El jueves próximo se firmará, anticipó Jorge Sapag, el nuevo pacto fiscal petrolero. Provincias, gobierno nacional y gremios urgirán a las empresas a invertir. La aspiración neuquina es sumar 2.000 pozos a los 4.000 programados para los cuatro años.
Esta dramática urgencia fue planteada por el gobernador neuquino sobre la base del diagnóstico de una imposibilidad: no podrá soportar, el Estado argentino, una sangría de 50.000 millones de dólares de aquí al 2015, para importar petróleo y gas.
La única opción para que eso no suceda, teniendo en cuenta que en 2011 el Estado nacional gastó 9,3 mil millones de dólares en importar combustibles, es retomar la senda de producción nacional. “Para eso hace falta inversión”, sentenció Sapag este viernes, ya sea “privada o pública”, porque si las empresas no lo hacen, “lo tendrá que hacer el Estado”, dijo.
Sobre este concepto básico parece ser que se ha construido esta opción de presión política, diseñada desde la renacida OFEPHI, con forma de documento o pacto, que contendrá las exigencias de la coyuntura en materia de producción de hidrocarburos en la Argentina. Ese documento será después presentado a las empresas, las que tienen concesiones en vigencia y las que no. Y empezará una negociación que Sapag plantea “debe ser rápida, porque ya no hay tiempo”.
En esa negociación ¿qué sucederá? Fiel a su estilo, Sapag no plantea Apocalipsis ni re-estatizaciones apresuradas. Dice que simplemente se verá “cuál es el escenario que más le conviene” a las empresas, de acuerdo con las exigencias planteadas. En ese escenario, podrá hablarse por ejemplo de precios, dentro de lo definido ya en el plan Gas Plus, que podrá o no tener una nueva versión, ajustada a las necesidades y a la coyuntura de los mercados.
“Mejor si las inversiones las hacen las empresas privadas”, deslizó Sapag este viernes en Casa de Gobierno, ante los periodistas. Pero de no ser así, las “tendrá que hacer el Estado”, con los dineros públicos, a partir de las empresas estatales vigentes, como ENARSA a nivel nacional, o G&P de Neuquén a nivel local.
“No estamos en una posición de debilidad”, dijo el gobernador neuquino, para negociar con las empresas en el contexto de urgencia. Sostuvo que está el marco legal correspondiente, y dejó entrever que habrá firmeza política a partir de la trilogía que se puede armar entre la Nación, las provincias productoras y los gremios que representan a los trabajadores del sector.
El objetivo es añadir 2.000 pozos más en la cuenca patagónica. Sumar, también, destilerías: de hecho confirmó que habrá dos más en Neuquén, una de Petrolera Argentina en Plaza Huincul, la otra de Medanitos, que será instalada entre Centenario y Añelo. ¿Cómo será posible avanzar? Sapag dijo que no vale la pena echar culpas sobre los motivos que llevaron a la actual dependencia energética. Que, por lo tanto, hay que barajar y dar de nuevo entre todos los protagonistas del gran negocio de los hidrocarburos.
Habrá que ver cómo reaccionan las empresas que son circunstanciales dueñas –por concesión- de los yacimientos. Pero sobre todo, qué está dispuesto a hacer el gobierno nacional con las reglas de juego, y el fomento a la inversión concreta en el rubro de lo no convencional, que requiere, entre otras cosas, un fuerte aporte tecnológico que hoy el país no tiene.
Rubén Boggi
