Vaca Muerta, mapuches, y el cambio político que ya se nota
Mientras avanza la explotación no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta, y lo que fue una burbuja comienza a mutar en realidad concreta, se desarrolla de manera paralela en Neuquén una tendencia política que –más allá de identificaciones partidarias- va consolidando en la conciencia y en los hechos un alejamiento de las permanentes tentaciones demagógicas, y entrando en el terreno de una mayor rigurosidad pragmática.
El fenómeno tiene muchas aristas demostrables, y puede traducirse desde el enfoque ideológico como un corrimiento hacia la derecha del clásico espectro, aunque sin dejar la moderación centrista que ha prevalecido en el país desde el renacimiento democrático de 1983. ¿Qué tiene que ver con Vaca Muerta? Casi todo: la conciencia del impacto económico que puede permitir consolidar un desarrollo con progreso, sustentable, es más importante de lo que la liviandad en los análisis cotidianos puede llegar a aceptar. Tan importante que ha dejado para opositores alejados de la posibilidad de llegar al poder el discurso ampuloso y clásico, el populismo más berreta y nacionalista, y ha motivado a quienes están en la centralidad de las decisiones, para obligarse a ser tajantes en frenar cuestiones que suelen sacrificar nociones republicanas, para habilitar fantasmales soluciones de coyuntura.
La visión de este cambio sustancial en la época, se observa con crudeza en cuestiones sensibles como el tema mapuche, potenciado después de la detención de Jones Huala y la desaparición, al poco tiempo, de Santiago Maldonado. En Neuquén, el tema fue analizado en relación a la posibilidad de radicalización de los movimientos que incentivan la posesión de tierras, tanto en lugares de fuerte expansión turística, como en la vasta región petrolera de Vaca Muerta. De hecho, fue evaluado con el gobierno nacional, en una reunión de la que se informó poco, entre los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, con los ministros Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich. Allí y después de ese encuentro se evaluó si el mítico Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) podría o no tener actividad cierta en estas dos provincias. Y si eso podía relacionarse con acciones que hicieran peligrar el desarrollo de los yacimientos no convencionales, que son –por cierto- el único costado de la economía argentina que ha recibido fuertes inversiones de capitales multinacionales.
El tema está en la agenda no pública de todos los gobiernos patagónicos y en el gabinete de Mauricio Macri. La consigna, compartida, es bloquear lo que se juzga ya como excesos demagógicos, y soslayadas consideradas ahora inadmisibles a cuestiones jurídicas fundamentales. Por eso, hay mucha expectativa, como ya comentáramos en editoriales anteriores, respecto del vencimiento en noviembre de la Ley 26.160. Esa ley es la que impidió ejecutar una orden de desalojo impartida por la Justicia en el istmo del Mari Menuco. Esa orden judicial no cumplida para no incumplir con la 26.160, está suspendida, no desestimada. Esto quiere decir, simplemente, que la comunidad Kaxipayñ, que es la que reclama la posesión de esas tierras, y que logró impedir el acceso a centenares de inversores, que se mudaron a El Chocón, tiene ese desalojo en el debe, no en el haber.
El gobierno neuquino confía en poder probar que no hay pruebas de posesión ancestral en esas tierras. No hay documentación al respecto, ni permanencias recientes. De hecho, para resolver la cuestión histórica más inmediata habría que retroceder hasta la construcción de El Chocón-Cerros Colorados, obra que al terminarse desvió el cauce del río Neuquén y formó los lagos Los Barreales y Mari Menuco, separados precisamente por ese istmo. Nadie reclamó nada entonces. Es más: los Kaxipayñ, a los fines legales, no existían entonces como comunidad.
La nueva ola política que se gesta en paralelo al desarrollo de Vaca Muerta, parece decidida a dar esta pelea enfrentando la historia, la ley, la razón, contra deseos ideológicos y argumentaciones románticas. En definitiva, prescindiendo de la habitual demagogia argentina, lo concreto es que la cuestión mapuche comenzó a resolverse en Neuquén, en lo que a tierras se refiere, a partir de 1964, durante el gobierno de Felipe Sapag, cuando se reconoció a una veintena de comunidades. Hoy hay 54 reconocidas con personería jurídica, 13 de ellas nacional, y el resto provinciales. Entre todas, son dueñas de unas 500 mil hectáreas, con las escrituras pertinentes. Es decir: los mapuches, en Neuquén, son los dueños privados (con la singularidad de ser propiedad comunitaria) de estos vastos territorios.
La singularidad, según ha explicado este mismo sábado el actual ministro de Seguridad, Ambiente y Trabajo del gobierno provincial, Jorge Lara, en el programa Sin Pelos (AM 550 y CN 24/7) es que los títulos de propiedad comunitaria, que tienen estas comunidades mapuches, se han entregado con lo que establece la Constitución Nacional, y su reforma de 1994. Estas tierras están exentas de impuestos (los mapuches no pagan Inmobiliario), y no se pueden vender, como así tampoco se pueden embargar.
Que una comunidad mapuche se reconozca como tal, con personería jurídica incluido, no quiere decir que se le cedan automáticamente tierras. La ley establece que el acceso a la propiedad de la tierra se dará solo cuando las pruebas documentales así lo ameriten. En esa filosa cornisa caminan la mayoría de los reclamos actuales, que incluyen a comunidades en formación. Hay que tener en cuenta que también están en consideración otras comunidades originarias que ya han hecho reclamos al respecto para ser reconocidas y eventualmente beneficiadas: tehuelches, en un caso cercano a Rincón de los Sauces, y también pehuenches, que han presentado un reclamo formal muy recientemente.
Así, el tema mapuche es, entre otros muchos, un caso testigo de los nuevos caminos que parece emprender la dirigencia política en cuanto a forma y maneras de encarar el ejercicio democrático. Se aleja la demagogia como fatal recurso de coyuntura. Se acerca la posibilidad de planificar políticas de Estado, que no sucumban fácilmente a las tentaciones del camino más corto, de la felicidad engañosa, del fracaso a la vuelta de la esquina.
Rubén Boggi
