El alboroto sindical estatal permanente tiene razones políticas
La coyuntura política es uno de los factores que explica la calidad y cantidad de movilizaciones callejeras del gremio ATE, en un contexto de reivindicaciones de relativa importancia, que en todo caso no justifica acciones de la envergadura que tienen las realizadas. Este martes, por ejemplo, se provocó un serio colapso de tránsito en la zona céntrica, cuando al mismo tiempo se está negociando activamente con el gobierno neuquino.
Lo que ocurre fuera de la escena visible, es que comienza a haber, en el MPN gobernante, un serio cuestionamiento hacia su propia política respecto de los sindicatos estatales. No solo se cuestionan los métodos, básicamente afirmados en una billetera muy flexible, propicia a ser abierta frecuentemente para satisfacer demandas –públicas o no tanto- sino la esencia misma de la argumentación doctrinaria, vigente, con algunas diferencias, durante medio siglo en Neuquén.
Lo que está en el primer plano de la soterrada polémica es la ambición co-gobernante del sindicalismo estatal. Un dirigente emepenista lo sintetizó de esta manera, en estos días autocríticos: “no somos, ni debemos llegar a ser, como la Universidad, que tiene el co-gobierno institucionalizado. Esto es una provincia, no un coto académico cerrado. Estamos dejando a la mayoría afuera”, dijo, bajo promesa estricta de confidencialidad.
Paralelo a este autoexamen del MPN, que no se sabe cómo terminará o si servirá para cambiar algo, en el sindicalismo estatal, donde siempre se actúa como espejo de las estrategias gubernamentales emepenistas, se ha definido llevar la presión para aumentar la participación en las decisiones políticas a un nivel superior. Esto además coincide con la “derechización” incipiente en el partido provincial gobernante, sobre todo en lo que podría ser un “ok” moderado a las reformas laborales que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
El temor es que esa “flexibilización” laboral en ciernes no se quede en la órbita privada, sino que llegue al Estado, acotando o poniendo fin a un estatus quo muy conveniente para el gremialismo estatal, afirmado en la estabilidad asegurada; es decir, en la garantía de que ningún empleado público puede ser despedido, salvo que haya un apocalipsis administrativo o directamente una conducta delictiva probada ante la Justicia.
