Mapuches niegan todo; justicia y policía, ratifican
En la Argentina de hoy un hecho puede ser y no ser al mismo tiempo. Es lo que parece demostrar, en cuanto a firmeza en los relatos, el resonante desalojo de una comunidad mapuche de tierras del paraje Tratayén, entre San Patricio del Chañar y Añelo: para la Justicia se demostró flagrante delito; mientras que para la Confederación Mapuche, todo se trató de un invento descabellado, preparado para alimentar una virtual caza de brujas con la “nueva política” macrista.
Lo que para el fiscal jefe, José Gerez, fue un secuestro concreto de armas, bombas caseras y drogas, de un puesto en donde estaban algunos de los usurpadores de tierras privadas; para el coordinador de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, se trató de una actitud descabellada, de una feroz represión, y de una nueva muestra del gobierno neuquino –al que acusó- de no cumplir con aquel relevamiento de tierras ancestrales nunca completado en la provincia.
¿Es posible que haya relatos tan contrapuestos sobre una acción concreta?
El superintendente de Seguridad de la policía neuquina, José Miguel Cuadrado, quien comandó el operativo que terminó con la detención de tres hombres jóvenes, mayores de edad, y el secuestro de armas, bombas molotov, drogas, combustibles, no tiene esas dudas existenciales.
El hombre aseguró, en un reportaje realizado por el programa Sin Pelos este mismo martes, que después de un operativo de monitoreo de la situación durante varios meses, se decidió usar el elemento sorpresa y comenzar con el desalojo a las 7 de la mañana. Poco más de un centenar de efectivos se desplegó en tres puestos distintos. En dos, no había nadie ni nada comprometedor. En el tercero, estaban las tres personas que fueron detenidas, y los elementos que se secuestraron y que originarían la acusación que se formalizaría este mismo miércoles.
El operativo policial, aseguró Cuadrado, estuvo acompañado por testigos civiles, y fue grabado en su totalidad por las cámaras de la fuerza. Todo, testimonios, grabaciones y demás, fue entregado ya al Ministerio Público Fiscal. Las tierras en cuestión, fueron puestas a disposición de sus dueños, es decir, quienes tienen los títulos de propiedad que exige la ley como prueba.
