular del CUCAI Neuquén, la médica Andrea Faynblock, a la vicegobernadora Ana Pechen. Lo que reveló esa carta, y después las declaraciones a distintos medios de prensa de Faynblock, es el derrumbe inaudito de lo que se había construido con esfuerzo y paciencia durante años, en referencia al trasplante de órganos en la provincia, con un centro de córneas, con cirugías inéditas en ese campo. Y que ese derrumbe, parece ser, tiene más causas políticas (olvido, desidia, desorganización, demora en tomar decisiones, todas a nivel ministerial, es decir, político) que presupuestarias.

Sapag envió durante la semana un proyecto de ley de remuneraciones a la Legislatura, para el área Salud, que intentará solucionar los desequilibrios y carencias salariales que han provocado una sangría de profesionales del sistema. Los dos sindicatos más importantes, ATE y UPCN, anticiparon su rechazo. En la Legislatura se evaluará y se negociará, también con los sindicatos. Sin embargo, es posible suponer que esto no arreglará el problema de fondo, que es incluso difícil de aislar para identificarlo con un diagnóstico certero.

Lo que se barrunta al respecto es que hace falta una sustancial mejora en la conducción política del tema. Más firmeza. Más resolución. Más atención. Más “meterse de lleno” en el tema, estar sobre él, cabalgarlo como se hace con un potro cerril. Pero, claro, esto es solo una sensación.

En Educación pasa más o menos lo mismo, con todas las diferencias del caso. Un sindicato partido al medio no puede ser esgrimido como un logro político por el gobierno. Obviamente, no es la “paz social” con el sindicato el objetivo que debería destacarse, aun con ser, esto mismo, un presunto logro. En Educación se necesitan resultados mejores a los conseguidos en los últimos años. Porque también representa esta área del Estado un deterioro lento, gradual, tal vez hasta absurdo si se tiene en cuenta cómo se llenan las bocas de palabras sobre el futuro los políticos, estos, aquellos y los de antes también.

El sindicato pide la renuncia de Ernesto Seguel, o lo que es lo mismo, su interrupción al mando de la cartera, para que haya otro en el nuevo Gabinete. Es difícil presumir que las cosas se resuelvan con un cambio de persona, aunque con la persona –también es cierto- podría cambiar todo un equipo. Lo cierto es que este tema ocupará su lugar importante en la agenda, un lugar que no ha dejado de tener, siempre con el fatalismo neuquino de que los temas importantes son los que precisamente no se resuelven.

Con los municipios la cuestión es estrictamente política, y más indirecta en cuanto a su incidencia sobre los ciudadanos. Pero también es muy importante, porque hace directamente al futuro del MPN como gobierno de esta provincia. El tema esconde una cuestión esencial: la del desarrollo parejo de la provincia. La de una mayor armonía entre regiones, en la relación potencial económico-calidad de vida. Ya se formó, como a fines de los ’80, una liga de intendentes en la zona sur y centro. El MPN conformará su propio club. En este contexto, sí será importante lo que haga o deje de hacer Horacio Quiroga.

Rubén Boggi

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Los resultados del domingo inciden fuertemente en el escenario provincial. Ganó el que había perdido, y perdió el que había ganado. Breve comentario de cómo la política regional cambia aceleradamente, con un vértigo inusual y sorprendente.